EL AJUSTE INEVITABLE EN LAS PENSIONES

El Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la OCDE y la Airef, entre otros organismos, advirtieron ya que la última reforma de las pensiones era insuficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema, que empieza a afrontar la masiva jubilación de la generación del “baby boom”: un numeroso colectivo formado por aproximadamente 14 millones de personas nacidas entre 1957 y 1977 que cuentan con carreras de cotización muy elevadas, lo que acarreará pensiones generosas y añadirá aún más tensión a un sistema en números rojos.

 

La Comisión Europea confirmaba este viernes los augurios antes mencionados de distintos organismos en un informe sobre el impacto del envejecimiento que trae malas noticias para España. El estudio asesta un varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez, y del mismo se desprende que nuestro país es de los peor preparados para el envejecimiento de la población y tendrá que aplicar ajustes de 11.700 millones anuales con recortes del gasto o una subida de las cotizaciones de empresarios y trabajadores que penalizaría el empleo. Un ajuste que podría empezar cuando llegue la primera evaluación de la reforma de pensiones pactada con el Ejecutivo comunitario y que se llevaría por delante las proyecciones del exministro Escrivá, y que el Gobierno sigue defendiendo.

 

Bruselas aceptó hace un año un plan con cálculos cogidos con alfileres que evitaba medidas impopulares pese al oscuro horizonte demográfico y la delicada situación de la Seguridad Social. Lo hizo a condición de revisar cada tres años su desarrollo y de que fuesen corregidos los desvíos en sus previsiones. El documento conocido esta semana desmonta las infladas estimaciones del Ejecutivo de Sánchez que, salvo un más que improbable cambio de tendencia, se verá obligado a poner en marcha entre 2026 y 2030 acciones dolorosas, pero ineludibles, que ha intentado esquivar hasta ahora, sobre las que sería deseable un amplio acuerdo político y con los agentes sociales.

 

Las 5 claves del informe de Bruselas

Este viernes, la Comisión Europea presentaba su informe “Ageing Report 2024″. Cada país tenía el suyo, con las previsiones demográficas para las próximas décadas y el efecto que estos cambios sociales tendrán en la partida de gasto más importante de los modernos estados del bienestar europeos: las pensiones.

 

En realidad, lo que dice la Comisión es que el mecanismo de cierre (subida de impuestos) tendrá que aplicarse de forma casi ineludible.

 

En España, como todo lo que tiene que ver con este tema, se ha seguido muy de cerca. Y los titulares de la prensa, a izquierda y derecha, no han sido especialmente tranquilizadores. Prácticamente todos coincidían en una doble advertencia:

  • los técnicos de Bruselas enmiendan la reforma de José Luis Escrivá, por considerarla insuficiente para contener el desequilibrio del sistema;
  • serán necesarios ajustes extra y estos llegarán pronto (antes de 2030 y por unos 11.000-12.000 millones al año).

 

1 – El ajuste es casi inevitable. Todavía tiene que pronunciarse la AIReF (lo tendrá que hacer en marzo de 2025). Pero digamos que el informe de la Comisión deja poco margen de maniobra al organismo fiscalizador, porque tendrá que utilizar los mismos supuestos demográficos y macroeconómicos que han empleado en Bruselas. Esto no es automático, porque la AIReF tendrá que comprobar cómo evolucionan las medidas de ingresos y gastos incluidas en la reforma y que ya están en marcha. Pero las ocho décimas de PIB de diferencia entre el nivel máximo de gasto neto previsto en la reforma de las pensiones, lo que se deriva del informe de Bruselas y el poco tiempo que falta para ese primer informe de la AIReF, apuntan en la dirección de los ajustes.

 

Recordemos que la reforma planteaba un nivel de gasto neto del 13,3% del PIB (de media entre 2022 2050). Ahora la Comisión anticipa que la media será del 15,1% del PIB en ese período. Como el impacto de las medidas de ingresos se estima en un 1% del PIB, nos quedaría un neto del 14,1%: las ocho décimas del PIB (casi 11.700 millones) de las que hablan los titulares.

 

2 – No supone desmontar la reforma de Escrivá, pero casi. En realidad, no. Antes de cambiar de cartera, el actual ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, ya había negociado con Bruselas un mecanismo de ajuste automático para que le dieran el “OK” a su reforma. Como los primeros cálculos del Gobierno no gustaban demasiado a los técnicos de la Comisión, lo que se hizo es introducir una cláusula de cierre: si las desviaciones del gasto eran superiores a las previstas… habría medidas extra. Lo que sabemos ahora es que esas medidas seguramente tendrán que aprobarse.

