1.- SIN DIGNIDAD NI DECENCIA
Constatar que Sánchez es capaz de cortarle la cabeza a quien investigaba legalmente a unos tipos capaces de reunirse con Putin para negociar el préstamo de 10.000 soldados, anula un atisbo de redención y retrata definitivamente al presidente del Gobierno como un CÁNCER capaz de devorar los cimientos de la nación, de la convivencia, de la ley y de la vergüenza. Además, para más INRI, ha tenido la impudicia de indultar a los condenados por la justicia como “golpistas del Estado constitucional” simplemente para poder seguir gobernando.
Bastaría con que 2 ministros del PSOE CON DIGNIDAD, 2 barones del PSOE DECENTES o 2 diputados del PSOE ÍNTEGROS dijeran hasta aquí hemos llegado y asumieran algo ya muy evidente: prescindir de quien dice protegernos de las amenazas que se ciernen sobre España pero que se ha convertido en la peor amenaza de todas, como ya lo fue en octubre de 2016 de su propio partido.
La maldita coalición sanchista deja además en herencia un Estado financieramente inviable, en la ruina, con un mar de deuda y un déficit estructural insostenible, regalo para varias generaciones, un país insostenible a partir del momento en que la UE nos retire las redes de protección.
La herencia del sanchismo será un erial, cabe recordar las palabras del heroico almirante Blas de Lezo:
“Una Nación no se pierde porque unos la ataquen,
sino porque quienes dicen amarla no la defienden”
2.- LOS ‘CADÁVERES’ MÁS SONADOS DE SÁNCHEZ
Dos guardias civiles, un abogado del Estado, un policía y una responsable de Inteligencia.
Son los cadáveres que acumula Pedro Sánchez en sus casi cuatro años de gobierno; cinco funcionarios que fueron removidos de sus puestos por negarse a incumplir la ley y por defender un criterio profesional que no encajaba con los intereses políticos del Gobierno. Y en la mayoría de los casos como concesión a los socios independentistas, de los que depende la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo y la continuidad de la legislatura.
EL CORONEL SÁNCHEZ CORBÍ Y LOS FONDOS RESERVADOS
El 1 de agosto de 2018 se rubricó la la destitución del coronel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Motivo alegado. Motivo alegado: «pérdida de confianza». Seis meses (el 7 de febrero de 2018) antes el grupo de EH Bildu en el Congreso-hoy apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento- ya pidió a la entonces dirección de Interior que expulsara a Sánchez Corbí de la Guardia Civil. El oficial vallisoletano, un veterano de la lucha contra ETA, ocupaba el cargo desde noviembre de 2015.
El cese se certificaba una semana después de que Sánchez Corbí hubiera firmado una orden con la que comunicaba que quedaba «temporalmente suspendida cualquier actividad de la UCO que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida Fondos de Gastos Reservados».
El Ministerio del Interior justificó la decisión de apartarlo de la jefatura de la UCO con el argumento de que el mando había tomado dicha determinación sin haber recibido para ello ninguna instrucción y que había puesto en riesgo operaciones policiales que se encontraban en marcha.
Relegado a la jefatura del Servicio de Protección y Seguridad Sánchez Corbí libra una batalla en los tribunales en un intento de que se anule su destitución como máximo responsable de la UCO. Una cuestión de honor. El caso se encuentra ya en el Tribunal Supremo, que, frente a la postura defendida por la Abogacía del Estado, admitió a trámite su escrito a finales del pasado mes de enero al apreciar que «reviste interés» casacional la cuestión planteada: la necesidad o no de motivar los acuerdos de ceses en puestos de trabajo cubiertos por el procedimiento de libre designación.
EL ABOGADO DEL ESTADO EDMUNDO BAL Y LA REBELIÓN INDEPENDENTISTA
A Edmundo Bal lo apartaron como responsable del departamento Penal de la Abogacía del Estado tres meses antes de que arrancara en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes independentistas catalanes. El motivo alegado fue «pérdida de confianza» a raíz de su negativa
a retirar el delito de rebelión de su escrito y acusar por sedición, un ilícito con menos castigo en el Código Penal.
