En los últimos 30 años, las pensiones se comen casi el 50% del mayor gasto
España va a sufrir el mayor incremento de gasto en pensiones de Europa
Hay menos fondos para resolver problemas como la falta de vivienda
Que los servicios públicos en España (sanidad, educación, transporte, infraestructuras…) se han deteriorado en los últimos años, o que al menos existe esa percepción, es una obviedad que pocos se atreverán a negar. Trenes que no llegan a su hora, largas listas de espera, carreteras y autovías llenas de parches, oficinas de empleo colapsadas… Lo que sí puede resultar más difícil de comprender, o controvertido, es el porqué de este deterioro. ¿Gastan poco las Administraciones Públicas? No parece. El gasto público (también los ingresos) se encuentra en máximos históricos, rompiendo la barrera de los 700.000 millones de euros, una cuantía impensable hace unos pocos años. Si el gasto público no ha parado de subir en términos absolutos y relativos, ¿qué está pasando en el dinero? ¿Quién se lo está quedando? ¿Una gestión absolutamente ineficaz? Pues lo cierto es que la principal explicación a este enigma es más sencilla de lo que parece. El dinero se está colando por un ‘agujero’ que es cada vez más grande y que no va a parar de aumentar en las próximas décadas. Aunque el gasto público se ha disparado, lo cierto es que hay una partida donde se ha incrementado exponencialmente en términos nominales, reales (descontando la inflación) y relativos (sobre PIB). Las pensiones solas se han comido casi la mitad de todo el incremento del gasto público en los últimos 30 años. Esto, a su vez, tiene serias implicaciones para la economía.
Para generar una foto clara del coste de las pensiones, en 2026 se estima que para pagar las pensiones españolas se necesitaría tener trabajando un año entero al país de Hungría. Es decir, todo lo que produce Hungría en un año (su PIB) es el equivalente a lo que van a recibir los pensionistas con sus prestaciones, alrededor de 230.000 millones de euros, según cálculos del Ivie, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Esto contestaría, al menos en buena parte, la pregunta que cada día se hace más gente. Si el gasto público no para de crecer y el empleo público está igualmente en máximos históricos, ¿por qué la educación, la sanidad o las carreteras parecen estar cada vez más deterioradas? El dinero se ‘cuela’ por un agujero cada vez más grande, como es el de las pensiones. Aunque resulta complejo evaluar y calificar de forma exacta el sector de estos servicios públicos e infraestructuras, pero como se puede ver, las últimas encuestas muestran un creciente descontento de la población con los grandes servicios que ofrece el Estado y las Comunidades Autónomas. Unos servicios públicos e infraestructuras que son clave para dinamizar la economía y la productividad y que, sin embargo, se están viendo totalmente desplazados.
La decadencia de los servicios
Como dicen cada vez más expertos y analistas, España no es país para jóvenes. Con las pensiones copando casi todo el incremento del gasto y detrayendo parte de las demás partidas, no hay fondos para la tan necesaria vivienda pública, por ejemplo, que hoy más que nunca debería hacer su aparición para resolver la escasez de vivienda. El último sondeo realizado por EM-analytics muestra una percepción negativa predominante sobre la evolución de los servicios públicos españoles en los últimos años. Un 69% de los encuestados considera que han empeorado, frente a solo un 14,4% que opina que han mejorado, mientras que un 15,5% cree que han permanecido igual y solo un 1% no sabe o no contesta.
Otro buen ejemplo es el descenso de la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario, que ha caído cuatro puntos en el tercer trimestre del año 2025 y ya solo el 48,5% considera que funciona, y si bien la mayoría sigue eligiendo la sanidad pública, desciende la nota que le dan del 6,13 al 5,89, según la tercera oleada del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). España gasta como nunca, pero los servicios públicos funcionan como siempre o incluso peor.
