El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral . Entre sun funciones del Consejo Económico y Social está emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los Anteproyectos de Leyes del Estado y Proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales y sobre los Proyectos de Reales Decretos que se considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de las materias indicadas. El Consejo Económico y Social se compone de 61 miembros, nombrados por el Gobierno: 20 Consejeros designados por las organizaciones sindicales más representativas, 20 consejeros designados por las organizaciones empresariales más representativas, 20 Consejeros de diferentes colectivos y asociaciones profesionales,
El CES comparte la necesidad de dotar al trabajo a distancia, y en particular al teletrabajo, de un marco regulatorio que contribuya a aportar la necesaria claridad, confianza y seguridad jurídica a las correspondientes relaciones de trabajo. Marco jurídico que debe basarse en un consenso social amplio y sólido, configurado a partir del diálogo autónomo tripartito del Gobierno con los interlocutores sociales.
Por otro lado, el CES subraya que el enfoque de la futura regulación del trabajo a distancia, y más concretamente el teletrabajo, no debe basarse en la consideración de estos como una medida de conciliación, sino como una forma de organización y de prestación del trabajo, que, entre otros efectos, puede permitir dar cobertura a necesidades de conciliación en términos equiparables a las medidas de esta naturaleza que puedan aplicarse al trabajo presencial, sin que en ningún caso puedan asumirse riesgos de perpetuación de roles y estereotipos de género por esta vía.
En todo caso, el CES desea trasladar con la máxima claridad y firmeza que el procedimiento seguido en la presente solicitud de dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de trabajo a distancia no resulta el adecuado, al tratarse de un texto abierto a consultas y reuniones con los interlocutores sociales, lo que ha dado pie a la aparición de un nuevo texto del Anteproyecto paralela y concurrentemente a las deliberaciones que se están llevando a cabo en este órgano consultivo.
Como resultado, el CES ha debido pronunciarse sobre un texto no definitivo, circunstancia que desvirtúa la función consultiva legalmente atribuida a este Consejo. Ello limita y condiciona el contenido del presente Dictamen, que se ciñe exclusivamente a hacer patente esta circunstancia y a realizar algunas observaciones de carácter general.
El CES llama a las partes del diálogo social, Gobierno e interlocutores sociales, a un consenso recomendable para la mejor regulación de esta materia, y considera necesario contar para su Dictamen con el Anteproyecto de ley definitivo
