«La magia foral nos conduce a un privilegio territorial de una cuantía brutal que todos los años va en aumento»
Pagamos más impuestos que nunca, y especialmente pagamos el IRPF más elevado de la historia. Sin embargo, el ciudadano no percibe que tengamos los mejores servicios públicos de la historia, precisamente. Por otra parte, seguimos teniendo un déficit público que, en 2024 superó el 3% del PIB, 51.267 millones de euros. Usted se estará preguntando dónde está yendo el dinero, pues si hubiese que resumirlo en una sola palabra, ésa sería pensiones. Seguramente usted haya leído muchísimas previsiones y proyecciones sobre el sistema de pensiones y su sostenibilidad.
A finales de enero, el presidente del Gobierno y el lehendakari vasco pactaban la actualización del cupo vasco, que estará vigente hasta finales de año. Lo cierto es que la sobrefinanciación foral depende de la negociación del cupo. Ya durante la mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2016, el cupo no se renovó. Sin embargo, cuando el PP necesitó el apoyo del PNV para aprobar presupuestos en 2017, Rajoy pactó una rebaja retroactiva del cupo para el siguiente quinquenio, el conocido como «cuponazo». Por otra parte, justo dos días después, los empresarios catalanes, por primera vez, se hacían eco de esta sobrefinanciación foral.
Efectivamente, la CAPV es la comunidad autónoma mejor financiada de España con muchísima diferencia. Sólo se le acerca la otra comunidad con un régimen similar de financiación, Navarra. En 2022, el País Vasco contaba con una financiación por habitante de 6.613 euros, casi el doble que la media de las quince comunidades de régimen común. El sistema de concierto o cupo, al que aspira el independentismo catalán, está basado en que la comunidad autónoma, bien directamente, como es el caso de Navarra, o bien a través de las diputaciones forales, caso del País Vasco, recauda la práctica totalidad de los impuestos en un territorio, negociando posteriormente un cupo (o aportación en el caso de Navarra) que debería cubrir su participación en los gastos generales del Estado, los gastos que la Administración del Estado realiza en ese territorio e incluso una aportación a la solidaridad interterritorial.
LA ACTUALIDAD
En el año 2024, el gasto total en pensiones alcanzó aproximadamente los 206.000 millones de euros, y en 2025, con bastante probabilidad sobrepasará los 215.000 millones de euros. Estas cifras suponen casi un 13% del PIB, es decir algo más de uno de cada ocho euros que produce la economía española se destinan exclusivamente a pagar pensiones, lo que supone un 28% del gasto público.
Y esto, ¿cómo se paga? Pues, en teoría con cotizaciones sociales. Si tenemos un sistema de reparto, lo que habría que hacer es repartir el importe de las cotizaciones entre los pensionistas. Pues, el problema es que no da. En 2024, la recaudación efectiva en cotizaciones sociales fue de 153.000 millones de euros, lo que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social, las de clases pasivas, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El MEI es un impuesto, porque a diferencia de una cotización no genera derecho a una pensión futura, pero, incluyamos esos 3.711 millones en la cuenta. No se puede pagar 206.000 millones en pensiones con 153.000 millones de ingresos.
Por eso, la Seguridad Social recibió en 2024 49.019 millones de euros de la Administración del Estado, y le dejó a deber unos 10.000 millones, que se instrumentó como un préstamo. Como se puede ver si se le añaden los 59.000 millones del Estado a los 153.000 millones de cotizaciones, tenemos 212.000 millones, algo más que el pago de pensiones. Aquí tenemos dos cuestiones, los gastos de gestión, y, sobre todo, el famoso «fondo de reserva de las pensiones». Esto, por ser suave, no tiene sentido económico o matemático, sino simplemente propagandístico. Si hay que pedir a la Administración del Estado, de una forma u otra, 59.000 millones, no hay fondo de reserva alguno, ni con las cotizaciones, ni con el MEI. Y si hay que transferir cada vez más dinero, obviamente, el préstamo no se podrá devolver.
