La ‘deuda implícita’ de la Seguridad Social con los futuros pensionistas alcanza una cifra récord que compromete la sostenibilidad y limita futuras reformas del sistema
La factura que la Seguridad Social deberá afrontar en las próximas décadas para pagar las pensiones futuras se ha disparado a una cifra sin precedentes: ocho billones de euros. Este dato, que equivale a cinco o seis veces el PIB de España, ha sido el centro del análisis en el programa ‘La Linterna‘ de COPE, donde el director, Ángel Expósito, ha conversado con la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, sobre las conclusiones de un demoledor informe del Instituto de Actuarios de España.
Durante su intervención, Gómez ha matizado que el sistema no está técnicamente quebrado, «porque el estado está detrás y lo que está haciendo año tras año es pasar dinero de los impuestos que pagamos para pagar pensiones». Sin embargo, ha advertido que «las cifras no cuadran» y que este enorme compromiso financiero «cierra el paso a muchas de estas medidas» de reforma que los expertos llevan tiempo proponiendo para garantizar la sostenibilidad del sistema
Una deuda implícita récord en Europa
El concepto clave detrás de esta cifra es la «deuda implícita«, que representa las obligaciones que el Estado ya ha asumido con los trabajadores que actualmente cotizan y que, en el futuro, tendrán derecho a una pensión. Según el informe ‘Posibles reformas estructurales del sistema contributivo de jubilación en España‘ de los actuarios, este importe ha crecido tanto que España ha pasado a liderar los compromisos de pago de los sistemas públicos entre todos los países de la Unión Europea, por delante de Austria e Italia.
Los actuarios estiman que, de mantener la tendencia de los últimos años, la deuda implícita podría seguir creciendo debido al aumento del número de afiliados, la mayor esperanza de vida y otros factores económicos. «Si continuara la tendencia de los últimos años, la deuda implícita en 2024 podría alcanzar unos 8 billones de euros, unas 6 veces el PIB de ese año y, lo más probable, es que siga creciendo en los próximos años», alerta el informe.
El coste para los ciudadanos
Para poner en perspectiva la magnitud de la cifra, los expertos calculan que si la deuda estimada de 8 billones de euros se repartiera entre la población mayor de edad en España (unos 40,5 millones), cada uno tendría que asumir un coste vitalicio de casi 9.000 euros anuales. A esta deuda implícita se suma la explícita, que ya alcanza los 136.000 millones de euros, resultado de las continuas transferencias que el Estado realiza para poder abonar las pagas, una situación que evidencia que las pensiones se están financiando con impuestos y no con los excedentes del sistema
De hecho, el Gobierno ha tenido que recurrir a diferentes vías de financiación, como el desvío de fondos europeos para pagar pensiones. Esta situación genera una gran incertidumbre sobre el futuro de las pensiones mínimas, aunque la Seguridad Social ha confirmado un complemento para 2026.
Reformas estructurales, no parches
El informe de los actuarios es tajante al afirmar que la elevada deuda implícita hace «prácticamente inviable» una transición a un sistema de capitalización individual, ya que no habría fondos para pagar a los pensionistas actuales. Por ello, concluyen que la situación requiere más que simples ajustes.
Los expertos alertan sobre la inviabilidad del sistema si no se acometen cambios profundos y proponen alternativas como un sistema de cuentas nocionales o un sistema mixto. El objetivo, señalan, es lograr un modelo que, aunque quizás «menos generoso«, sea «más equitativo y, sobre todo, más sostenible» desde el punto de vista financiero a largo plazo.