A mediados de marzo de 2019, un mes y medio antes de las elecciones generales del 28-A, Ciudadanos sorprendió con el anuncio del fichaje de Bal. El diputado defendió que nadie en la Cámara Baja tiene «mayor autoridad» que él para hablar de cómo se porta el Ejecutivo de Sánchez con los servidores públicos que «anteponen la lealtad a España a la obediencia sumisa y ciega a este Gobierno».
A. NIETO, “DESLEAL” POR PEDIR MASCARILLAS PARA LOS POLICÍAS
El 24 de enero de 2020, José Antonio Nieto firmó un informe de cuatro páginas en su condición de jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en el que proponía que los agentes destinados en los puestos fronterizos de aeropuertos utilizaran guantes de nitrilo y mascarillas FFP2 en el control de la documentación de «pasajeros procedentes de cualquier ciudad de China u otras zonas afectadas».
El 13 de marzo de 2020, en víspera de que el Gobierno declarara el primer estado de alarma para intentar contener la propagación del virus, Nieto fue destituido de forma fulminante por una supuesta «falta de lealtad», al reenviar por correo electrónico a los técnicos de Riesgos Laborales del Cuerpo un documento con instrucciones que no había sido firmado aún por el director general de la Policía. La Fiscalía de Madrid ensalzó su trabajo y concluyó que no había dudas de que se había comprado material de protección y que se repartió a la plantilla por la advertencia del facultativo.
EL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS Y EL ‘CASO FEMINISTA DEL 8-M’
El domingo 24 de mayo de 2020 se cursó un oficio con la propuesta de destitución de Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Comandancia de Madrid. «Propongo el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».
El ministro Grande-Marlaska reaccionaba de forma expeditiva después de que el general jefe de la Zona de Madrid y el entonces jefe del Mando de Operaciones hubieran intento sin éxito que el coronel les informara acerca del atestado enviado al juzgado que instruía la causa del 8-M, procedimiento abierto a raíz de la manifestación feminista celebrada en Madrid cuando ya se registraba más de medio millar de positivos por coronavirus en España y 17 personas habían fallecido. El oficial les contestó que desconocía detalles de esa actuación que llevaban cabo subordinados suyos en función de Policía Judicial y que, en todo caso, no podría proporcionarles la información dado el carácter reservado de la misma. Grande-Marlaska defendió que el cese se enmarcaba en un «proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil. No hay ninguna circunstancia extraña», mantuvo.
El 31 de marzo de 2021, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 le dio la razón y condenó a Interior restituirlo en el puesto y concluyó que la razón del cese fue «ilegal», por cuanto se produjo «por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban» Pero ese criterio no fue respaldado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de septiembre consideró que la destitución estaba motivada de forma suficiente puesto que «la pérdida de confianza es por la ‘no información’ del ‘desarrollo’, no del contenido, de ‘investigaciones y actuaciones’ llevadas a cabo por la Guardia Civil». El Tribunal Supremo tendrá ahora la última palabra
PAZ ESTEBAN, ‘CABEZA’ DE TURCO PARA SALVAR A UN MINISTRO
La etapa de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llegó a su fin cuando el Consejo de Ministros acordó su destitución. El Gobierno le atribuye la responsabilidad de la brecha de seguridad que propició que agentes externos accedieran a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Grande-Marlaska a través del programa Pegasus.
La propia titular de Defensa había defendido días antes en el Congreso la actuación de Esteban y había señalado al hoy ministro Félix Bolaños como responsable de esta situación. Como reconoció el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria en septiembre de 2020, “la seguridad integral (física o comunicaciones, entre otras) del Presidente del Gobierno depende de la Secretaría General de la Presidencia”, puesto que ocupaba Bolaños cuando tuvieron lugar las intrusiones: mayo y junio de 2021.