En teoría, el Estado sólo debería financiar, con impuestos, las pensiones no contributivas, las de aquellos ciudadanos que no han cotizado un mínimo de años (habitualmente quince) y el complemento a mínimos, es decir complementar aquellas pensiones contributivas para que alcance un mínimo vital. Esto alcanzó en 2024 los 11.000 millones de euros. Pero, los 59.000 millones de desfase total de 2024 son mucho más que 11.000, son cinco veces más.
Si de los 59.000 millones de «apoyo financiero» de la Administración General del Estado restamos 11.000 millones de pensiones no contributivas (y complementos a mínimos) nos quedan 48.000 millones, que vienen a ser una cuarta parte del componente contributivo de las pensiones (unos 195.000 millones). Esto quiere decir que estamos pagando con impuestos (de los contribuyentes de territorio común) un 25% de las pensiones contributivas y un 100% de las demás.
Aquí tenemos un primer problema de equidad territorial: los fondos aportados por la Administración General del Estado para cubrir las pensiones provienen únicamente de los impuestos pagados por los ciudadanos que no residen en territorios forales, es decir, ni en el País Vasco ni en Navarra. Y por supuesto, estos importes no están incluidos en el cupo vasco ni en la aportación navarra. Tomando el ejemplo vasco, el cupo ascendió en 2022, últimos datos completos disponibles, a unos 1.600 millones de euros. Sin embargo, el «ajuste de IVA» que ingresó la Agencia Tributaria, proveniente del IVA recaudado en el resto de España ascendió a 2.800 millones. Un ajuste correcto hubiese sido de unos 800 millones (a favor del País Vasco). Esto significa que, sólo por el ajuste del IVA, el País Vasco, la segunda región con más PIB per cápita de España, no sólo contribuye en nada a la solidaridad interterritorial, sino que percibe recursos fiscales del resto. El caso de Navarra es similar.
Esto, entre otras cosas, implica que cuando un trabajador de Oviedo paga su declaración de IRPF una parte se dedica a complementar la pensión de los jubilados, de Oviedo y de Bilbao. Sin embargo, cuando un trabajador de Bilbao paga su declaración de IRPF (a la Hacienda foral vizcaína), de ahí no va un solo euro a complementar la pensión de ningún jubilado, ni en Bilbao ni en Oviedo. Como cada vez hay que destinar más dinero de los impuestos, como veremos, a sostener las pensiones, estas diferencias, brutales, de financiación, entre los ciudadanos del País Vasco y Navarra y los del resto de España irán aumentando.
Por cierto, como el cupo vasco (y la aportación navarra) son negativas, esto también significa que los vascos y los navarros tampoco contribuyen al pago de los intereses de la deuda estatal. Esto significa que da igual, a estos efectos, que las pensiones de la Seguridad Social las financiemos con impuestos (de los contribuyentes de territorio común, es decir que no residen fiscalmente en País Vasco o Navarra) o con deuda, cuyos intereses se pagarán por el mismo sistema. Tenemos a casi un 6% de la población (País Vasco y Navarra) exenta de financiar una parte, cada vez más importante, del gasto en pensiones. Por supuesto, si esto lo extendemos a Cataluña (que supone un 16,5% de la población y cerca de un 19% del PIB), esto sería inmediatamente insostenible.
¿Qué son esos 48.000 millones de euros? Pues, en primer término, la práctica totalidad del déficit público (51.000 millones en 2024). Esto quiere decir que el déficit público proviene casi exclusivamente del sistema de pensiones. Pero, para hacernos una idea de la magnitud, 48.000 millones de euros equivale a algo más de la mitad de la recaudación del IVA. Esto quiere decir que, manteniendo el déficit público y el nivel de los demás servicios públicos, si el Estado no complementase las pensiones contributivas, se podría reducir el IVA a la mitad. Con eso, un automóvil saldría un 10% más barato, la carne o el pescado un 5%, y una vivienda nueva un 5%. Si se quiere mirar desde el lado del gasto, el importe del gasto en educación, del Estado y las comunidades autónomas, ya no es muy superior a la parte de las pensiones pagadas con impuestos.
