El FMI asegura que hay que reformar el sistema de pensiones y recortar las prestaciones de viudedad
Hay semanas en que la actualidad portuguesa parece un laboratorio donde se ensayan las políticas que luego recorren toda Europa. Esta ha sido una de ellas. El pasado 24 de junio, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe anual sobre la economía lusa —el llamado Artículo IV— y dedicó una parte sustancial de sus páginas a un asunto que no admite demoras: la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Al mismo tiempo, el Parlamento portugués aprobaba, tras una negociación de último minuto entre el PSD y el PS, la Prestación Social Única (PSU), una reforma que pretende fusionar trece prestaciones sociales no contributivas en un solo instrumento. Las dos noticias convergen en un punto que debería inquietar a cualquier europeo que se acerque a la jubilación: el modelo social que conocemos cruje, y los organismos internacionales empujan hacia ajustes que, aunque se presenten como técnicos, tienen consecuencias muy reales sobre la calidad de vida de millones de personas.
Empecemos por lo que dice el FMI. El informe no se anda con rodeos. Reconoce que Portugal ha hecho bien algunas cosas —el ajuste automático de la edad de jubilación a la esperanza de vida, por ejemplo, o la existencia de un Fondo de Estabilización que amortigua los vaivenes demográficos—, pero considera que no es suficiente. La institución dirigida desde Washington pide «nuevas medidas de ahorro», entre las que incluye una reforma del mecanismo de indexación de las pensiones, una reducción de las tasas de formación de derechos y, de manera muy explícita, un recorte en las pensiones de viudedad. Según el FMI, la suma de la pensión propia de vejez y la de supervivencia en Portugal alcanza el 80% de los ingresos conjuntos previos al fallecimiento, una de las tasas más altas de toda la Unión Europea. La receta propuesta: subir la edad mínima de acceso, introducir pruebas de ingresos o directamente reducir los importes, como ya se ha hecho en Austria y Alemania.
Para un lector español, estos datos invitan a la comparación inmediata. En España, la pensión de viudedad lleva años en el centro del debate político, con propuestas que van desde su universalización hasta su reconversión en una prestación temporal. Portugal gasta un 1,9% de su PIB en pensiones de supervivencia, el tercer porcentaje más elevado de la UE, y el FMI quiere que baje. España destina alrededor del 1,6%, pero la presión demográfica es similar y los argumentos del Fondo podrían cruzar la frontera con la misma facilidad con la que cruzan los camiones por Badajoz. Lo que hoy se discute en Lisboa podría mañana discutirse en Madrid, y conviene estar preparados.
El Gobierno de Luís Montenegro, por su parte, ha aceptado la premisa de que hay que estudiar reformas. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Rosário Palma Ramalho, ha declarado que espera recibir «en estos días» un informe elaborado por un grupo de expertos liderado por el economista Jorge Bravo, que debería sentar las bases de una nueva hoja de ruta para la Seguridad Social portuguesa. Lo que no ha hecho la ministra es comprometerse con un calendario. En una entrevista reciente reconoció que «la reforma de la Seguridad Social es muy compleja» y que no se compromete a ejecutarla en esta legislatura. Es la vieja estrategia de ganar tiempo: se crea una comisión, se encarga un informe, se anuncia que se estudiará, y mientras tanto los ciudadanos siguen cotizando sin saber exactamente qué recibirán cuando llegue su turno.
Mientras el FMI presiona desde fuera, la política interna portuguesa ha ofrecido esta semana un espectáculo que mezcla pragmatismo y vodevil parlamentario. La aprobación de la PSU —la Prestación Social Única que fusiona el Rendimiento Social de Inserción, la pensión social de vejez, la pensión de viudedad y otras diez prestaciones— estuvo al borde del fracaso. El Gobierno de Montenegro, que no tiene mayoría absoluta, necesitaba la abstención del Chega de André Ventura o del PS de José Luís Carneiro. Ventura amenazó con tumbar la reforma si no se endurecían las condiciones de acceso para los inmigrantes sin carrera contributiva, exigiendo cinco años de residencia y cinco años de cotización. El PSD cedió parcialmente, elevando el requisito de un año a dos años de residencia, y al final fue el PS —tras un acuerdo de última hora— quien permitió la aprobación. Los pensionistas con rentas bajas quedaron protegidos gracias a una cláusula que articula la PSU con el Complemento Solidario para Idosos, pero el mensaje político es inquietante: la red de protección social se ha convertido en moneda de cambio entre partidos que juegan al borde del precipicio.
Para los mayores de cincuenta años, portugueses y españoles, lo que está en juego no es un debate técnico sobre tasas de formación de derechos o mecanismos de indexación. Es algo mucho más tangible: la certidumbre de que las reglas del juego no cambiarán de forma abrupta cuando ya no hay margen para adaptarse. Quien ha cotizado durante treinta o treinta y cinco años tiene derecho a saber qué pensión le espera, bajo qué condiciones cobrará una prestación de viudedad y si el sistema público de salud será capaz de atenderle cuando lo necesite. El FMI tiene razón al señalar que la sostenibilidad exige reformas, pero yerra cuando reduce la cuestión a un ejercicio contable. Detrás de cada punto porcentual del PIB hay vidas concretas, decisiones tomadas hace décadas sobre la base de unas promesas que el Estado hizo a sus ciudadanos.
