El “agujero negro ” del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se desconocen las cifras oficiales desde hace 3 meses

El 16 de diciembre la Seguridad Social publicó la última nómina conocida hasta la fecha con los datos de la prestación aprobada en mayo de 2020. En aquella ocasión, el Ministerio difundió los datos de las cantidades abonadas en el último mes del año, por un total de 110 millones de euros, incluidas las que se pagaron con carácter retroactivo, alcanzando en conjunto un coste de más de 518 millones de euros. En líneas generales, informaron de haber recibido algo más de un millón de solicitudes, que dieron lugar a 160.000 prestaciones a hogares en los que viven 460.000 personas, de las que el 47% son menores de edad, según los datos oficiales. Así, medio año después de su puesta en marcha, el alcance del IMV se quedaba muy por debajo de las estimaciones iniciales, que apuntaban a 850.000 hogares beneficiarios y 1,2 millones de personas en total.

Escrivá ha reconocido recientemente que el Ingreso Mínimo Vital no llegará “ni de lejos” -en sus propias palabras- a esas cifras. En cualquier caso, el ministro aseguró que la prestación está en continua evaluación y ajuste, de ahí que ya se hayan aprobado un puñado de modificaciones en los requisitos para ampliar su cobertura, y además no se descartan mejoras en la tramitación parlamentaria. También anunció que a principios de 2021 se publicaría un balance de la prestación más exhaustivo, algo que, entrado ya el mes de marzo, todavía no se ha producido. Fuentes del departamento aseguran a La Información que la publicación de las últimas nóminas se hará efectiva en los próximos días, en el marco de una evaluación global de la medida que se está preparando, pero evitan concretar cifras o fechas.

Es cierto que el pasado viernes, durante el acto celebrado con la consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia para la transferencia de las competencias del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco, Escrivá adelantó unas tímidas cifras, señalando que el IMV ya tiene más de 200.000 hogares reconocidos como beneficiarios. En ellos viven más de 500.000 personas, de las que la mitad son menores, “lo que destaca la incidencia que está teniendo esta prestación en la lucha contra la pobreza infantil”, señaló el ministro. Se habría producido, por tanto, un incremento de 40.000 hogares beneficiarios en dos meses, modesto si se tiene en cuenta que la Seguridad Social recibe del orden de 12.000 solicitudes semanales. En cualquier caso, hay que insistir en que las cifras adelantadas por Escrivá no se han difundido en una nómina oficial, algo que llama la atención porque la Seguridad Social sí publica todos los meses los datos de otras nóminas abonadas, como la de las pensiones.

Escrivá ya avanzó, cuestionado por la ineficacia de la medida, que en torno a la mitad de las solicitudes recibidas estaban siendo rechazadas por no cumplir los requisitos, esencialmente de renta. Es decir, que la Seguridad Social está denegando una de cada dos peticiones porque los solicitantes superan el nivel de ingresos fijado en la normativa, que debe ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia (desde los 469 euros al mes para el caso de un hogar formado por un adulto, hasta los 1.033 euros al mes para familias con varios miembros). El ministro aseguró que se iba a revisar este requisito, para permitir que la ayuda llegue a más hogares en situación de necesidad económica, pero este hito todavía no se ha producido.

Sí se han hecho no obstante, otros cambios para mejorar la prestación y hacerla más accesible. Los últimos, en el Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero, cuando se modificaron los requisitos para facilitar la percepción de la ayuda a los hogares compuestos por varias familias que comparten un mismo domicilio y también a las personas sin hogar o aquellas que residen en varios lugares de manera itinerante, aceptando la posibilidad de que los servicios sociales y algunas ONG puedan acreditar el cumplimiento de algunos requisitos. En paralelo, el Ministerio continúa analizando la casuística de situaciones que se han generado en la tramitación y pretende, a través de esa evaluación que se publicará en los próximos días, aportar  “información privilegiada para mejorar la norma en la medida de las posibilidades que ofrece la tramitación parlamentaria, que en este momento se realiza en el Congreso de los Diputados”, según consta en una respuesta parlamentaria consultada por La Información.

Una docena de enmiendas de UP

La discusión está servida. Los socios del Gobierno de Unidas Podemos han manifestado públicamente -y se quejan en privado de manera frecuente-  que los cambios aprobados hasta ahora por Escrivá son insuficientes. El Grupo Parlamentario ha presentado una docena de enmiendas al proyecto de ley del IMV para  “mejorar y solventar las deficiencias” de la prestación. Desde la formación defienden que el del IMV es un proyecto de ley de “enorme importancia” por ser “la última red de seguridad para las personas más vulnerables”, pero consideran que un Gobierno progresista no se puede permitir que esta prestación “funcione mal” y “no llegue a todas las familias a las que tiene que llegar”. Tras seis meses de reclamaciones, la formación morada ha optado por acudir al Congreso.

Unidas Podemos recoge en sus enmiendas algunas de las principales quejas que se han emitido estos meses desde sindicatos, servicios y entidades sociales. Entre ellos, recientemente, Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han denunciado el “sufrimiento” y la “desesperación” de los más de un millón de solicitantes del Ingreso Mínimo desde junio y han urgido al ministro Escrivá a realizar cambios en el sistema. A través de un comunicado, lamentan que el “mayor avance en protección social de los últimos tres lustros” se esté “desangrando” por “procedimientos complejos y una errática gestión” que, a su juicio, está “abocando al abandono a los doce millones de personas que malviven en la pobreza” en el país.

Fuente: La Información

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