 

Lo previsto en esas medidas es una negociación con los agentes sociales para aprobar una ley que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente. Si no hubiese esa ley entonces subirá el Mecanismo de Equidad Intergeneracional: es decir, subirán los impuestos al trabajo. Porque eso es el MEI: aunque se le llame “cotización extra” o tenga un nombre muy políticamente correcto, es un impuesto al trabajo que no genera derecho a ningún tipo de pensión en el futuro y que pagan todos los trabajadores, desde el primer euro de sueldo.

 

Recordemos que está previsto que el MEI alcance el 1,2% del salario bruto en 2029. Si hay ajustes por este lado, como prevé la reforma, esa cifra subirá. Tampoco sería tan extraño pues en Francia se aprobó un impuesto similar, que se empezó a aplicar a comienzos de la década de los 90 en el 1,1% y ahora está ya en el 10% del salario.

 

3 – No es un informe pesimista. Una posible acusación a los técnicos de Bruselas sería que han escogido el peor escenario posible y que por eso les sale un gasto público disparado y una reducción de los ingresos. Pero en realidad, podríamos decir que el informe de la Comisión es tirando a optimista. Anticipa un envejecimiento de la población española desde ahora a mediados de siglo (es imposible no hacerlo) pero también plantea incremento en el empleo, crecimiento económico, tasa de empleo y participación en el mercado laboral más elevada, edad de jubilación más alta, inmigración neta de unas 200.000 personas al año o incluso mejora de la tasa de natalidad. Por supuesto, plantea varios escenarios posibles, pero en el que toman como referencia no son ni mucho menos catastrofistas (en realidad, son mejores que las que planteaban en su informe de 2021).

 

4 – La cifra clave. La ratio pensionistas / trabajadores que anticipa Bruselas para 2040 es de 0,61 y que ahora mismo está en el 0,48. Al final todo girará en torno a esta relación. Y también porque es complicado que cambie demasiado. Quizás el cuadro más importante de todo el documento sea el que recoge la Tabla 14. En el mismo vienen las cifras de población previstas para las próximas décadas. Si anticipar cómo será España en 2070 es complicado, pronosticar los datos en 2040 no lo es tanto. Salvo un cambio radical (para bien o para mal) en el número de inmigrantes o alguna catástrofe, las tendencia demográficas para ese año son más o menos previsibles.

 

Y lo que la comisión dice es:

  • Número de pensionistas: 9,98 millones en 2022 y 13,49 en 2040
  • Trabajadores: 20,58 millones en 2022 y 22,20 en 2040
  • Personas de más de 65 años: 9,63 millones en 2022 y 14,64 millones en 2040
  • Personas entre 20 y 64 años: 28,93 millones en 2020, 27,85 millones en 2040

 

A partir de ahí, cada uno puede hacer sus cuentas. ¿Podría haber más trabajadores y más personas entre 20 y 64 años? Podría ser. Con mucha más inmigración de la prevista (y la que se prevé es muy elevada) o incrementando todavía más la tasa de empleo (que ya se anticipa que subirá).

 

En el lado de los mayores, es más complicado anticipar una sorpresa. Ya sabemos (más o menos) cuántos ancianos habrá en España en 2040.

 

Las matemáticas están claras. Como las pensiones del presente las pagan los trabajadores del presente, ahora mismo a cada persona con un empleo le toca pagar algo menos de la mitad de la pensión media. En 2040 (y queda apenas década y media para eso), lo que tendrá que abonar (ya sea vía cotizaciones, con impuestos ya existentes, recargos de solidaridad, etc…) estará cerca de los dos tercios de la pensión media. Y eso si las cosas, en términos de empleo o población, no son peores que lo previsto por la Comisión.

 

5 – Esto es sostenible al menos en teoría. De hecho, el mecanismo de cierre de la reforma de Escrivá plantea un escenario, desde un punto de vista matemático, irreprochable. Si no hay dinero para pagar las pensiones, subiremos los impuestos al trabajo.

 

Por supuesto que España puede destinar más porcentaje del PIB al pago de pensiones. Para lograrlo sólo tiene que:

  • reducir el gasto en el resto de las grandes partidas del Presupuesto o
  • subir los impuestos.

Cualquiera de estas dos medidas tendría consecuencias pero no podemos decir que sean “imposibles”. Por ejemplo, subir los impuestos tiene un impacto en la competitividad, el crecimiento económico y el empleo: pero las pensiones se seguirían pagando.

 

También hay otra opción, reducir el gasto en pensiones, que se puede hacer por tres vías:

  • recortar las actuales pensiones;
  • recortar las futuras pensiones, endureciendo las condiciones del cálculo de las cuantías de las pensiones (ejemplo, subiendo el período de cotización del cálculo de la pensión);
  • recortar el número de los futuros pensionistas obligándoles a trabajar hasta más allá de los 65-67 años.

 

La primera alternativa se ha demostrado muy complicada de plantear. Podemos estar casi seguros de que las otras dos estarán encima de la mesa en los próximos años.

 

ENLACE AL INFORME

 

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