El Gobierno busca desincentivar la atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social en pleno hundimiento de los efectivos con que cuenta su plantilla.
Al inicio de febrero, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señalaba que «las personas mayores no están teniendo el servicio que merecen» por parte de las entidades financieras. El Gobierno urgía entonces a la banca a garantizar la inclusión financiera de los mayores y anunció el pasado 5 de abril la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, según refiere el Consejo de Ministros.
Mientras el Ejecutivo critica la falta de atención de la banca a las personas mayores, que sufren la brecha digital, y a los colectivos de la España vaciada, afectados por el cierre de oficinas, el proyecto Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene como objetivo diversas actuaciones, entre las que destacan la «minimización de la atención personal» o la «autogestión, tratando de favorecer que los ciudadanos en general y los trabajadores en particular puedan resolver sus peticiones de manera sencilla sin necesidad de la intervención del personal de la organización», detalla el departamento liderado por José Luis Escrivá en documentación oficial.
Ahora, tras admitir que no tiene los medios necesarios para llevar a cabo esta tarea, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recurre a las firmas de consultoría para implementar un nuevo modelo de atención integral al ciudadano para servicios clave como las cotizaciones de los afiliados, el pago de pensiones, la prestación de bajas por incapacidad, viudedad, orfandad, el cuidado de menores por maternidad o paternidad o el ingreso mínimo vital.
A lo anterior, la Seguridad Social añade que entre sus objetivos está el «priorizar la prestación de servicios digitales que a su vez garanticen la relación bidireccional con el ciudadano». En este plan, el ministerio sostiene que la automatización de procesos es clave en la transformación digital como palanca de la mejora de la eficiencia de la organización.
Ya a finales de 2020, el propio Escrivá advertía de la «situación difícil» que vivía el organismo por la falta de personal. Posteriormente, en verano de 2021, el departamento alertaba del riesgo de cierre de oficinas por la escasez de efectivos.
Según detallaba entonces, «el personal de la Seguridad Social ha experimentado una fuerte reducción en la última década, disponiendo actualmente de una plantilla de alrededor de 25.000 personas, lo que supone un 20% menos de la que tenía en 2011 (más de 31.000 efectivos)». Por si estos 6.000 efectivos menos fueran pocos, el Ejecutivo hacía hincapié en el problema de envejecimiento: un gran porcentaje de la plantilla se acerca a la edad de jubilación; la edad media de la plantilla en estos momentos es de 55 años. De hecho, un 58% tiene más de 55 años y un 10% de esta plantilla (es decir, unas 2.500 personas) se va a jubilar en los próximos tres años, por lo que si no se toman medidas, la pérdida será todavía mayor. Por el contrario, solamente un 5% de los efectivos son menores de 40 años».
El Gobierno añadía que si nos centramos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde la pérdida de personal ha sido una constante en los últimos años, de las casi 430 oficinas de que dispone, 137 se encuentran en riesgo de cierre (algo más del 32%). Es decir, estos centros cuentan con tres trabajadores o menos. Además, en los últimos meses, 25 oficinas han tenido que ser cerradas.
Esta no es la primera vez que el Ministerio de Seguridad Social recurre a consultoras para sacar adelante diversos proyectos. También recurrió a las mismas para reformar el sistema de subsidios o para la detección de falsos autónomos y empresas ficticias.