3.- SUS ENRREDOS CON EL SÁHARA: MARRUECOS Y ARGELIA
Pocos políticos han visto los siglos tan fríos, taimados, calculadores y mendaces como el actual presidente del gobierno. Atesora, además, otras dos condiciones: es terriblemente vengativo a la par que un enorme cobarde, incapaz de asumir la menor responsabilidad si puede endosársela a una cabeza de turco
Lo cierto es que “alguien sabe algo en algún lugar” que podría precipitar su caída y nos va en ello nuestro porvenir. Por ejemplo, el general que llevó hasta hace poco la Agencia de Seguridad Cibernética de Estados Unidos comentó en “petit comité” que lo que saben los norteamericanos de Sánchez es mucho más grave de lo que se pudo haber espiado con Pegasus y remató “¿Qué sabe Biden para que no le dé ni un minuto de conversación a Sánchez?”.
Solo dos meses después de que, con su frivolidad habitual, Pedro Sánchez se vanagloriara de las espléndidas relaciones con Argelia, el régimen de Argel prácticamente ha roto sus relaciones diplomáticas con España, abriendo un frente internacional de inquietantes consecuencias en todos los órdenes.
Desde luego en lo económico, con un veto comercial que puede cercenar de un plumazo hasta 3.000 millones de euros de facturación de empresas españolas que ya no podrán exportar a Argelia en las mismas condiciones sus productos o venderlos directamente allí. Y también es previsible que afecte al suministro de gas, en un momento de carencias y sobreprecios que hacía aún más estratégica esa alianza y permitía a España, incluso, aspirar a convertirse en un referente para toda Europa por la combinación entre la materia prima argelina y las siete plantas de regasificación de gas licuado españolas. La respuesta del Ejecutivo de Sánchez ha consistido en ir corriendo a llamar a la puerta de Bruselas pidiendo árnica, como el alumno maltratado que en el cole acude a pedir auxilio al profesor.
El giro histórico de 180 grados a la postura española sobre el Sáhara, el silencio de Moncloa sobre la decisión –no hay que olvidar que fue Mohamed VI quien la anunció precipitando luego una carta llena de erratas por parte de Moncloa de la que se desmarcó Zarzuela- y la coincidencia en el tiempo con el anuncio de que los móviles del presidente del Gobierno había sido espiado con el software israelí Pegasus –el mismo que usó el régimen marroquí para espiar a opositores, a Macron o a periodistas extranjeros- son demasiadas coincidencias.
En seguridad, los agentes del CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional se llevan las manos a la cabeza: la colaboración con las autoridades argelinas era “esencial” para controlar los movimientos yihadistas en el Sahel. En el control de los flujos migratorios, las pateras han comenzado a multiplicarse desde las costas argelinas hacia Baleares y el sureste andaluz.
Todo ello obedece a una decisión unilateral de Sánchez en el Sáhara que no ha explicado a nadie, carece del plácet institucional del Congreso; modifica medio siglo de posición española y coincide con un siniestro episodio de espionaje al presidente del Gobierno que avala la sospecha de que cambió de posición presionado por lo intervenido en su teléfono. La mera duda ya resulta escandalosa y suficiente para exigir una respuesta inmediata. ¿Quién le espió, qué encontró y qué posibilidad hay de que lo haya usado contra Sánchez? Es hora de que el Gobierno desmienta de forma rotunda que Rabat está chantajeando al Ejecutivo con información sensible o comprometedora obtenida del móvil del Presidente, porque una cosa es una chapuza de graves consecuencias y otra muy distinta que el Gobierno se hubiera avenido a perjudicar al país para que no salieran a la luz determinados asuntos.
