El Banco Central Europeo (BCE) advierte a los Estados miembros de que no ayudará a los que no tengan rigor en sus políticas fiscales y de gasto y ha alertado que «esta monitorizando todas las decisiones de todos los Gobierno europeos».
NUEVOS GASTOS PÚBLICOS
Mientras tanto Sánchez tira de chequera y moviliza otros 3.000 millones para el ahorro energético. El Gobierno ya aprobó este martes el plan de contingencia energético. En total, el Gobierno ya ha movilizado más de 35.000 millones de euros en programas para asegurar la seguridad de suministro y protección de los consumidores. Según Moncloa, España es uno de los países europeos que más recursos están movilizando en proporción a su PIB para hacer frente a la crisis energética. Esa plan, que se llama ‘Más seguridad energética’, recoge hasta 73 medidas y recomendaciones para asegurar el suministro y reducir el consumo a las puertas del invierno. Las principales medidas son:
- Nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos que tienen calderas centrales y limitará hasta 2023 el incremento trimestral de precios.
- Refuerzo del bono social eléctrico, que aumenta el descuento aplicado hasta el 65% y el 80%.
- Creación con carácter temporal de la categoría de consumidores con derecho a un descuento del 40% en sus facturas. La medida irá dirigida para trabajadores con ingresos reducidos.
- Duplicar el presupuesto del bono social térmico en 2022 y 2023 para hogares vulnerables. La ayuda media ascenderá hasta los 375 euros por casa y elevará la ayuda mínima a 40 euros.
- Reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos indefinidos que se firmen en Soria, Cuenca y Teruel.
INTERESES DE LA DEUDA
A eso se suma que el alto déficit del país obligará al Estado a salir al mercado a captar 256.930 millones de euros en 2023, lo que supone un 8,2% más que en el año anterior. En sus últimas previsiones el Banco de España proyectó que la deuda de las Administraciones Públicas acabará el año en el 113,3% del PIB, pasando al 110,7% en 2023 y al 109,9% en 2024, y que el pago de intereses por la deuda pública que afronta el Estado se elevará un 25% en los próximos dos años. En la actualidad, España paga en este concepto alrededor del 2,2% del PIB, lo que se traduce en cerca de 27.400 millones de euros. Sin embargo la factura se incrementará hasta el 2,7% del PIB en 2024, elevando los intereses hasta los 33.600 millones, un 25% más que ahora. Esta cifra supone un coste extra de 6.300 millones respecto a lo que el Estado paga en la actualidad en intereses de la deuda soberana
En términos acumulados, el gasto del Estado en intereses de la deuda ya se disparó un 17% entre enero y julio de este año, elevando la factura en 2.311 millones respecto al año anterior (15.810 millones de euros frente a los 13.449 millones en el mismo periodo de 2021). Además, el BCE ordenó el pasado 8 de septiembre otra subida de 0,75 puntos que se sumó a la de 0,50 de julio, con lo que el precio del dinero en la Eurozona queda establecido en el 1,25%, anticipando una subida aún más agresiva del gasto en intereses que afronta el Estado.
UN NUEVO FONDO EUROPEO ANTE LA CRISIS ENERGÉTICA FINANCIADO CON DEUDA COMÚN
En el último año, los países de la UE han anunciado medidas por cerca de 320.000 millones de euros para apoyar a hogares y empresas, un tercio de las cuales (100.000 millones) correspondían a Alemania, según datos recopilados por Bruegel hasta el 21 de septiembre, que no incorporaban aún el macroplan, informa Efe: esto suponía un 2,8 % de su PIB, proporción que subirá con el nuevo paquete (equivalente al 5% del PIB) dejando a Alemania por encima de Italia (59.000 millones, un 3,3 % de su PIB), España (35.500 millones y 2,9 % del PIB) o Francia (71.600 millones, 2,9 % de su PIB).
“Si queremos evitar la fragmentación, si queremos enfrentar esta crisis, creo que necesitamos un mayor nivel de solidaridad y necesitamos establecer algunas herramientas comunes adicionales”, dijo Gentiloni. ¿Y a qué herramientas se refiere Gentiloni? “Por ejemplo, lo que hicimos con el mecanismo SURE durante la pandemia fue una propuesta interesante. Se basa en préstamos, y creo que podría ser realista. Por supuesto, no es algo que discutiremos hoy. Pero quiero dejar muy claro que nuestro objetivo es aumentar la solidaridad, evitar riesgos de fragmentación, no criticar a tal o cual Estado miembro”.
El mecanismo SURE fue una herramienta de 100.000 millones de euros captados por la Comisión Europea en los mercados, distribuidos entre los Estados que lo pedían para sufragar ERTE y suspensión temporal de la actividad de los autónomos durante la pandemia del coronavirus. España tenía adjudicados 21.300 millones de euros del SURE. La idea sería un fondo similar al SURE en cuanto a su concepto –deuda emitida por la Comisión Europea trasladada en préstamos a los países–,y con una finalidad: ser destinado a responder a la crisis –ayudas a familias y empresas– al tiempo que acelere la desconexión de los combustibles de Rusia y la transición energética, lo cual significa inversión en infraestructuras también.
Países como Francia, Italia, Luxemburgo, los bálticos o incluso España han recibido con buenos ojos la propuesta, frente a Alemania y los autodenominados frugales, Países Bajos o Suecia, cuya primera ministra, Magdalena Andersson, pidió la semana pasada en Praga que los países ahorren para poder gastar cuando vienen mal dadas. Además de que el fondo sea en créditos y no subvenciones, los países ricos del norte querrán introducir algún tipo de condicionalidad del fondo para terminar cediendo.
Alemania es la mayor economía de la Unión Europea. La que más músculo financiero tiene y ha decidido poner en marcha un “paraguas” de 200.000 millones de euros para 2022, 2023 y 2024, “para que los jubilados, los empleados, las familias, la gente del campo y de la ciudad puedan pagar sus facturas”, en palabras del canciller alemán, Olaf Scholz.
Mientras, junto con Países Bajos, ha estado frenando la idea de poner un tope al precio del gas importado a la UE, algo que piden 15 países, entre ellos España, a sabiendas de que su músculo económico puede hacer frente a los precios disparados mientras se subvenciona a la ciudadanía para pagar las facturas. Recuérdes que se acaba de aprobar la estrategia RePowerEU, que prevé destinar 20.000 millones de euros en ayudas directas entre los 27 para la adopción reformas energéticas. Unos 20.000 millones que se suman a los 200.000 millones en préstamos a disposición de los países dentro del fondo de recuperación de la pandemia (entre 84.000 millones y 86.000 millones en créditos en el caso de España). Los 27 han decidido nutrir estos 20.000 millones a través del Fondo de Innovación (el 75% del dinero) y de ventas adelantadas de derechos de emisión de CO2 (el 25% restante).
De esta manera, una nueva emisión de deuda conjunta pero las presiones van en aumento, en la medida en que crecen las preocupaciones sobre el enorme gasto de un invierno sin gas ruso mientras se busca acelerar la transición a fuentes de energía alternativas.
