¿EL GOBIERNO BUSCA “DE FORMA DELIBERADA” ACABAR CON MUFACE?

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) lleva tiempo advirtiendo que el fin del modelo Muface y la incorporación de 1,5 millones de funcionarios al sistema público de salud ya estaría decidido por el Gobierno de coalición.

Las privadas no aceptan el concierto planteado por el Gobierno para el sistema sanitario al que se adscribe la inmensa mayoría de funcionarios.

Muface, la mutua que engloba a casi dos millones de funcionarios, se encuentra en el aire tras 60 años de funcionamiento. Las aseguradoras privadas que participan en él, Adeslas, Asisa y DKV, se han levantado de la mesa y no participar en la nueva licitación del servicio debido a que las condiciones económicas ofrecidas por el Gobierno son «totalmente insuficientes».

 

Tras conocerse que las compañías que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface han decidido levantarse de la mesa de negociación para el nuevo concierto por una oferta “insuficiente” del Gobierno (que planteó una subida de la prima del 14% mientras las compañías demandan hasta un 40%), la sanidad privada ha alertado de una operación que busca acabar con el sistema.

 

 

Según la patronal de la sanidad privada, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la oferta remunerativa del Gobierno, inferior a la que se había filtrado y por la que ya habían protestado las aseguradoras, busca “de forma deliberada” que la responsabilidad del fin del modelo “recaiga en el sector sanitario privado”.

 

En el marco de las negociaciones entre Gobierno y compañías aseguradoras para la renovación del modelo Muface, ASPE considera que la oferta de remuneración realizada se sitúa “muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras”, ya que “el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada” y el servicio sería deficitario “ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios”.

 

En opinión de ASPE, el fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública “está firmado en los despachos del Gobierno de coalición”. Cabe recordar al respecto que Sumar ya propuso su eliminación “paulatina” antes de las elecciones del 23J y que acabar con este privilegio para los funcionarios también había sido una exigencia de Podemos.

 

Desde la sanidad privada, se señala, citando un informe de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Alianza de la Sanidad Privada Española, que en 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años. Esto supone un aumento de más de tres años y medio respecto a una década atrás, pues en 2013 era de 54,2. Según este informe “el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria”.

 

Para ASPE, si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima “significativo” que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio, “no existe posibilidad de renovación del acuerdo” y, por tanto, “desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025” y sus beneficiarios pasarían a estar atendidos por la sanidad pública.

 

“La financiación insuficiente ya existente durante los últimos años ha generado una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras han seleccionado de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se han visto obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las tarifas actuales”, señalan.

 

En el comunicado, señalan además declaraciones desde el Gobierno que ven en la línea de una liquidación de Muface. Apuntan que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmó recientemente que el paciente mutualista “no tiene una alta complejidad de cuidados crónicos”. Desde ASPE consideran que con estas declaraciones Padilla avaló la posibilidad de que el sistema público pueda asumir a partir del 1 de enero casi 1,2 millones nuevos de pacientes mutualistas (suponen el 78% de los 1,5 millones de funcionarios).

 

Desde ASPE consideran que la oferta de remuneración busca, de manera deliberada, que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector privado. Las aseguradoras, en estas condiciones, se verían obligadas a rechazar el acuerdo, ya que no podrían garantizar una atención de calidad bajo los términos propuestos. Si el nuevo convenio para el período 2025-2026 no incluye un incremento significativo de la prima que asegure la accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios y que permita una remuneración adecuada a los proveedores, el modelo mutualista podría desaparecer a partir del 1 de enero de 2025.

 

Carlos Rus, presidente de ASPE, subrayó que el incremento de la prima por parte de Muface «debe garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional, asegurando un servicio de calidad y acceso a todas las especialidades». La insuficiencia de la financiación actual ha llevado a una «situación insostenible», afectando la accesibilidad de los mutualistas y aumentando los tiempos de espera. Esto se debe a que las aseguradoras han tenido que restringir sus cuadros médicos o algunos proveedores han optado por no continuar prestando servicios bajo las tarifas actuales. ASPE propone que el aumento de la prima debería solventar estos problemas.

 

Según el informe de la UCM, el modelo Muface actual ahorra al Estado más de 890 millones de euros anuales. Su desaparición implicaría un coste adicional para la sanidad pública de más de 1.000 millones de euros, al tener que absorber a todos los mutualistas. Además, esto provocaría un aumento del 266 % en las listas de espera para consultas externas y del 115 % para intervenciones quirúrgicas.

 

Las claves de la crisis de Muface: 1,5 millones de funcionarios pasarían al sistema público de salud

Para situarnos, el mutualismo administrativo está representado en España principalmente por Muface (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado), pero también por Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial) y se ideó en los años 60 y 70 para unificar el panorama mutualista de los funcionarios, ya que existían unas 65 mutualidades diferentes. Una fórmula que, entre otras cosas, garantiza a adscritos y beneficiarios la asistencia médica a través de tres aseguradoras: Asisa, Adeslas y DKV.

 

En 2008, coincidiendo con la crisis económica, comenzó a hablarse de la quiebra de Muface debido al progresivo envejecimiento de los funcionarios, pero el sistema se ha mantenido hasta nuestros días. A todo esto hay que añadir que este año se está renegociando el concierto de asistencia sanitaria de Muface, momento en el que las aseguradoras se han plantado ante lo que consideran que es una situación insostenible debido a la falta de recursos. Las condiciones económicas del actual concierto de Muface les supone a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año, según explican.