EL FUTURO
Hasta aquí, no hay una sola proyección de futuro, todo son datos de pasado. Aquí tenemos dos problemas gravísimos: que no hay margen fiscal ni para reducir impuestos ni para acometer políticas, por ejemplo, política pública de vivienda, si se quiere seguir manteniendo el apoyo del Estado a la Seguridad Social, y no disparar el déficit. Éste es el coste de nuestro actual sistema de pensiones, y lo estamos pagando ya. El segundo problema es que este apoyo dispara las desigualdades y los privilegios forales, y que los nacionalistas con más poder político, los catalanes, están presionando para que se les extiendan a ellos estos privilegios.
Veamos simplemente algunos datos. El primero, todos los años crece el número de pensionistas y la pensión media. El número de pensionista irá creciendo en primer lugar porque aumenta la esperanza de vida. Desde 1939 la esperanza de vida en España ha aumentado todos los años (salvo en 2020), lo que es una excelente noticia, pero tiene la consecuencia de que los pensionistas viven más tiempo cobrando una pensión. La segunda es que hay varios millones de personas en la franja de los 50-60 años (la generación boomer) que se iran jubilando en las próximas décadas. En tercer lugar, la pensión media crece porque según la Airef, de media (y actualizado) cada euro de cotizaciones da lugar a 1,60 euros de pensiones. El resumen es que cada año, el desequilibrio del sistema de pensiones irá creciendo, y esto quiere decir que habrá que destinar más dinero de los impuestos a pagar pensiones.
De aquí sólo se sale con una crisis fiscal o con una reforma que nos adapte al envejecimiento de la población. Para que una reforma como ésta sea posible, es imprescindible un mínimo consenso político. Y lo que estamos viendo al final de este ciclo político es todo lo contrario. Ante un eventual final del ciclo político, el Gobierno no ha optado por recuperar consensos en el sistema de pensiones y acusar a la oposición de no garantizar las pensiones. Habrá que adaptar el sistema al envejecimiento de la población (lo que es un hecho en el mundo entero, pero especialmente en España). Entonces resultará complicado que buena parte de la población lo acepte, porque se les ha hecho creer que el actual sistema de pensiones era sostenible, y, además, sin ningún coste.
Fuente: El elefante en la habitación de las pensiones al final del ciclo político
LA MAGIA DEL CUPO VASCO: ANATOMÍA DE UN PUFO
Veamos a cuánto asciende realmente el cupo vasco y a cuánto debería ascender si se siguiese la metodología de la ley de señalamiento del cupo vasco, sin magia ni trampas. En primer lugar, el cupo base a pagar de 2022 ascendió, tras diversos ajustes, a 1.468 millones de euros. Esto es lo que establece la ley 10/2023 del cupo. Sin embargo, esa misma ley establece también un ajuste de recaudación del IVA, que la Agencia Tributaria ingresa trimestralmente a la CAPV. Este ajuste fue de 2.692 millones de euros, que el País Vasco ingresó. Las Haciendas forales vascas cobraron el 4,64 % del total del IVA recaudado en España. Sin embargo, el consumo vasco fue del 5,4 % del total español. Como el IVA es un impuesto que debería gravar el consumo y no la producción, el Estado debería pagar esta diferencia al País Vasco, un 0,86 % de la recaudación total del IVA, que ascendió a 91.179 millones de euros, es decir, 784 millones de euros. Si se siguiese el mismo criterio con el que se reparte el 50 % del IVA a las comunidades autónomas, y que es el único técnicamente razonable, el País Vasco debería recibir 1.908 millones de euros menos.
