El «gatopardismo» o lo «lampedusiano» es la paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su obra “El gatopardo”. La cita original expresa la siguiente contradicción aparente:
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
Si hubieran invitado al ministro Escrivá a la foto de la Moncloa con motivo del «acuerdo» de pensiones firmado con los interlocutores sociales a costa de hacer saltar por los aires el Pacto de Toledo parlamentario, tal vez, el ministro no hubiera podido desmontar la carga publicitaria de dicho acto al declarar, en una entrevista coincidente con el acto publicitario de la firma del acuerdo, que la verdadera reforma estaba por venir. Aunque luego dijo que no había estado muy afortunado en sus declaraciones alarmistas, muchos de nosotros creemos que la realidad sobre nuestro sistema de pensiones queda reflejada mejor en sus comentarios (los millones de baby boomers tendrán que trabajar más años o ajustar a la baja su pensión) que en el documento pactado que, en realidad, incrementa el déficit futuro del sistema al vincular las pensiones al IPC pero, eso sí, traslada ese mayor déficit sistémico a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, a mayores impuestos o a recorte de otros gastos cuando regrese, a partir de 2023, la disciplina presupuestaria europea.
Todos los expertos, centros de estudios, Banco de España y Autoridad Fiscal, han coincidido en esta apreciación sobre la norma aprobada por el Gobierno esta semana: se trata de una contrarreforma de lo hecho por Mariano Rajoy, pero el verdadero problema de insostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones de reparto, ha quedado prácticamente intacto y desplazado a los Presupuestos Generales en cantidad muy superior a lo que resta por asumir de los llamados «gastos impropios» de la Seguridad Social que, de acuerdo con el Pacto de Toledo firmado en 1995, se venían traspasando ya al Estado.
Los datos del problema son conocidos desde hace tiempo y se pueden resumir así: la Autoridad Fiscal (AIReF) estima que el gasto en pensiones crecerá a un ritmo del 4% anual hasta 2024. En concreto, aumentará un 3,8% en 2021 y algo más del 4% en los próximos dos años. Además, prevé que la población aumentará hasta los 54 millones de habitantes en 2050, un incremento que será consecuencia, en gran parte, del aumento de la esperanza de vida. De hecho, la población en edad de trabajar se mantendrá cerca de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión de la AIReF. En este escenario, el gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,3 puntos respecto a los niveles actuales incrementando el déficit del sistema contributivo hasta casi duplicar los 22.000 millones de euros en que se sitúa ahora. Como dato de contexto sobre la brecha ya existente entre jóvenes y mayores, recordemos que la nueva pensión de jubilación media del sistema general se sitúa ya en 1.190 euros mensuales, cantidad por encima del sueldo medio de los trabajadores jóvenes y no tan alejada del salario medio del conjunto del país. Otro dato, en junio de este 2021, el sistema tuvo que destinar 10.180 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020.
Las posiciones sobre el qué hacer ante esta situación se pueden dividir en dos, no totalmente excluyentes:
A) Quienes piensan, como dijo la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en una entrevista, que el problema no es de gasto, sino de ingresos, confían en mitigarlo con medidas como las siguientes: elevación de algunas bases de cotización, mayor inmigración (serían necesario casi 6 millones de inmigrantes adicionales a lo previsto), crecimiento económico y mejoras en productividad, menor fraude y, sobre todo, alzas impositivas para financiar ese mayor gasto vía transferencias desde los Presupuestos en lugar de los tradicionales préstamos que había que devolver. Sobre atajar el problema vía ingresos, algunos cálculos hablan de que serán necesarias subidas muy importantes de impuestos para absorber el déficit de las pensiones, en una lógica que empujará a la fusión final entre los Presupuestos de la Seguridad Social y los del Estado.
B) Por el otro lado, quienes creen que la esencia de un sistema de reparto es su equilibrio presupuestario (requisito legal en España hasta hace no mucho) señalan, además, que el nuestro hereda dos características perversas que atentan contra la equidad intergeneracional: una baja relación entre tiempo cotizado y años de percepción de la pensión y, sobre todo, una elevada generosidad a la hora de calcular la tasa de retorno entre la primera pensión cobrada y el último salario percibido. De aquí se deduce la necesidad de ajustar también los gastos alargando la edad de jubilación de manera obligatoria, e introduciendo lo que ahora llaman factor de equidad intergeneracional que, en el fondo, significa introducir un recorte en la relación entre pensión y sueldo para aproximarla a la media europea, mucho menos generosa.
Es lo que dijo el ministro Escrivá y brilla por su ausencia en el acuerdo firmado. Y es lo que permite afirmar que lo aprobado esta semana por el Gobierno no mejora la sostenibilidad de las cuentas públicas y aplaza las decisiones más difíciles a la próxima legislatura, como pronto. Algunos teóricos del cambio social miden la seriedad de los cambios estructurales por el nivel de resistencia que presentan aquellos sectores que ven deteriorada su privilegiada posición como consecuencia de la reforma. En ese sentido, la primera gran reforma del sistema de pensiones que tuvo lugar en 1985, incrementó el período mínimo de cotización de diez a quince años y el número de años utilizados para el computo de la base reguladora desde los dos, que daba lugar al fenómeno conocido como «compra de pensiones» con solo dos años cotizando al máximo, hasta ocho, a costa de provocar una huelga general y la ruptura entre la UGT y el PSOE, entonces en el Gobierno. También ha habido acuerdos sobre los principios de la reforma de las pensiones con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de uno de los principales mecanismos de equidad social en España en las últimas décadas.
Las 15 recomendaciones aprobadas por el Congreso en 1995 en lo que se llamó Pacto de Toledo, fueron ratificadas, también, por las centrales sindicales a pesar de que incrementaba todavía más el periodo de cálculo y consolidaba el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. A partir de ahí, las sucesivas reformas, incluyendo la de Rajoy en 2013, con el eco presente del rescate financiero del año anterior y la intervención de los hombres de negro, han buscado equilibrar medidas sobre ingresos, con medidas restrictivas sobre gastos, para asegurar el equilibrio financiero del sistema contributivo de pensiones. Menos la de ahora, lo que podría interpretarse como prueba de la pérdida de impulso reformista de nuestra sociedad.
Es imposible cruzar un precipicio en dos saltos, sin caerse. Hacer la imprescindible reforma de las pensiones en dos partes como ha hecho el Gobierno y ha evidenciado el ministro Escrivá, es muy peligroso porque, además, se pierden bazas negociadoras. Al menos, lo es, para quienes valoramos nuestro sistema público de pensiones y pensamos más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones.
Fuente: El Dia
