¿EL FIN DE LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA EN EL DESPIDO?

UGT y CC OO han presentado una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales cuestionando la normativa legal española de indemnización de los despidos. Se critica la indemnización objetiva y tasada, fijada en función de la antigüedad y el salario del trabajador, sin atender a sus circunstancias personales ni garantizar la reparación íntegra del daño sufrido como consecuencia del despido.

 

La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y la republicana de 1931, confiaba al juez la fijación, a su prudente arbitrio, de la indemnización, atendiendo a una serie de circunstancias (facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de servicios a la empresa, etcétera), sin que pudiese superar un año de sueldo.

 

La Ley de Relaciones Laborales de 1976 estableció la restitución de la relación laboral como regla general, permitiendo que el juez la sustituyese por una compensación económica no inferior a seis meses ni a dos meses por año de servicio (multiplicándose por 1,5 o 2 en los supuestos de familias numerosas, trabajadores de mayor edad y discapacitados).

 

El Decreto Ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo, preveía que la indemnización la fijara el magistrado de trabajo, a su prudente arbitrio, en atención a una serie de criterios (antigüedad del trabajador, condiciones de trabajo, posibilidad de nueva colocación, dimensiones y naturaleza de la empresa, circunstancias personales y familiares), con un mínimo de dos meses de salario y un máximo de cinco anualidades.

 

Así, antes del ET se confiaba la fijación de la indemnización en los despidos injustificados al “prudente arbitrio” del magistrado o del órgano competente. Se daban una serie de criterios (que tenían en cuenta no solo la antigüedad del trabajador y su salario, sino también sus circunstancias familiares o la posibilidad de encontrar otra colocación) y se fijaban unos mínimos y unos máximos. Estos fueron evolucionando de tres a seis meses y, finalmente, a un año.

 

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 estableció una indemnización tasada porque consideró que constituía una vía más segura, más objetiva, y más beneficiosa para los trabajadores, de reparación de los perjuicios ocasionados por un despido no ajustado a derecho. Así, el Estatuto estableció un baremo objetivo, predeterminado, que cuantifica, en función de criterios objetivos, el perjuicio derivado de la ruptura del contrato de trabajo. Ello evita la discrecionalidad judicial, la falta de indemnización por la pérdida del trabajo en supuestos en que no sea posible identificar ni cuantificar un perjuicio (trabajador despedido cumplida ya la edad de jubilación, a la que podría acceder, o inmediatamente recolocado mejores condiciones retributivas), y los problemas derivados de la dificultad de probar la existencia del daño y su cuantía.

 

En nuestro derecho la indemnización de un perjuicio exige que se pruebe la existencia del daño, su cuantía y su causación por el sujeto responsable. Para eludir estas exigencias la ley fija una liquidación objetiva, automática y predeterminada, de los daños derivados de un despido injustificado. La indemnización se fija 45 días de salario por año de servicio con el tope de 42 mensualidades y esta es una opción legislativa plenamente válida y que da cumplimiento a los mandatos internacionales que exigen que, en caso de despido injustificado, exista una “compensación adecuada”. La posterior reducción del baremo indemnizatorio, a 33 días de salario por año con el tope de 24 mensualidades aunque disminuye su importe lo mantiene en todo caso en niveles superiores a los vigentes de manera general en derecho comparado.

 

Volver al pasado y optar por la fijación judicial de la indemnización en atención al daño sufrido por el trabajador en función de sus circunstancias particulares, generaría inseguridad jurídica para empresas y trabajadores y haría surgir el riesgo de que no se aprecie daño para el despedido (por la posibilidad, por ejemplo, de acceso inmediato a la jubilación o por encontrar un nuevo trabajo con mejores condiciones) y no se le reconozca por ello indemnización

 

En el caso de despidos colectivos se complicaría enormemente su gestión pues al afectar a un elevado numero de trabajadores sería preciso negociar indemnizaciones diferenciadas según las circunstancias de cada trabajador.

 

La búsqueda de atajos ventajistas y populistas puede conducir a efectos indeseados.

Fuente: 5 dias

AQUÍ PUEDES DESCARGARTE LA FICHA COMPLETA

Descarga la ficha en PDF

2 comentarios en «¿EL FIN DE LA INDEMNIZACIÓN MÍNIMA EN EL DESPIDO?»

  1. Puede interesar: La indemnización por despido a la carta choca con el Fogasa, que solo pagará el tope legal
    La indemnización por despido a la carta choca con el Fogasa, que solo pagará el tope legal

    Responder

Deja un comentario