No se conocen las razones exactas del insólito viraje de Sánchez, pero sí las consecuencias: Marruecos va a consolidar su jerarquía en el Sáhara sin asumir, a la vez, la españolidad de Ceuta y Melilla; sin renunciar a sus aspiraciones en el entorno de Canarias. Que el mismo presidente que hace un año permitió la entrada clandestina del líder del Polisario, con desprecio a Marruecos y complicidad con Argelia; haga justo lo contrario ahora, y en ambos casos sin explicación; es escandaloso. Y que lo haga bajo la sombra de haber sufrido extorsión, sea o no cierto, resulta inaceptable.
Sánchez no tiene derecho a jugar caprichosamente con asuntos de Estado tan evidentes como la posición internacional de España. Y mucho menos si lo hace con su proverbial opacidad y con la generalizada inquietud de que ha sido, es o será chantajeado por los receptores de sus irresponsables dádivas.
¿Qué saben del presidente que parece secuestrado ante algo que le asusta?
No deja de ser nuestro presidente de Gobierno
y su secuestro nos convierte a nosotros también en cautivos.
4.- EL DESBARAJUSTE ECONÓMICO DE SU GOBIERNO
Distintos organismos advierten al Gobierno de que las medidas aprobadas para contener los precios no están teniendo los efectos esperados. La subida de tipos del BCE endurecerá las condiciones financieras.
El Gobierno estaba convencido de que la inflación había tocado techo en marzo, cuando el IPC subió hasta el 9,8%, pero el dato más reciente del índice de precios al consumo (IPC) muestra que la inflación repuntó en mayo hasta el 8,7%. y las perspectivas son de una inflación que perdurará durante más tiempo del previsto y que hará que los españoles puedan comprar menos con el mismo dinero. Además, la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) acometerá en julio endurecerá las condiciones financieras, primero para los bancos y estos, a su vez, para los hogares y las empresas.
El Banco de España cree que la inflación media será del 7,2% este año y que el tope al gas que entrará en vigor la próxima semana solo contribuirá a rebajar medio punto el IPC. Pero el supervisor señala en su último informe que en el primer trimestre del próximo año, los precios de los alimentos seguirán aumentando alrededor de un 3%y por ello, estima que la inflación subyacente se mantendrá a lo largo de todo el año que viene y el siguiente.
También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha puesto el foco sobre la inflación, con una expectativa del 8,1% para este año y de casi el 5% para el próximo. El Ejecutivo ha anunciado la prórroga de las medidas contra el impacto económico de la guerra de Ucrania, pero a tenor de los datos de mayo y aunque Calviño asegura que las iniciativas «funcionan», parece necesario más apoyo económico para los hogares vulnerables.
En la segunda parte del año, el Gobierno espera lanzar convocatorias del Plan de Recuperación por valor de 11.000 millones de euros. El año comenzó con un crecimiento de apenas tres décimas y con una caída inesperada del consumo privado. Las previsiones de crecimiento para el conjunto de 2022 se han revisado a la baja desde la Moncloa hasta Bruselas. La Comisión Europea es la más pesimista y contempla un crecimiento del 4% para este año, el BdE lo sitúa en el 4,1% y el Gobierno considera que crecerá un 4,3%.
Aunque Calviño defendió en la presentación del Programa de Estabilidad que la mayoría de indicadores ya daban por recuperado el nivel económico previo a la pandemia, tanto el BdE como la Comisión Europea consideran que esto no se producirá hasta finales de 2023. El Ejecutivo confía en que el consumo privado aporte casi la mitad del crecimiento al PIB, pero la inflación podría desmontar estos planes. Los cálculos del BdE son que el consumo crecerá un 1,4%, tres puntos menos que el pasado año y mucho menos de lo que estima el equipo económico del Gobierno (4%).
El endurecimiento de las condiciones de financiación derivado de la subida de tipos de interés también tendrá consecuencias para las empresas y los hogares. El Banco de España no descarta que el incremento del euríbor a 12 meses se traslade al coste de la financiación para operaciones empresariales y subraya que las condiciones de financiación «podrían experimentar un tensionamiento adicional en el futuro más próximo, lo que podría incidir negativamente en el grado de dinamismo de la actividad«.
