Permite subvencionar el coste del despido de trabajadores de programas de empleo
Hasta ahora, la norma lo prohibía explícitamente
Una de cal y otra de arena para los orientadores laborales tras la reforma de las políticas de empleo. Un colectivo de miles de trabajadores especializados en encontrar empleo a los parados, pero que se ve especialmente afectado por la precariedad laboral a la que el Ministerio de Trabajo quiere poner coto, aunque lo ha hecho con un giro inesperado: subvencionando las indemnizaciones por despido de los que trabajen con un contrato indefinido en estos programas financiados con dinero público. Ello a pesar de que, hasta ahora, esta posibilidad estaba explícitamente excluida.
A diferencia de lo ocurrido recientemente con la nulidad de los despidos por solicitar una adaptación de jornada, esta rectificación no se puede achacar a un error. Aparece claramente en un proyecto en real decreto colgado en la web del departamento que dirige Yolanda Díaz y cuyo trámite de consulta pública finalizó el pasado 1 de agosto. Ahora solo queda esperar que reciba luz verde definitiva del Consejo de Ministros y se publique en Boletín Oficial del Estado (BOE).
Es teto incluye entre las subvenciones de costes salariales ligadas a estos programas para ayudar a los parados, especialmente a aquellos con mayores dificultadas, «las indemnizaciones que las Administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro tengan que afrontar como consecuencia de la extinción, por las causas que legalmente procedan, de contratos indefinidos realizados en el marco de los programas de políticas activas de empleo, si bien en proporción al tiempo que haya durado dicha vinculación».
Solo se abonará la cuantía del coste del despido en función del tiempo que el trabajador estuviera ligado al programa. Aun así, el ahorro para quienes hagan contraten indefinidos para desarrollar sus programas es evidente. No queda claro si se aplicará en ceses que se produzcan después, ni tampoco pone coto a las causas, lo que abre la puerta a un aluvión de despidos de esos trabajadores en cuanto los programas terminen. Esto tendrá que precisarse en desarrollos reglamentarios posteriores, lo cual abre aún más la incertidumbre.
La nueva redacción pone en el foco a los orientadores profesionales, que Díaz pretende convertir en protagonistas de su reforma de las políticas laborales. Un colectivo de más de 30.000 personas que trabajan para administraciones pero también empresas privadas y ONGs con una función de ‘sherpas’ acompañando a los desempleados a encontrar mejores oportunidades profesionales pero que sufren en sus propias carnes una precariedad, ya que la mayoría de sus empleos son eventuales.
No son los únicos, la mayoría de los trabajadores de estos proyectos financaidos con dinero público destinados a colectivos con mayores dificultades de empleabilidad lo hacen en condiciones laborales deplorables. A ello influye que las administraciones públicas, en especial los ayuntamientos, reciben fondos para ejecutar programas para los que carecen de efectivos, así que los externalizan en ONGs de todo tipo y sin demasiado control sobre los contratos con los que trabajan sus asalariados. Uno de los grandes problemas de las políticas activas de empleo que la última reforma, subvencionada con los Fondos Next Gen, no parece haber resuelto.
Una rectificación sin explicaciones
Aunque Trabajo no explica a qué se debe el cambio, si la idea es incentivar empleos indefinidos ‘abaratando’ el coste de despedir va en dirección contrario a todo el discurso político manejado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
La pregunta obvia es por qué no se subvenciona los contratos indefinidos en lugar de los despidos. Pero el caso es que ya lo ha hace desde el ‘Real Decreto 818/2021 por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo’, al que la norma actual pretende sustituir.
El artículo 35 de aquella norma especificaba que «se compensarán los costes salariales del personal directivo, formador y de apoyo que hayan sido seleccionados y contratados para el correspondiente proyecto, incluidos los originados por las cuotas del empleador a la Seguridad Social por todos los conceptos, incluyendo desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional». Y se precisa que «cuando proceda», se incluirán también los costes del personal de la plantilla «que haya adquirido la condición de fijo o contratado indefinido de las entidades beneficiarias».
Eso si, la norma a la que Yolanda Diaz dio luz verde en 2021 incluía un matiz que se borra con el nuevo texto: «no se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato, así como las que, en su caso, se puedan establecer en la normativa europea correspondiente.»
¿A qué se debe la rectificación? Para las entidades del tercer sector resulta costoso hacer contratos indefinidos en el marco de programas ligados a iniciativas públicas cuya duración es incierta y, en ocasiones, depende del color político del Gobierno autonómico o local de turno. Aunque este problema afecta también a las propias administraciones (sobre todo las locales) que contratan directamente a los orientadores.
Paradójicamente, la supresión de los contratos temporales por obra y servicio en el marco de la reforma laboral (una modalidad usada para estos proyectos) ha complicado aún más la situación, lo que explicaría que Trabajo haya ‘suavizado’ el coste de los empleos indefinidos permitiendo que se subvenciones el despido junto al resto de costes laborales.
En cualquier caso, Trabajo no ha dado más explicaciones de los motivos de este cambio, ni en el nuevo texto ni en la memoria de análisis de impacto que lo acompaña, que ni siquiera da una estimación del coste de subvencionar las indemnizaciones. De hecho, niega que el nuevo real decreto «implique la dotación de nuevos fondos ni la creación de nuevos conceptos presupuestarios, puesto que su financiación se ajustará a las dotaciones anuales del Servicio Público de Empleo Estatal». También que derogue normas anteriores, aunque en los referentes las subvenciones de despido el cambio es indiscutible.
Fuente: El Economista Díaz se desdice y ‘abarata’ con dinero público el despido de los ‘sherpas’ laborales (eleconomista.es)