Este ajuste, previsto en la ley del cupo, lleva el cupo real a una cuantía negativa de 440 millones de euros (1.468-1.908). Obviamente, esto supone que la segunda comunidad autónoma de España en PIB per cápita no solo no contribuye en nada al gasto estatal, sino que percibe recursos fiscales del resto, que, salvo Madrid, de media son más pobres. Un cupo negativo no tiene sentido económico y es un enorme privilegio territorial, pero queda una segunda pregunta: a cuánto debería ascender el cupo. Esto nos dará la medida del privilegio territorial vasco, al que aspira el nacionalismo catalán.
Si tomamos la ley 10/2023, la CAPV debería contribuir en un 6,24 % a los gastos del Estado que no ha asumido. La primera cuestión que no es correcta es el índice de imputación, ya que, por razones demográficas, el País Vasco ha ido perdiendo peso en el PIB español. En 2022, que son los datos base que toma la ley, el peso del PIB vasco era del 5,83 %.
Veamos cual sería el índice de imputación correcto. La ley señala que el presupuesto de gastos del Estado fue de 347.486 millones de euros. Sin embargo, el 33,03 % de estos gastos se corresponden con competencias que tiene asumidas la CAPV y, por lo tanto, no debe contribuir a su financiación. Estos números se podrían discutir, pero vamos a aceptarlos. A partir de aquí, sobre este importe —las cargas no asumidas por la CAPV—, 232.711 millones de euros, se aplica el 6,24 %, lo que da lugar a un importe de 14.521 millones de euros. Sobre este importe se llevan a cabo varios ajustes, para dejar la cifra en 1.468 millones de euros. Si aplicásemos el índice correcto de imputación del 5,83 %, la cuantía de la que habría que partir sería de 13.567 millones de euros, es decir, 954 millones de euros menos.
Por otro lado, una parte del gasto del Estado se paga con impuestos que no están concertados con el País Vasco y se recaudan allí, o bien se paga con otro tipo de ingresos (por ejemplo, el dividendo de Loterías). Por estos conceptos se restan 3.691 millones de euros (incluyendo 4 específicos para Álava). Probablemente, esta cuantía es excesiva, pero démosla también por buena. Hay otro ajuste más, que es el que explica la cuantía ridícula del cupo, que tras el ajuste excesivo de IVA se convierte en negativa: el ajuste por déficit presupuestario de 9.362 millones de euros. Este ajuste tiene sentido, pero no está calculado, sino negociado. Si el Estado financia con déficit una parte del gasto público, entonces tendrá que pagar intereses de la deuda en el futuro. Los intereses son teóricamente una carga no asumida por el País Vasco. Digo teóricamente, porque con un cupo negativo, realmente no se contribuye en nada, ni asumido ni no asumido. Pero no parece correcto que los contribuyentes vascos, vía cupo, pagasen una parte del gasto, que los demás no pagan, y que luego volviesen a pagarlo por intereses. Esto quiere decir que no habría que tener en cuenta la parte del gasto financiado con déficit.
Pero el déficit total de la Administración del Estado fue en 2022 de 41.036 millones de euros. Este déficit financia tanto cargas asumidas por la CAPV (33,03%) como no asumidas (66,97%). Por otra parte, el País Vasco solo debería financiar el 5,83% de las cargas no asumidas. Por lo tanto, y esto es pura aritmética, el ajuste correcto es el 66,97% del 5,83% de 41.036 millones de euros, es decir, 1.602 millones de euros. La diferencia de ambos ajustes, entre el aritméticamente correcto, y el impuesto por la ley, es de 7.760 millones que el País Vasco paga de menos.
Pero, como hemos visto antes, si tomamos el índice de imputación correcto, no hay que partir de 14.521 millones (el 6,24% de 232.711 millones de cargas no asumidas), sino de 954 millones menos, es decir, de 13.567 millones de euros. Esto significa que la cuantía correcta del cupo no sería de 1.468, sino de 8.274 millones de euros.