Sobre el coste que la subida de tipos tendrá para las arcas públicas, Calviño ha subrayado que desde el Tesoro se ha «aprovechado este periodo de tipos de interés favorables para alargar la duración de la deuda y bajar el tipo de interés medio y, por tanto, nuestras condiciones de financiación actuales son más favorables que antes de la pandemia«.
Si bien la buena evolución del empleo y de la recaudación tributaria allanan el camino para la reducción del déficit, la deuda no correrá la misma suerte, según las previsiones de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco de España. Las instituciones económicas reiteran la necesidad de aprobar una senda de consolidación fiscal a medio plazo que reconduzca las finanzas públicas.
5.- ¿TRAS EL VERANO AGOTAMIENTO DE LA REFORMA LABORAL?
El empleo crecerá la mitad en el segundo trimestre pese a la reforma laboral
El Banco de España pronostica que el empleo crecerá un 3,5% en el segundo trimestre frente al 7,5% del primer trimestre de 2022 en su último recálculo de previsiones, lo que demuestra el agotamiento de los efectos de la reforma laboral.
Lo cierto es que la reforma laboral de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya da muestras de agotamiento pasado el periodo de readaptación que las empresas han tenido que llevar a cabo para encajar sus contratos en el nuevo modelo. La crisis de precios, la guerra en Ucrania y el nuevo contexto económico merman la capacidad de los empresarios para adaptarse a una legislación que exige contratación indefinida para trabajos estacionales. De hecho, ya los contratos temporales crecen a mayor ritmo que los indefinidos forzados por la norma.
Es claro que las necesidades coyunturales se cubren con empleo temporal y las necesidades permanentes con empleo indefinido. Y por mucho que se cambie la denominación del contrato la duración será la misma porque el empresario atiende a las necesidades de su demanda. Las necesidades estructurales se cubren con empleos indefinidos y las necesidades coyunturales con empleos temporales.
El contrato fijo-discontinuo es el cajón de sastre donde han recalado los anteriormente llamados contratos temporales. Pero su permanencia en el tiempo es la misma que antes de que la reforma laboral obligara al empresario a optar por esta fórmula. De hecho, según estudios de Asempleo, este año el 65% de los contratos indefinidos tendrán una duración inferior al año, lo cual anula su nomenclatura porque no son contratos de carácter vitalicio.
El informe del Banco de España pone el acento en la coyuntura adversa que atraviesa la economía española, en los elevados precios de la energía, y aunque resalta el dinamismo en el empleo postpandemia, destaca que procede en parte de la retirada de restricciones de contacto social y remarca que «en particular, el empleo […] ha experimentado una desaceleración notable en algunas ramas en las que se observaron mayores crecimientos durante la crisis sanitaria -como la Sanidad y la Educación- y en las más afectadas por los cuellos de botella, como las manufacturas y la construcción».
Las ‘trampas’ de los contratos indefinidos de Díaz
El término indefinido se utiliza para calificar situaciones cuya finalización no tiene una fecha cierta ni determinable a priori. En consecuencia, un contrato laboral indefinido es aquel del cual se ignora cuándo va a acabar, lo que no supone en caso alguno que su permanencia en el tiempo sea vitalicia. De hecho, en 2021 el 40% de los contratos indefinidos duraron menos de un año.
Los adeptos al relato de la reforma laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se congratulan que en solo cuatro meses de vigencia de la nueva normativa los empresarios habrían modificado sus pautas de contratación en favor del contrato indefinido por el mero hecho de haberse reclasificado algunos contratos temporales bajo la figura del fijo-discontinuo. Pero la realidad es que la firma de un contrato indefinido no garantiza su duración hasta la fecha de retiro del trabajador ya que la temporalidad efectiva de los trabajadores en sus empleos no se reduce por la figura contractual con la que se hayan vinculado a la empresa.