Un agujero creciente
Las pensiones están generando un agujero en las finanzas públicas de España, que cada vez necesitan de una transferencia mayor del Estado para cubrir este gasto. «Actualmente, cotizaciones sociales apenas cubren 7 de cada 10 euros de gasto de la Seguridad Social. Y esto no es nuevo, las cuentas de la Seguridad Social llevan 15 años sin cuadrar y cada año empeoran más. Esto no es pasajero, se va a volver peor (se espera que España sea el país europeo con mayor incremento en el gasto en pensiones en las próximas dos décadas)», explica Daniel Fernández, profesor de Economía de la Universidad de las Hespérides e investigador, en declaraciones a elEconomista.es.
Este experto apunta que «es evidente que el espacio fiscal dedicado a pensiones no se puede dedicar a otras partidas del gasto. Y aquí es donde la lógica económica manda. Con un presupuesto público ya al límite, cada euro gastado en pensiones es un euro menos en el bolsillo del ciudadano o un euro menos gastado en servicios públicos como sanidad, educación o defensa», lo que podría explicar la percepción de constante deterioro de esos grandes servicios públicos que funcionan cada vez peor pese a que el Estado gasta cada vez más.
España gasta hoy mucho más que hace treinta años, pero ese dato, por sí solo, dice muy poco. En términos nominales, el gasto público se ha disparado en casi todas las partidas, pero en términos reales (descontando la inflación) y por habitante, la imagen es mucho más desigual. El aumento existe, pero no es homogéneo ni equilibrado, sino que se concentra de forma muy clara en un único capítulo del Estado del bienestar, el gasto en pensiones.
Miguel Ángel García Díaz, Doctor en Economía e investigador de Fedea, explica en una nota en la que se analizan la evolución de las partidas de gasto en los últimos 30 años que «el análisis del gasto público en el periodo 1995-2024 medido en euros reales de 2024 refleja un aumento de 330.387 millones de euros (+83,7%, pasando de 394.614 millones a 725.001 millones de euros), de los que la mitad corresponden al capítulo de protección social, y prácticamente casi todo de este capítulo al gasto en pensiones (162.223 de los 169.385 millones de euros de incremento)», explica este experto.
García ha confeccionado este esclarecedor gráfico en el que explica que se recoge el gasto público por habitante (en euros reales de 2024) en el periodo 1995-2023 de políticas muy importantes: pensiones, sanidad, educación, inversión pública, vivienda y familia e hijos. «La preferencia es evidente a favor del gasto en pensiones, mientras que hay menos dinero para resolver problemas tan relevantes como la falta de vivienda a precio razonable, la baja tasa de natalidad y el insuficiente mantenimiento de infraestructuras básicas».
Cuando se observa el gasto público real por habitante desde mediados de los años noventa, la divergencia es evidente. El gasto en pensiones ha pasado de alrededor de 1.000 euros por persona en 1995 a algo más de 4.200 euros en 2024, en euros constantes. Es decir, se ha multiplicado por más de cuatro en términos reales y per cápita, una evolución sin parangón en el resto de partidas del gasto público. Las pensiones se lo están comiendo todo y lo peor es que esta vorágine solo acaba de empezar.
Sanidad y educación, los otros dos grandes pilares del Estado del bienestar, muestran un comportamiento muy distinto. El gasto sanitario real por habitante ha pasado de en torno a 1.100 euros a algo más de 2.100 euros, aproximadamente el doble en tres décadas. Educación, por su parte, avanza todavía menos, de unos 850–900 euros por persona a alrededor de 1.350 euros. Crecen, sí, pero muy lejos del ritmo de las pensiones.
Esta diferencia es clave porque España no solo es hoy un país más envejecido, sino también más poblado. El número de habitantes ha aumentado de forma significativa desde los noventa, lo que implica que mantener constante el gasto per cápita ya exige un esfuerzo presupuestario creciente. Sin embargo, salvo en pensiones, ese esfuerzo no se traduce en una mejora clara del gasto real por persona en el resto de servicios públicos.
