España se ha convertido en el país que tiene más denuncias de particulares en Bruselas, más de un centenar, unas acusaciones que ahora deberá verificar la Fiscalía Europea para investigar los delitos contra los intereses financieros de la UE. La Unión Europea (UE) ha puesto bajo la lupa la utilización por parte de los países miembros de los fondos comunitarios, que han empezado a llegar en aluvión, a modo de transferencias a fondo perdido, con el objeto de paliar los efectos de la crisis generada por la Covid.
Las compras masivas adjudicadas a dedo y con trámite de urgencia durante la pandemia ya son el principal objetivo de las investigaciones, pero las alertas sobre el mal uso de las ayudas seguirán saltando, ya que los países apenas han recibido una mínima parte de los fondos previstos, que para España sumarán 140.000 millones de los que hasta ahora solo han llegado a nuestro país 19.000 millones.
Pero las ayudas europeas son solo una parte de un modelo basado en las subvenciones totalmente asentado en nuestro país a través del cual se trata de impulsar actividades que requieren una alta inversión, que, en principio, no se pueden realizar desde las administraciones o sus organismos adscritos, a través de la entrega de dinero público, no reembolsable, a empresas y asociaciones privadas.
Según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y Función Pública, solo el año pasado se distribuyeron 62.500 millones en subvenciones de organismos públicos a fundaciones políticas, sindicales, sociales, deportivas o culturales, grandes empresas y pymes, asociaciones de todo tipo y organizaciones religiosas y centradas en personas vulnerables o en el desarrollo en diferentes países, un amplio catalogo de beneficiarios que se repite de forma casi idéntica cada año.
Hasta 35.000 entidades, con perfiles muy diversos, recibieron ayudas superiores a 100.000 euros durante el año pasado, una cantidad que obliga a una mayor transparencia y publicidad a quien la recibe. Solo en el segundo semestre de 2021 se hicieron públicas 28.708 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas en toda España, un dato que facilita el Ministerio de Hacienda, que debe dar publicidad por ley a este tipo de ayudas.
El modelo genera preocupación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La ex fiscal Anticorrupción reconocía recientemente “el fraude de subvenciones es el delito que más le preocupa en nuestro país“. Mientras, la OCDE destacaba en su informe ‘La lucha contra el fraude en las subvenciones públicas en España’ que tras la pandemia del coronavirus los gobiernos deben enfrentarse a elevados riesgos de fraude -tanto conocidos como nuevos-, “algunos de ellos a niveles sin precedentes, relacionados con el gasto en socorro y recuperación”. Desde la OCDE se apunta que en España la probabilidad de que se cometa fraude en estas concesiones es de un 4%, un porcentaje aparentemente bajo pero que hubiera afectado el años pasado a 660.000 concesiones o ayudas superiores a 2.500 millones de euros.
A partir del estudio de algo más de un millón de ayudas entregadas en España, concluye 42.152 tenían una posibilidad superior al 50% de ser fraudulentas, pero que solo se sancionaron poco más de mil del total, el 0,1% Dos categorías muestran el mayor riesgo de sanciones: servicios sociales y cooperación internacional para el desarrollo y la cultura, pero no son las áreas más frecuentes entre las concesiones, que lidera la agricultura, que curiosamente presenta el perfil de riesgo más bajo. El informe dibuja también que las sanciones se centran en entidades que acumulan más de 50 concesiones
Mientras, en cuanto a la naturaleza jurídica del beneficiario, las asociaciones, que recibieron 3.500 millones el año pasado, son las que cuentan con más posibilidades de ser multadas por fraude, seguidas por los órganos de la Administración estatal, las comunidades autónomas y los organismos públicos. También deja patente que el importe de la ayuda es una variable importante de riesgo de delito, que aumenta cuando supera los 90.000 euros, pero no llega a los 110.000, unas cantidades que por ley están en los umbrales de la transparencia.
