La figura del decreto ley es una norma extraordinaria, una especie de anomalía, porque quien tiene que legislar es el Parlamento y no el Gobierno
Pedro Sánchez acumula 89 decretos desde que llegó a La Moncloa y es el presidente del Gobierno que más ha recurrido a este procedimiento excepcional
El real decreto ley se diferencia de la ley en que, mientras el primero emana del Gobierno, las leyes están promulgadas por el Parlamento. El artículo 86 de la Constitución Española establece que los decretos leyes son herramientas legales que el Gobierno puede emplear únicamente en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Asimismo, estas disposiciones no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Una vez aprobado el decreto ley por el Gobierno, este debe someterse a votación por parte del Congreso en el plazo de 30 días después de su promulgación. Es en esta fase del procedimiento cuando los grupos parlamentarios votan, bien para convalidar el decreto, bien para derogarlo, bastando la mayoría simple para su validación definitiva.
En caso de ser convalidado se presentan dos posibilidades. Tal y como indica el artículo 151.4 del Reglamento del Congreso, el presidente preguntará si algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si esta se pronunciase a favor, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y los grupos parlamentarios podrán presentar las enmiendas que consideren oportunas. Si por contra, la Cámara no respalda la propuesta, el decreto ley saldría adelante íntegro, sin la posibilidad de aplicar ningún tipo de modificación.
El Gobierno de Pedro Sánchez es una máquina de aprobar reales decretos leyes, un recurso legislativo excepcional previsto por la Constitución que permite al Ejecutivo sacar adelante cualquier norma sorteando la labor del Congreso de los Diputados en caso de «urgente necesidad». Desde que Sánchez está en La Moncloa, el Gobierno ha aprobado 89 decretos.
Durante lo peor de la pandemia, su uso frecuente estaba justificado, pero el hábito se ha mantenido después y, para colmo, resulta que algunos de esos decretos se encuentran en una especie de limbo legislativo: están en vigor, pero su tramitación parlamentaria como proyectos de ley no avanza por el bloqueo de PSOE y Podemos, que controlan la Mesa del Congreso.
Según los datos recogidos en el informe de ‘Producción normativa’ elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Sánchez es el presidente del Gobierno que más ha empleado este instrumento legislativo. Además, en los últimos años se ha producido un deterioro de la calidad técnica de los decretos: han sido múltiples las ocasiones en las que los textos aprobados inicialmente han tenido que sufrir modificaciones y precisiones para aclarar el tenor de su articulado, lo que ha provocado gran incertidumbre jurídica.
El modus operandi suele ser el siguiente:
- el gobierno aprueba un decreto con el argumento de que es urgente por culpa de la covid, la guerra de Ucrania o cualquier otro motivo.
- se somete a votación en el Congreso en el plazo de 30 días, tal y como establece la Constitución.
- En numerosas ocasiones, los grupos parlamentarios de la oposición, especialmente los minoritarios acaban apoyando los decretos tras recibir garantías por parte del Gobierno de que serán tramitados como proyectos de ley y se podrán enmendar sus contenidos.
- la Mesa del Congreso es el órgano que establece los tiempos para el inicio de la tramitación de las iniciativas legislativas, sin límite de plazo para ello, lo que les permite modificar los plazos de forma unilateral y así una parte de esos proyectos acaba en un cajón sin que arranque su tramitación parlamentaria como proyectos de ley y mientras tanto sigue en vigor el decreto de turno.
En el caso de los 89 decretos leyes aprobados en la era Sánchez, solo 47 se están tramitando como proyectos de ley, y de ellos 20 están en ese limbo legislativo. Esta práctica está generando suspicacias en la oposición, que en más de una ocasión ha tildado de abusiva la utilización de este recurso.
Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha sido muy benevolente a la hora de interpretar lo que puede considerarse como extraordinaria y urgente necesidad, lo que ha provocado que se haya creado un cajón de sastre donde el Gobierno de turno ha hecho lo que ha querido de forma que los decretos leyes se están convirtiendo, soterradamente, en leyes ómnibus, regulando materias de toda índole ajena al objetivo originalmente declarado del decreto.
Si una vez finalizada la legislatura, un proyecto o proposición de ley no ha sido aprobado definitivamente, la ley «decae con todas sus enmiendas», algo que sucede con muchísimas iniciativas.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Por otra parte Sánchez, según los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) actualizados esta semana, bate récords de reclamaciones por su opacidad y durante el primer trimestre de 2022 se han realizado 307 denuncias al Gobierno por falta de transparencia. En el 43% de los casos se ha dado la razón al denunciante, récord desde que se tienen datos y a lo largo de este 2021, hubo 1.086 reclamaciones al Gobierno, cifra también récord desde el año 2015, cuando se comenzaron a registrar las denuncias
Además, la relación entre las reclamaciones presentadas y las estimadas (aquellas en las que se da la razón al ciudadano), es también la más alta pues durante el primer trimestre de 2022 (por ahora sólo quedan recogidas en la web las reclamaciones de esos meses), se han realizado en total 307 denuncias por parte de los ciudadanos a cualquiera de los organismos del Gobierno. De todas esas, en 133 casos (el 43 %) ha dado la razón al denunciante y se ha exigido a la Administración que facilite la información solicitada y, en definitiva, Transparencia «ha regañado» al Gobierno por no informar correctamente.
Solo la Administración del Estado (AGE), ha recibido en total, desde el año 2015, 5.655 denuncias por falta de transparencia. Por años, ha sido 1.086 reclamaciones en el 2021, 949 en el 2020, 927 en el 2019, 755 en el 2018, 557 en el 2017, 557 en el 2016 y 517 en el 2015. No son precisos comentarios ante esos datos demoledores.