El desplome de la inversión pública
La inversión pública, aquella que puede dinamizar la economía o incluso mejorar la productividad del conjunto del país, ilustra bien este desplazamiento. En términos reales y por habitante, la inversión alcanzó su máximo antes de la crisis financiera, con cifras en torno a 1.300–1.400 euros por persona. En 2024 se sitúa alrededor de 880 euros, claramente por debajo de aquel nivel. Todo ello pese a una economía más grande, una población mayor y unas necesidades estructurales más exigentes.
El gasto en familia e hijos sigue siendo especialmente reducido. Aunque ha aumentado desde niveles muy bajos, se mueve en el entorno de los 300 euros reales por habitante, una cifra modesta en comparación con el volumen destinado a pensiones. En un país con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, esta asimetría no es menor: el Estado dedica muchos más recursos a sostener la jubilación que a facilitar el relevo generacional.
Otra forma de analizar cómo las pensiones se han ido convirtiendo cada vez más en un agujero para la economía o más bien en un agujero en el bolsillo de los trabajadores que creen estar financiando su pensión, cuando realmente o que sucede es que están pagando la pensión del que ya está jubilado sin que nadie asegure la suya (así funcionan los sistemas de reparto). En términos reales, la pensión media de jubilación se ha revalorizado un 72% desde 1995. Por el contrario, el salario medio real apenas se ha incrementado un 4% (las pensiones de los nuevos jubilados ya son un 23% más altas que el salario más común). Unos salarios que no varían tienen que financiar unas pensiones que son mucho más generosas hoy y que son cada vez mayores en cantidad, sobre todo a medida que la generación del baby boom vaya retirándose.
Este desacople es fundamental para entender la dinámica fiscal. Las pensiones crecen muy por encima de los salarios que las financian, aunque se ha compensado en parte con un incremento notable de los ocupados, si la próxima crisis (como muestra la historia llegará antes o después) viene acompañada de una fuerte destrucción de empleo, el agujero en unas finanzas púbicas ya deterioradas y con mucha deuda puede ser fatal. El sistema depende de una base laboral cuyos ingresos reales avanzan muy poco, mientras las prestaciones contributivas aumentan de forma sostenida. La consecuencia es una presión creciente sobre impuestos y cotizaciones, incluso en fases de bonanza económica.
La paradoja del gasto público
«Casi la mitad del crecimiento del gasto público en las últimas 3 décadas ha ido al gasto en pensiones. En términos per cápita algunas partidas del gasto público están completamente estancadas o retrocediendo mientras el gasto en pensiones sigue creciendo sin freno», asegura Fernández.
Poniendo cifras con datos recopilados por la Universidad de las Hespérides, se puede decir que la distribución del aumento total del gasto público confirma este patrón. Entre 1995 y 2024, alrededor del 45% del incremento del gasto se explica por las pensiones. Sanidad representa aproximadamente un 17%, educación algo más del 8%. El resto de funciones quedan muy por detrás. El crecimiento del gasto público existe, pero tiene un protagonista claro y casi exclusivo.
Esto ayuda a explicar una paradoja cada vez más visible, el gasto público está en máximos históricos, pero la percepción de deterioro de los servicios públicos es generalizada. No es una contradicción. En términos reales y por habitante, muchos servicios no mejoran porque el grueso del esfuerzo adicional se canaliza hacia un único grupo y una única prestación.
España ha construido así, de forma gradual y casi silenciosa, un Estado del bienestar crecientemente orientado a la jubilación. No se trata de cuestionar las pensiones, sino de constatar que su crecimiento absorbe gran parte del margen presupuestario en un país con más población, más necesidades (sobre todos los jóvenes) y mayores desafíos estructurales.
«El gran peso alcanzado por la política de pensiones (206.119 millones de euros) y salud (102.942 millones de euros) en un contexto de rápido envejecimiento de la población con la llegada de la generación del baby boom, hacen prever que, a legislación constante, los márgenes presupuestarios serán muy estrechos en el futuro para realizar otro tipo de políticas públicas», sentencia Miguel Ángel García.
