El paro estructural, que depende de cambios profundos en el mercado laboral, se sitúa entre el 12 y el 13% de la población activa en España, el doble que la media de la Unión Europea.
El Banco de España en su último ‘Informe Anual’ atribuye esta tasa al funcionamiento de las políticas activas de empleo, de las prestaciones y subsidios, y de la negociación colectiva. En relación con las políticas pasivas de desempleo (prestaciones y subsidios) apuesta por introducir una reforma del subsidio de desempleo que pasaría por fijar una cuantía decreciente que pueda hacerse compatible con un empleo de manera temporal o permanente, lo que les convertiría en un tipo de “complementos salariales”. Estos cambios podrían estar ligados, entre otros factores, al ciclo económico y el objetivo que el emisor se marca con ellos es el de “facilitar la movilidad laboral y la salida del desempleo”.
Denuncia la extraordinaria y creciente dificultad de conseguir datos reales que reflejen realmente el estado del mercado laboral en España. Es necesaria una mayor claridad en las estadísticas que contabilizan a los demandantes de empleo que están sin empleo (parados no ocupados) por parte de los servicios públicos de empleo.
Por ejemplo, si se quita el maquillaje estadístico a las diferentes publicaciones, tanto del SEPE como de la EPA, se llega a una conclusión de que España ha visto cómo crece su número de parados reales. Según los servicios públicos de Empleo, de 2022 hasta ahora se habrían reducido en 381.760 parados, mientras que, los datos ajustados a la realidad hablan de que el saldo es de 42.156 parados más.
En lo relativo a políticas activas, se decanta por revisar el papel de los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral, por hacer uso de tecnologías que permitan asociar bien las vacantes existentes con los demandantes de empleo, así como por mejorar la formación y adaptarla a la realidad del mercado de trabajo. El emisor cree que podrían ponerse en marcha fórmulas “más flexibles” para la contratar a trabajadores de más edad, por incentivar las recolocaciones, las reconversiones y la formación, así como por incentivar más la jubilación activa para compatibilizar la pensión y el salario.
Avanzar en la definición del despido objetivo
El Banco de España toma como referencia los datos de la OCDE y asegura que las indemnizaciones por despido procedente por causas objetivas (20 días por año trabajado) son mayores que las de algunos de nuestros vecinos europeos y, al mismo tiempo, la indemnización adicional por despido improcedente es menor (33 días por año trabajado). Así, ve imprescindible avanzar en la definición de las causas objetivas de despido.
Si las indemnizaciones por despido improcedente tienen costes “disuasorios y reparativos” (como incorpora el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada) podría incrementarse su cuantía dependiendo de la situación personal de cada trabajador. Esto podría provocar un aumento de la conflictividad judicial por despidos y elevaría la incertidumbre y el coste de estos procesos, lo que acabaría repercutiendo de forma negativa en el empleo. Por ello, en la entidad ven necesario fijar unas reglas de juego suficientemente claras.
Reducción de la jornada laboral
En lo que respecta a la propuesta del Gobierno reducir la jornada laboral sin reducir el sueldo, el Banco de España recuerda que la productividad del trabajo apenas ha mejorado desde la pandemia, mientras que las horas efectivamente trabajadas han registrado un alza “sensiblemente menor”. Por ello, reclama que las empresas y los sectores productivos cuenten con una “amplia flexibilidad” para evitar que esta medida se cebe con los costes laborales o afecta de forma negativa a la productividad y al nivel de empleo.