 

La licitación del servicio que presta Muface vence este año, por lo que el Gobierno tiene unos tres meses para sacar a concurso la licitación y que esta esté operativa a partir del año que viene. Actualmente, la Mutualidad da cobertura a 1,5 millones de personas, entre los funcionarios y sus familias beneficiadas.

 

En caso de que no lo consiga, ese millón y medio de personas debería de pasar a formar parte del sistema público de salud, y es que los funcionarios que escogían sanidad privada no podían acudir a los centros de la Seguridad Social. Si esto ocurre, es probable que el sistema público se colapse, ya que en muchos lugares no se podría acoger a tal cantidad de nuevos pacientes y las listas de espera, tanto de atención primaria como quirúrgicas, aumentarían considerablemente.

 

Según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión del modelo supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

 

Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consulta externa y del 115 % para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, todo según este informe, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría incrementar un 3,8 % la capacidad actual a nivel nacional, algo muy complejo para algunas provincias.

 

De igual manera, sería necesario incorporar más profesionales, algo que ya es de por sí difícil en el contexto actual de escasez del que adolece el sistema en su conjunto. En cuanto a las empresas aseguradoras, el trabajo asegura que perderían un 18 % de su facturación, mientras que los prestadores de servicios hospitalarios perderían un 8 % de sus ingresos.

 

Como consecuencia de estas pérdidas, estiman que muchos centros estarían abocados a cerrar. En concreto, creen que un total de 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado de esta migración de pacientes, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

 

Por su parte, el principal sindicato de funcionarios, CSIF, advierte que responderá «con toda contundencia, sin descartar movilizaciones», en el caso de que no se responda a las necesidades de nuestros mutualistas. «No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición», indican desde la organización sindical.

 

Los médicos piden un Muface sin aseguradoras para salvar la mutua de los funcionarios

El actual modelo Muface agoniza y en este punto, los médicos autónomos privados defienden otro modelo Muface para evitar ese trasvase de más de un millón y medio de mutualistas a la sanidad pública. Se trata de uno sin aseguradoras, en el que el Estado pague directamente la atención médica y sanitaria de los mutualistas sin intermediarios. Es lo que ocurre en otros países de Europa, como en Alemania o Francia, donde este modelo está totalmente normalizado y es la Tesorería de la Seguridad Social la que paga directamente a los médicos. Es lo que llaman Muface directo.

 

El presidente de Unión Médica Profesional (Unipromel), que representa a gran parte de los médicos privados que ejercen como autónomos en España indica que «es falso que si las compañías aseguradoras se retiran del concierto, se le dé por muerto. El Estado español podría ampliar el concurso público a los verdaderos prestadores del servicio, que son los médicos y los hospitales, y pagar las facturas de la atención a los mutualistas directamente a estos -que son los que llevan años atendiendo a los mutualistas– estableciendo un baremo sanitario nacional».

 

Las aseguradoras hacen una gestión simplemente económica del concierto, un papel que le corresponde al Estado, concretamente, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que para eso tiene 400 ó 500 funcionarios y delegaciones en las 52 provincias.

 

El Estado debería asumir la gestión de Muface y sacar a concurso el concierto de atención a los mutualistas a todos los operadores: médicos, clínicas, policlínicas, hospitales… Por ley europea tenemos derecho a concurrir a un concierto del Estado, pero se nos dice que no, que esto tiene que ser a través de un intermediario, que es el que pone las normas y el que pone los baremos. Esto ya es una tomadura de pelo. Mienten todas las partes», afirman desde Unipromel

 

Según Unipromel : “El Estado prefiere pagar a las aseguradoras para «quitarse de en medio el problema de la gestión» y «lavarse las manos». «El Estado normalmente gestiona mal y tarde. Es lo que está pasando en la sanidad pública. El problema de la sanidad pública no son los profesionales, el problema de la sanidad pública está en la gestión. Yo creo que ceder la gestión de Muface a las aseguradoras es simplemente una forma de lavarse las manos. Ellos prefieren pagar a las aseguradoras y firmar dos años y olvidarse», y recuerdan que las aseguradoras «son mercantiles y se deben a sus accionistas, con lo cual, gestionan dinero público, pero con criterios de ahorro y recortes en la prestación».

 

El presidente de Unipromel lleva meses librando una intensa batalla para que se lleve a cabo una actualización de los baremos de los facultativos autónomos. Así, por ejemplo, se puede ver como un profesional de DKV cobra 18,97 euros por una primera consulta de oftalmología y 16,63 euros en la segunda; si la consulta es a un especialista de reumatología, este cobrará 20,25 euros por la primera cita y 7,86 euros por la revisión; y en Atención Primaria, unos 10 euros la primera consulta y la mitad por una revisión.

 

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«Somos autónomos y pymes médicas hartos de soportar los abusos de las compañías aseguradoras y sus continuos desplantes y ataques a nuestra dignidad como profesionales de la más alta cualificación y de la más alta responsabilidad. Nos quieren seguir pagando unos baremos ínfimos que deberían ser conocidos por los asegurados para que entiendan que por unos pocos euros no se puede dar una asistencia de calidad», concluyen.