La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, se han reunido con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para intentar desatascar la negociación de la reforma de las pensiones, paralizada desde antes de Navidad, y que debería haberse aprobado el 31 de diciembre.
El 30 de noviembre Inclusión hizo a los agentes sociales su primera y única propuesta: extender el periodo de cómputo de 25 a 30 años y la elección de los mejores 28 años, lo que acompañó de una subida de las bases máximas con el IPC y un aumento adicional anual de 1,154 puntos hasta 2050.
Desde las centrales sindicales y los grupos parlamentarios socios de Pedro Sánchez informan que no hay negociaciones ni formales ni informales desde principios de diciembre y apuntan a esta situación como el problema clave, ya que desde los dos frentes se muestran dispuestos a discutir el asunto más polémico, la ampliación del cómputo.
Los sindicatos, de hecho, han dicho públicamente que la única línea roja que ponen ahora mismo es que el texto esté acordado por los grupos parlamentarios, es decir, que darán su aval a lo que cuente con apoyo parlamentario suficiente, para que no se repita la agónica votación de la reforma laboral, acordada por los agentes sociales, pero que salió adelante en el Congreso sólo por el voto erróneo de un diputado del PP.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha desvelado a la vuelta de Navidad que los sindicatos han planteado al Ministerio de Inclusión una facilitación del acceso a la pensión, que creen muy exigente en España, y que a cambio aceptarían una reforma que entonces considerarían equilibrada. La propuesta de UGT es que se reduzca la exigencia de años trabajados de 15 a 12 y no se impida a quien no haya cotizado dos años en los últimos 15 el acceso a la pensión. “No sólo nos parece bien, sino que vamos más allá, de 15 a 10 años”, ha retado Unai Sordo, secretario general de CCOO. En todo caso, desde las centrales sindicales insisten en que avalarán lo que tenga garantizado el acuerdo parlamentario. Sin embargo, esta negociación con los partidos no se está produciendo, según trasladan desde los grupos.
El pasado miércoles se celebró una reunión del espacio confederal de Podemos en la que se trató la reforma de las pensiones y se buscó una posición común de cara a la reunión de sus ministras con Escrivá a finales de semana. Podemos aunque es firmemente contrario a la ampliación del cómputo se muestran partidarios de aprobar la parte en la que hay acuerdo, la subida de bases máximas, y creen que siempre hay espacio y resquicio para negociar, y que el problema es que no se está produciendo este diálogo.
El Gobierno había prometido a Bruselas que esta reforma estaría aprobada antes del 31 de diciembre y de ella dependen 10.000 millones de euros del cuarto tramo del Plan de Recuperación, uno de los más voluminosos. Si bien la Comisión Europea se muestra flexible con los plazos, la reforma de las pensiones está sobrepasando varias líneas rojas en las formas y en el fondo.
De hecho, hace un año, el Gobierno no solicitó a Bruselas el pago del segundo tramo hasta el 30 de abril de 2022, pero las reformas de aquel momento, más complicadas si cabe que las ahora pendientes, la laboral y la primera parte de la de las pensiones, se completaron en tiempo y forma antes del 31 de diciembre de 2021. Es decir, que los preparativos para la petición llevan tiempo y ahora van mucho más retrasados.
Fuente: Vozpopuli
