EL ESTADO EMPLEADOR AFRONTA UNA CONFLICTIVIDAD LABORAL EN MÁXIMOS SIN LA PAZ SOCIAL DE LA QIE PRESUME PEDRO SANCHEZ

Jueces y fiscales amenazan con una huelga que se uniría a la de los funcionarios en una Justicia ya muy tensionada.

Los inspectores de Trabajo seguirán con paros e irán a uno indefinido en junio si nada cambia.

Los empleados de la Seguridad Social han anunciado la primera huelga de su historia.

 

Jueces, fiscales, inspectores de Trabajo, funcionarios de Justicia, trabajadores de la Seguridad Social… Los funcionarios de Estado han comenzado a exigir al Gobierno incrementos salariales o mejoras en sus condiciones laborales, elevando la conflictividad laboral a máximos justo cuando acaba de empezar la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva semanas destacando la «paz social» en España, lo cual, a su juicio, tiene todo que ver con las medidas que aprueba su Ejecutivo para hacer frente a la inflación y las reformas como la de las pensiones y la laboral. Durante la última sesión de control en el Congreso, subrayó que España es el país europeo que disfruta de mayor paz social y presumió de gestión frente a “los apocalipsis” de la derecha.

 

Sin embargo, entre algunos empleados públicos esa paz social ha saltado por los aires y desde hace semanas mantienen huelgas, paros o protestas para exigir mejores retribuciones.

 

Justicia

Uno de los primeros colectivos fueron los letrados de la Administración de Justicia, que tras dos meses de pulso con el ministerio que dirige Pilar Llop y cerca de 400.000 suspensiones de juicios, lograron un aumento retributivo de hasta 450 euros al mes por nómina. Pero los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del ministerio vieron en esa subida una discriminación hacia ellos y empezaron una serie de paros y de protestas en la calle que aún continúa. Si nada cambia, irán a huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es «la paralización de la ley de eficiencia organizativa», que a juicio del comité de huelga «pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal».

 

A los funcionarios se ha unido una amenaza de huelga de nada más y nada menos que jueces y fiscales que, de momento, ha quedado en pausa para darle una oportunidad a las negociaciones con el Gobierno, con el que ya han mantenido tres reuniones en las que se ha ofrecido a las asociaciones subidas por valor total de 46 millones de euros. De momento, no hay acuerdo y la fecha del 22 de mayo está en el horizonte como posible inicio de una huelga que quiere denunciar el «sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia».

 

A día de hoy se están señalando juicios para 2025 ó 2026. Una situación que degrada la calidad de la respuesta institucional que obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos.

 

Aumento de plantilla

Quienes sí han llevado a cabo paros en los últimos meses han sido los inspectores de Trabajo y acaban de convocar otra veintena para las próximas siete semanas, como antesala de una huelga indefinida que prevén para finales de junio. Con esta nueva fase de movilizaciones, este colectivo busca presionar al Gobierno para que cumpla con su compromiso de reforzar la plantilla y modernizar la estructura de la Inspección de Trabajo. Según aseguran los representantes sindicales, el acuerdo que alcanzaron con el Ministerio de Trabajo en julio de 2021 sigue sin ponerse en marcha casi dos años después.

 

Los últimos en unirse a estas movilizaciones han sido los empleados de la Seguridad Social. Como los de la Inspección de Trabajo, piden un refuerzo de la plantilla que dé solución al atasco en la atención, lo que ha llevado al «deterioro de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la ciudadanía».

 

Falta de efectivos, envejecimiento de las plantillas, retraso en la gestión de prestaciones e «incumplimiento de leyes y acuerdos» en materia de personal son las razones principales que esgrimen los trabajadores para plantear paros todos los viernes de mayo, sin descartar acciones más contundentes.

 

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