Hay que subrayar el hecho de que la estructura económica de España es intensiva en sectores de fuerte estacionalidad, como el turismo o la agricultura, que hacen demandar empleados de forma temporal, y esa configuración del tejido productivo -derivada, en parte, de causas climatológicas y geográficas- no ha variado desde el día que entró en vigor la reforma laboral.
Los empresarios ahora tienen que contar en sus decisiones con novedades legales laborales que afectarán a su propensión a contratar, tales como el alza de los costes del despido, el aumento de la litigiosidad, el endurecimiento del régimen sancionador (del límite anterior de 8.000 euros, a los actuales 10.000 euros por cada trabajador) y por los sobrecostes en pagos a la Seguridad Social asociados a los contratos de muy corta duración. En muchos casos estas consideraciones serán disuasorias de la contratación y pueden suponer un freno para el acceso al mercado laboral de dos de los colectivos que más lo necesitan: los jóvenes en busca de primer empleo y los mayores de 45 años.
Por eso es previsible que los empresarios estrechen la duración en el tiempo de los contratos o las horas de jornada para mantener sus costes a raya. De ahí la proliferación de contratos a tiempo parcial y fijos-discontinuos que arroja el dato del mes de abril, hasta totalizar el 60% de los indefinidos firmados. Y de ahí también el hecho de que los contratos indefinidos (sean o no fijos-discontinuos) de duración inferior al año lleguen a suponer este ejercicio el 65% del total.
La necesidad de las empresas de cumplir, en lo posible, sus presupuestos -minorados, además, en estos momentos, por la elevada inflación y el impacto económico de la guerra, hace que el mayor coste de la indemnización por despido para el empresario (medida en días de salario por tiempo trabajado en el puesto referido) no se traduzca indefectiblemente en un mayor cobro por parte del empleado, cuya vinculación a la empresa puede ser más corta de lo inicialmente previsto por la empresa con la normativa anterior y, por tanto, devengar menos días de indemnización por despido.
Por otra parte, en un país como España en el que la economía sumergida supone el 23,1%, el alza de los costes laborales abonaría la inclinación al fraude, de la que sale perjudicado el empleado que es contratado por menos horas de las que realmente trabaja.
Finalmente, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que ni el contrato indefinido es bueno en sí mismo ni el temporal es negativo en sí mismo. Hay carreras laborales que se construyen a través de la concatenación de contratos temporales de altos rangos salariales y hay contratos indefinidos con sueldos de escaso poder adquisitivo. También al revés, pero las condiciones laborales no van ligadas solamente a la naturaleza indefinida o no del contrato, luego no existe una ligazón unívoca entre la precariedad, la temporalidad y la modalidad de contrato. De hecho, la alta cifra de contratos indefinidos que duran menos de un año avala esta argumentación. Y los expertos avisan de que a partir de octubre, ya finalizada la campaña veraniega, aflorará la realidad de la perdurabilidad del empleo recién contratado bajo figuras indefinidas.
6.- LA AGONÍA DE UN GOBIERNO
Entre sus socios cunde la sensación de que el Ejecutivo ha entrado en el tiempo de descuento y de que, más que gobernar, solo se dedica a achicar agua en medio de la tormenta
El miércoles 8 de junio el parlamentario de Compromís Joan Baldoví subió a la tribuna y pronunció un discurso tan lúcido como demoledor para Pedro Sánchez. Primero preguntó al presidente y a la Cámara «a qué vino este Gobierno al mundo». Después advirtió a Sánchez de que la inflación, el elefante en la habitación de La Moncloa, está haciendo estragos entre aquellos –«trabajadores, pensionistas, autónomos, agricultores y parados»– a quienes prometió proteger. Y terminó con una enseñanza para el presidente: «Generar ilusión. En la vida, en la política, sin ilusión no se puede vivir. Tengo la impresión, y me duele, de que este Gobierno genera ya poca ilusión, que vamos a la defensiva y que hay poca audacia».