Otra forma de calcular este ajuste es restar del gasto total de la Administración del Estado lo que se financia con déficit. Si el Estado se gasta 347.486 millones y tiene un déficit de 41.036 millones, quedan 306.450 millones a pagar con impuestos. De aquí tomamos el 66,97%, que son las cargas no asumidas por la CAPV, y nos quedan 205.229 millones que debe financiar, en parte, en un 5,83%, la CAPV. Esto nos da 11.965 millones de euros. Si de aquí restamos el resto de los ajustes, 3.691 millones, nos quedan exactamente esos 8.274 millones de euros.
Recapitulando, sobre 232.711 millones de euros, que es la parte del gasto estatal a la que el cupo debería contribuir, se imputa un 5,83%, lo que nos deja 13.567 millones de euros. De aquí, se descuentan otros ingresos, que no deben aportar las Haciendas Forales, por 3.691 millones, y nos quedan 9.876 millones de euros. De aquí restamos, no el ajuste «negociado» de 9.362 millones sino el ajuste aritméticamente correcto por déficit, que es 1.602 millones, y nos quedan 8.274 millones de euros.
Una última cuestión: en este cálculo queda un fleco con las pensiones. Una parte de las pensiones se paga con impuestos de contribuyentes de régimen común, que son los que pagan a la Agencia Tributaria. De esos impuestos salen las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Si los números se hiciesen bien estas transferencias estarían incluidas en el cálculo del cupo. Pero hay una parte que no está incluida, que son los préstamos que el Estado hace a la Seguridad Social, y que permiten pagar las pensiones, cuando no llegan ni la recaudación de cotizaciones, ni tampoco las transferencias del Estado. En 2022, estos préstamos ascendieron a 7.992 millones. Por esa razón, habría que imputar un 5,83% adicional e incluirlo en un cálculo mínimamente justo del cupo. Esto supone añadir a los 8.274 millones de euros anteriores 466 millones de euros. El total de cupo a pagar por el País Vasco quedaría en 8.740 millones de euros.
Mediante este mecanismo, el País Vasco estaría cubriendo el 5,83% del déficit total de pensiones en España. Por supuesto, ahora no cubre nada, ni de las del resto de España ni de las del País Vasco, que pagamos el resto de los contribuyentes, y este déficit aumenta año tras año. En 2022, este déficit fue de 33.438 millones, con lo que el País Vasco debería contribuir en 1.949 millones de euros, que son una parte de un cupo de 8.740 millones de euros. La mayor parte de estos 1.949 millones estaría dentro de la contribución a las cargas no asumidas, pero una pequeña parte iría en la participación en el préstamo. Sin embargo, en 2022, el déficit de pensiones en el País Vasco, que tiene las pensiones medias más elevadas de España, ascendió a 4.270 millones de euros. Esto quiere decir que, aunque parezca sorprendente, el cálculo de 8.740 millones de euros es de mínimos.
Llegados a este punto, hemos realizado una balanza fiscal, con un saldo favorable al País Vasco con el resto de España de 9.180 millones de euros, que son el resultado de restar de los 8.740 millones el cupo negativo que ahora aporta el País Vasco de 440 millones. O si lo prefieren, sería el resultado de realizar un ajuste correcto de IVA, en el que el Estado no pagase 1.908 millones que no le corresponden e incrementar el cupo desde 1.468 millones de euros hasta 8.740 millones. Esta cuantía, más de 9.180 millones de euros, es un 11,44% del PIB vasco de 2022, es decir, una de cada nueve euros de lo que se produce en el País Vasco.
La magia foral nos conduce a un privilegio territorial de una cuantía brutal, que todos los años va en aumento, y que corre a cargo de los demás contribuyentes. Por supuesto, no lo podemos extender, aunque solo fuese a Cataluña, sin llevarnos por delante la financiación de los servicios públicos en la mayor parte de España. El próximo día hablaremos de las consecuencias económicas y políticas de estas cifras.
Fuente: La magia del cupo vasco (I): anatomía de un pufo
