El Gobierno ha prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas, hasta que se fije la nueva cantidad para este ejercicio. El objetivo y el compromiso del Ejecutivo es que alcance el 60% del salario medio español. Díaz aseguró a finales de 2022 que, una vez aprobado el SMI de 2023, tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero y abrió la puerta a una revisión de esta renta a mediados de año, en función del comportamiento de la inflación.
El Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para el próximo martes, 31 de enero, para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2023 con la intención de seguir negociando con ellos con el fin de poder llegar a un acuerdo. Está por ver si la CEOE se presentará a la reunión, ya que al primer y único encuentro de esta mesa, el pasado 21 de diciembre, no acudió ante su malestar con Trabajo por la introducción de una enmienda en la Ley de Empleo que daba a la Inspección de Trabajo el control de las causas de los despidos colectivos y por coincidir aquella cita con la celebración de la Junta Directiva de la patronal, la primera tras la reelección de Garamendi como presidente de la CEOE.
La ministra Yolanda Díaz, defiende que el SMI es la medida “más eficaz” para salir de las crisis y “compensar la pérdida de poder adquisitivo” que están viviendo las familias y se ha mostrado partidaria de subir el SMI de 2023 “hacia el tramo alto” de la recomendación del comité de expertos, lo que incrementaría esta renta mínima un 8,2%, hasta los 1.082 euros brutos en 14 pagas. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido que se busque un “buen equilibrio “dentro” de la horquilla de subida recomendada por los expertos, del 4,6% al 8,2%, lo que supondría un incremento de entre 46 € y 82 € al mes, para que sea compatible con la creación de empleo.
CCOO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT. La patronal, por su parte, no se presentó en esa primera reunión, pero remitió un documento en el que proponía un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos mensuales en 14 pagas. Tanto los sindicatos como la patronal insisten en ellos, como agentes sociales, ya han expuesto sus posiciones y cumplido con su papel consultivo, como establece el artículo 27 del ET.
PENSIÓN MEDIA Y SMI
La jubilación de los asalariados supera ya de media los 1.500 euros (1.527,8 € en el RGSS) en enero por la revalorización del 8,5% del IPC y es ya 445 euros más alta que el nuevo salario mínimo que propone Yolanda Díaz que lo ha cifrado en un máximo de 1.082 euros. La pensión de jubilación media de todos los regímenes de la SS alcanza los 1.368,3 euros mensuales, 226 euros a su favor respecto al nuevo SMI. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de diciembre de 2022 –último dato– a 1.462,8 euros mensuales, 368 euros de más respecto al SMI
En los últimos diez años las pensiones han subido, de media, a un ritmo ligeramente mayor a lo que lo ha hecho el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2019 llegó a incrementarse un 22,3%. Hasta seis de cada diez pensiones -retiro, viudedad, incapacidad, a favor de las familiares y de orfandad- están por debajo de los 1.000 euros -SMI en 2023-, mientras que una de cada tres de las de jubilación están también por debajo de esa cifra
La retroactividad de la subida del salario mínimo obligará a las empresas a ajustar los sueldos referenciados a este indicador, actualmente alrededor de 1,8 millones. Los trabajadores afectados, que son aquellos que no tienen convenio, tendrán que recibir la compensación del salario del mes de enero así como la actualización de su nómina del mes de febrero. Si finalmente Díaz decide dar el paso y cerrar un pacto con los sindicatos, puede que no sea la última subida que acomete el Gobierno. Trabajo ha dejado claro en alguna ocasión que está abierto a estudiar un nuevo incremento a mitad de año según cómo vayan evolucionando los precios.
HISTORIA DEL SMI EN ESPAÑA
En esta batalla histórica e interminable por aumentarlo, mucha gente desconoce que fue durante la dictadura franquista cuando se implantó por primera vez en España, mediante la ley de convenios colectivos de 1958. El primer salario mínimo interprofesional se fijó en enero de 1963. Era de 1.800 pesetas mensuales, lo que equivaldría hoy a 10,8 euros.
Cuatro años después experimentó su primer aumento, cuando el régimen franquista decidió que debía comenzar a elevarlo anualmente para evitar su pérdida de valor. Ese año, subió nada menos que un 39,8%, hasta las 2.500 pesetas, pero fue un incremento excepcional. En los años siguientes, las subidas fueron más pequeñas y progresivas, en sintonía con el incremento del coste de la vida.
En base a esto, el SMI se situó en 2.875 pesetas mensuales en 1968; un año después, la cuantía ascendió a las 3.060 pesetas, y a 3.600 en 1970. Todo ello fue posible gracias a la implantación de la industria en España y a las políticas desarrollistas que comenzaron a darse entre finales de los años 50 y principios de los 60 con Franco, cuyo objetivo era reactivar la economía después del periodo de autarquía que siguió a la Guerra Civil.
Durante los últimos años del franquismo, el SMI continuó subiendo y, en 1975, llegó a multiplicar casi por cinco el valor establecido en su primer año, alcanzando las 8.400 pesetas mensuales. Estos incrementos, sin embargo, fueron insuficientes y generaron no pocas protestas por parte de los sindicatos en la clandestinidad, que duraron en la sombra, sin que realmente perturbaran nunca al Estado hasta la muerte de Franco en 1975.
Con la llegada de la Transición se produjo la apertura política y la normalización de las relaciones entre la patronal y los sindicatos. UGT y CC.OO. se legalizaron y adquirieron el protagonismo suficiente como para convocar la primera huelga general en abril de 1978. Se protestaba contra el alto porcentaje de desempleo en Europa (5%) y las pésimas condiciones de vida de los trabajadores. Esto provocó que, hasta 1981, el salario mínimo creciera casi un 205% y, durante el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), sucesor de Adolfo Suárez, se estableciera en 25.625 pesetas.
A partir de este momento el incremento del salario mínimo frena, aunque no por completo, y sigue experimentando subidas en los siguientes cinco años en sintonía con el incremento de los precios. Aunque cueste creerlo, la evolución posterior fue a peor. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), el salario mínimo español sufrió un estancamiento que duró aproximadamente hasta 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla. Y, entre 1993 y 1997, debido a las crisis económicas, se congeló casi por completo, hasta situarse cuatro veces por debajo del salario medio nacional.
En los seis años que van desde 1998 hasta 2004, tan solo se incrementó un 12,62%, llegando a los 460,5 euros. Después llegaron los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (el salario mínimo subió hasta los 600 euros en 2008), Mariano Rajoy (735,9 euros en 2018) y Pedro Sánchez que lo elevó en 2019 hasta los 900 euros mensuales.