Ese mismo día, los nubarrones que se venían formando en Argelia desde que en marzo el presidente entregó el Sáhara Occidental a Marruecos de forma unilateral, descargaron con fiereza sobre la cabeza de Sánchez. Lo que iba a ser –eso creía el Ejecutivo– una pataleta de recorrido limitado ha acabado descubriéndose como una crisis política y diplomática de primer orden.
El Ejecutivo ha entrado en barrena; en un descenso acelerado por las constantes disputas entre el PSOE y Unidas Podemos, y de Unidas Podemos entre sí. Disputas que tienen a sus socios parlamentarios cansados. Cuando no es la prostitución es el impuesto a las grandes fortunas, o el aumento del gasto en Defensa, o el Sáhara, o las nuevas medidas de la prórroga del plan anticrisis. O la reforma fiscal que quiere incluir Unidas Podemos en los Presupuestos de 2022, que serán la cuadratura imposible del círculo. Ya no en las negociaciones con la mayoría Frankenstein, sino en las que se den antes entre socialistas y morados.
El plan de Sánchez si no consigue aprobar unas cuentas públicas para 2022 será prorrogar las de este año, pero es que la realidad es tozuda. El miércoles 8, la OCDE rebajó 1,4 puntos la previsión de crecimiento para España en 2022, hasta el 4,1 %, y elevó la inflación media del año al 8,1 %. El jueves 9, el Banco Central Europeo asestó un durísimo golpe a la maltrecha economía española –esperado, pero no por ello menos doloroso– al confirmar que a partir de julio subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años y que ese mes dejará de comprar deuda pública de los países de la zona euro. La respuesta inmediata de Nadia Calviño fue restar importancia a la repercusión que la decisión tendrá en el euríbor y, por tanto, en las hipotecas a tipo variable de los españoles. La vicepresidenta económica habló de un impacto «relativamente limitado».
El viernes 10, como remate, se publicaron dos nuevas cifras pésimas. Por una parte, el Banco de España rebajó, por segunda vez en dos meses, su previsión de crecimiento para 2022 en cuatro décimas, hasta el 4,1 % del PIB. Por la otra, el dato del IPC de mayo cayó a plomo: el 8,7 %. Y el Gobierno parece instalado en el refrán mal de muchos, consuelo de tontos. En su comparecencia del miércoles en el Congreso, Sánchez llegó a poner a Moldavia –un país de apenas 2,6 millones de habitantes– como ejemplo de que no estamos tan mal.
Siguió hablando el presidente: «La realidad es que tenemos más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que no teníamos esas cifras desde antes de 2008; que tenemos un nivel de contratación indefinida que está en un 44 %; y que tenemos unos niveles de paro inferiores a los tres millones de desempleados y desempleadas, y eso no lo teníamos desde hace 15 años. En fin, hay una realidad económica con claroscuros».
Siempre a la defensiva.
7.- ¿ EL FIN DEL CICLO MALIGNO Y NARCISISTA DE SÁNCHEZ?
Desánimo en el grupo socialista por la «agonía parlamentaria»: «Así no aguantamos»
«Así no aguantamos año y medio», según palabras de miembros destacados del grupo parlamentario socialista. Los ánimos están más que bajos, el pesimismo es el realismo de quienes conocen desde hace años el Parlamento, sus negociaciones, sus complicaciones y sus tiempos. Aquellos que tras varias legislaturas a sus espaldas saben bien que, una vez que se activa el tiempo de descuento, el “cambio de ciclo es imparable”. “La agonía es permanente. No hay semana buena”, explican diversas fuentes del grupo parlamentario socialista, que suda cada semana para sacar adelante las iniciativas del Gobierno.
