Las finanzas públicas españolas atraviesan una situación delicada, con una deuda sobre PIB cercana al 120% y un déficit que podría cerrar el año en niveles cercanos al 7% del PIB. Todo ello, además, en un contexto en el que se empieza a debatir sobre la necesidad del abandono de la flexibilidad de las reglas fiscales introducida transitoriamente con motivo de la pandemia, y sobre la conveniencia de que el Banco Central Europeo comience un incremento de los costes de financiación de nuestro tesoro, que se extendería, también, al conjunto de la economía. Por si esto fuera poco, nos encontramos en una coyuntura económica y geopolítica especialmente compleja, con un elevado grado de incertidumbre y un fuerte repunte de los niveles de inflación, un escenario que puede llevar a que la recuperación económica que está en marcha se vea resentida
España no obtiene una posición favorable en lo que se refiere a eficiencia del gasto público en un contexto internacional. Nuestro país obtiene una puntuación de 74,4 y se sitúa en la posición 29, en la zona media-baja de la tabla. De este modo, nuestro país se sitúa claramente por debajo de la media de la UE (que obtiene una puntuación de 98,6) y también alejado de la media 100 de la OCDE. De hecho, España obtiene una puntuación más baja que la mayor parte de los principales países de la UE. España ha mostrado un deterioro en el Índice IEE de eficiencia del gasto de unos diez puntos, al pasar del valor 84,6, en 2019, a 74,4 en 2021, lo que denota una pérdida relativa de eficiencia en comparación con otros países de la OCDE. Ante este escenario, es evidente que España tiene un amplio margen por delante para tratar de mejorar la eficiencia de su gasto público, lo que redundaría en beneficio no solo de la Administración Pública sino también de toda la sociedad española en general (ver gráfico final)
A continuación, se recoge un decálogo con las principales medidas que pueden servir de base para la reforma del gasto público. La mayoría de estas iniciativas son sinérgicas, en el sentido de que presentan interrelaciones entre ellas y facilitan el cumplimiento de otras medidas. Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que los cambios representan una profunda transformación a nivel cultural y organizacional en la Administración, lo conveniente sería abordar su implantación de manera conjunta, estableciendo mecanismos reales y tangibles para evitar que medidas aisladas bien orientadas acaben diluidas en el entramado burocrático actual.
- La implementación de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas: contribuye a alinear los incentivos y a promover la eficiencia, además de mejorar el grado de confianza del ciudadano en el sector público.
- Gestión profesionalizada e independiente: evitar una gestión pública politizada
- Evaluación constante de las políticas públicas: es una recomendación recurrente de los distintos organismos internacionales y permitiría mejorar el diseño y el funcionamiento de los programas, así como la toma de decisiones en la asignación de recursos.
- Fomentar la colaboración público-privada: la externalización permite aprovechar la mayor especialización, eficiencia y potencial de innovación de las empresas, lo que debería trasladarse a una mayor calidad en los servicios prestados, junto con un ahorro de costes. El sector público español presenta unas ratios de externalización, tanto frente al PIB como frente al total del gasto público, sensiblemente por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE.
- Favorecer la corresponsabilidad fiscal: la descentralización fiscal ha de darse tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, para evitar situaciones de «ilusión fiscal» para el contribuyente y de riesgo moral para el gestor público.
- Mejorar la colaboración y cooperación entre organizaciones públicas y reducir la burocracia: se trata de evitar duplicidades y debe reducirse el exceso de burocracia. Para ello se ha de incidir en la simplificación de trámites, la reducción de las cargas administrativas y facilitar las gestiones de los usuarios.
- Mayor flexibilidad y orientación al mérito en el empleo público: la importancia del empleo público, tanto en términos de coste sobre el total del gasto público como en términos de porcentaje sobre el empleo total, hace necesaria la búsqueda de su eficiencia y el aumento de su productividad.
- Presupuesto basado en el desempeño: supone el establecimiento de incentivos de eficiencia y eficacia para los gestores públicos, ya que los recursos que obtengan dependerán del buen desempeño y no del nivel de fondos empleados. Para ello es clave obtener información sistemática fiable y oportuna, definiendo, explícitamente, los objetivos y resultados, y elaborando indicadores claves de desempeño.
- Tratamiento de los usuarios de los servicios públicos como clientes: se trata de transformar el concepto de Administración orientada a gestionar, tutelar y proteger derechos por el de una Administración centrada en la prestación de servicios y comprometida con la calidad de dichos servicios
10.Digitalización de las Administraciones Públicas: una apuesta decidida por la digitalización permite contribuir al logro del resto de las medidas enumeradas. La digitalización puede facilitar el acceso de las pymes en los concursos y en la contratación pública, así como mejorar los procesos de tramitación urbanística y la concesión de licencias de obras, todo lo cual puede redundar en una mayor dinamización de la actividad económica
