La revalorización será inminente mientras el Ejecutivo espera negociar más adelante el veto a los desahucios
La presión por revalorizar las pensiones hace que el Gobierno dé su brazo a torcer. En el Consejo de Ministros, de este mismo martes, el Ejecutivo transigirá con el troceamiento del decreto ómnibus que contiene esa actualización, pero que fue rechazado la semana pasada, por mezclar esa medida con otras disposiciones del llamado escudo social, en especial la prórroga del veto a los desahucios para personas vulnerarables. Esa medida fue pactada por el PSOE y Bildu, pero a ella se oponen el PP, Vox y Junts. Moncloa no renuncia por completo a ella; lo que hará, no obstante, es posponerla para una futura, e incierta negociación, mientras da vía libre a la revalorización de pensiones en solitario, que sí concita el apoyo de todos los partidos en la Cámara.
Se cumple así con el guion anticipado este lunes por elportavoz de Sumar, Ernest Urtasun: la intención es que la revalorización de las pensiones, así como el escudo social, se aprueben «lo antes posible», incluso en el Consejo de Ministros que se celebrará hoy, si bien por separado. El Gobierno se preparó para ello, pues el tiempo apremia.
Si se pretende que los pensionistas sigan cobrando en la nómina de febrero la subida aprobada en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre, hay que pasar por el segundo beneplácito del Gobierno cuando antes debido al rechazo en el Congreso el pasado martes del decreto ómnibus. Quedan dos semanas para que la Cámara Baja le dé su visto bueno con una mayoría suficiente, ya que si se hubiera llevado al Pleno de la última semana de este mes no se llega a tiempo en las nóminas, que deben estar preparadas unos días antes del cobro. Al aprobarse este martes, quedará muy poco margen pero todavía será factible dar luz verde a un alza de pensiones fijada a finales de diciembre en el 2,7% y que, si volviera a paralizarse provocaría graves problemas no solo a los pensionistas. También miles de empresas verían obstaculizada la actualización de las nóminas, ya que el decreto ómnibus es la llave para aplicar las tres alzas de cotizaciones previstas para este año.
Cambio de voto
Todo ello en el supuesto de que el Congreso apruebe la medida, lo que parece completamente viable si PP y Junts cambian el sentido de su voto, como ocurrió el año pasado. Y la manera de que modifiquen su postura es que la revalorización de las pensiones para este año se presente por separado de cualquier medida de las muchas que contiene el decreto ómnibus, en especial, el escudo social. «Pensiones sí, ocupación no» fue el lema coincidente y repetido por los grupos de PP y Junts en el debate parlamentario de la semana pasada.
Pero el voto de Junts es el esencial para dar la vuelta al resultado del pasado día 27 y su condición es concluyente: separar la subida de las pensiones para 2026 de la prórroga de las medidas antidesahucio para personas vulnerables. Finalmente, el partido de Carles Puigdemont ha conseguido su objetivo y se repite al milímetro la misma situación de hace un año, cuando la subida de las pensiones de la Seguridad Social para 2025 se estableció en otro decreto ómnibus con todo tipo de medidas y, en una segunda vuelta, se troceó, para que el alza de las prestaciones saliera adelante.
Así lo ve Sumar, cuyo portavoz Ernest Urtasun explicó ayer que el socio del Gobierno es partidario de desgajar en dos reales decretos las dos medidas del ómnibus que han causado la polémica: las pensiones y el escudo social. Siempre y cuando, el Consejo de Ministros apruebe los dos, es decir, que no se olvide de la prórroga antidesahucios y convenza a Junts de que ésta es positiva.
PNV: proteger a los pequeños caseros
El PNV, por su parte, ya dejó claro ayer que no apoyará un decreto ómnibus con medidas del escudo social y la revalorización de la pensiones si el texto no exime a los propietarios con una vivienda en alquiler de la prohibición de desahucios a personas vulnerables. El PNV votó a favor de la convalidación de ese decreto, pero también se mostró muy crítico por incluir la prohibición de desahuciar a personas vulnerables que vivan en un inmueble propiedad de un pequeño propietario.