El «caos» se ha institucionalizado ya como un elemento más de la negociación: las carreras, las retiradas de enmiendas, otras que se cuelan por error en los dictámenes de leyes a las que hay que presentar luego votos particulares para su corrección… todo ello forma parte de las prácticas habituales de un Gobierno acostumbrado a vivir al límite, aunque presuma de que «hasta ahora no ha perdido una sola votación».
Sin embargo, la resistencia y la victoria no son sinónimos de estabilidad. Algunos miembros relevantes de la dirección dudan de las posibilidades de éxito de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el próximo año, lo cual haría «imposible» agotar la legislatura. El diagnostico de la situación es demoledor: «Hemos roto relaciones con ERC. No hay interlocución alguna desde Pegasus. Solo tenemos al PNV y Bildu, que aprovecha para chantajearnos cuando puede porque se sabe fuerte».
En Moncloa están convencidos de que Yolanda Díaz necesitará la visibilidad que le aporta estar en la coalición y que, por lo tanto, «llegaremos juntos a las generales» en diciembre del 2023 o enero del 2024. Pero en Podemos no descartan nada pues los cuadros y dirigentes de Podemos temen seriamente una implosión del partido. «Todos saben que Podemos se está hundiendo, y el problema es que en el futuro no quedarán cargos por repartir», explica un dirigente de la formación. Admiten que «hay variables que podrían hacer cambiar las cosas» como, por ejemplo, una debacle en las andaluzas, una creciente división entre Podemos y el ‘yolandismo’ y unas malas expectativas electorales que acaben en la ruptura definitiva entre Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz. «Empezaremos a ver el futuro en las andaluzas», dicen con expectación.
Con la convulsión interna en las filas moradas, los socialistas descuentan que Podemos aproveche el inicio de la negociación de las cuentas públicas como su particular campaña interna para hacerse con la bandera de la izquierda. El proceso de escucha de Yolanda Díaz se inicia en el mes de julio, cuando el Gobierno aprobará el techo de gasto, antesala de los PGE, que no llevará a las Cortes hasta septiembre. Ahí se iniciará un duro debate en la coalición una vez ya rota la barrera de la unidad de voto. Hace un mes salió adelante la Ley Audiovisual con la ruptura de la disciplina entre PSOE y Podemos por vez primera en la legislatura. Y los morados repitieron votando en contra de la proposición de ley del PSOE contra la prostitución. Era sin embargo, una iniciativa del grupo socialista, no del Gobierno, con lo cual no es considerado casus belli en Moncloa.
Reflejo de esa ruptura ha sido la escenificación del alejamiento de la coalición de la mano de Pedro Sánchez y Pablo Echenique en el debate de Marruecos en el Congreso. Y la sensación es que «todo irá a más» a la vuelta del verano, tras la previsible debacle andaluza y los nervios ante la llegada de las municipales y autonómicas de mayo de 2023. Podemos jugará sus cartas, también ERC, donde el Gobierno recuerda «su negativa a la reforma laboral de Yolanda Díaz por el daño electoral que le hace En Comú a ERC en muchos municipios catalanes». Y a ello se suma la pugna entre PNV y Bildu por utilizar las negociaciones con el Gobierno para pelear por la hegemonía en el País Vasco a nivel municipal El PNV ve el Congreso como un «gallinero» imprevisible y no entiende que PSOE y Podemos sigan aireando diferencias.
En resumen, el PSOE cree que «hay que hacer algo» políticamente para enfrentarse a la tormenta económica que se avecina en el otoño, que complicará aún más el escenario y la percepción de pesimismo en la sociedad. Pese a la verborrea gubernamental, se siguen sumando los acuerdos con el PP: Ley Audiovisual, Seguridad Nacional, abolicionismo de la prostitución, … si el PNV es el socio preferente de Pedro Sánchez, el PP es el socio vergonzante, pero socio al fin y al cabo, y ahora mismo la única garantía de salvar algunas votaciones. Por eso, los PGE no saldrán adelante, porque no los apoyará el PP para adelantar elecciones. «Y con los otros, no los sacamos».
