El sanchismo ha despachado una política clientelar sin medida y sin otro rumbo que la supervivencia personal hasta convertirse en el campeón de los récords negativos
España cerró 2023 con una ratio de deuda pública sobre el PIB del 107,7 %, la cuarta más elevada entre los países de la Unión Europea, mientras que su déficit se situó en el 3,6 % del PIB, el décimo más abultado entre los Veintisiete. Hablamos de uno de los peores rendimientos del club comunitario, que rubrica y agudiza las enormes losas que lastran el desarrollo económico del país. Ese 3,6% supone seis décimas por encima del límite que marcan las normas de disciplina fiscal europeas, lo que provocará que la Bruselas abra un expediente sancionador por el desvío presupuestario.
Con toda seguridad, Moncloa restará relevancia y alcance al lastre extraordinario de este gravoso desequilibrio, si es que se digna a valorarlo. Para entender la dimensión del pasivo asfixiante que el sanchismo nos ha legado en estos cinco años, basta exponer algunas otras cifras, confirmadas también por el Banco de España. El endeudamiento de las Administraciones Públicas se ha disparado a ritmo de récord y, por primera vez en la historia, ha superado los 1,6 billones de euros –por encima del hito alcanzado el pasado mes de enero de 1,583 billones–, con una tasa de crecimiento del 5,4% en términos interanuales, 82.416 millones de euros más, casi 20.000 millones solo en febrero. La izquierda en el poder ha propiciado que cada español nazca ya con 30.000 euros en el debe, y que España pague 40.000 millones solo en intereses, a distancia de las partidas presupuestarias de Sanidad y Educación juntas.
El escenario es dramático y las alarmas que resuenan cada vez con mayor intensidad en Bruselas a cuenta de las reformas gubernamentales, como la de las pensiones – las peores perspectivas a largo plazo– y la laboral –líderes en paro–, resultan ya indisimulables tras unos años de condescendencia de las autoridades comunitarias con la deriva del Gobierno en la materia.
El discurso del éxito de Pedro Sánchez, sus eslóganes de «vamos como una moto», o «de récord en récord», nos parecen dolosos a la vista de los datos, además de un estafa política a la ciudadanía gracias a la retórica milagrera, el maquillaje de los datos y la opacidad. La valoración empeora incluso por la ejecución lastimosa, torpe y sombría del mayor estímulo monetario y fiscal de la historia, además de los fondos Next Gen, bajo sospecha de Bruselas y con una intensa fiscalización en curso.
El sanchismo ha despachado una política clientelar sin medida y sin otro rumbo que la supervivencia personal hasta convertirse en el campeón de los récords negativos: deuda, pobreza, desempleo, precariedad laboral, pérdida de poder adquisitivo, presión fiscal, gasto político y asesores e inflación. El porvenir se mide en una sencilla ecuación como es que lo que debemos crece el doble de lo que generamos. Lejos de prosperar, nos empobrecemos. La izquierda ha hipotecado el futuro de varias generaciones.
La reforma de las pensiones española, demasiado cara para Bruselas
La Comisión Europea calcula que España será uno de los Estados miembros donde habrá un mayor incremento del gasto en las pensiones. Prevé que aumente en 3,3 puntos del producto interior bruto (PIB) en 2050 y en cinco puntos en 2070, según un informe que ha publicado este viernes el ejecutivo comunitario sobre las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población de la Unión Europea. El motivo de este incremento, señala el estudio, se debe a la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno liderado por Pedro Sánchez.
Concretamente, el documento de Bruselas señala que los motivos principales del aumento de este gasto son la indexación de las pensiones en el índice de consumo de precios (IPC) y la eliminación del factor de sostenibilidad que recogía la ley sobre las jubilaciones de antes de la última reforma. Además, los incrementos provocados por estas dos modificaciones sólo se verán en parte compensados por el nuevo mecanismo de incentivos para alargar la edad efectiva de jubilación y un aumento de las contribuciones estimadas por la nueva legislación española de pensiones.
En este sentido, el estudio compara lo que debería gastarse el Estado en pensiones con la anterior normativa y con la actual. Antes de la reforma, Bruselas calcula que el porcentaje del PIB destinado a pagar las jubilaciones en 2050 sería del 14%. Por el contrario, con la nueva normativa el porcentaje se eleva al 17,3%, y en 2070 sólo habrá caído hasta el 16,7%.
En ambos casos, la Comisión Europea constata que el gran incremento que deberá afrontar el Estado se debe a la jubilación de la generación del baby boom y al rápido envejecimiento de la población del Estado, si bien últimamente se está viendo compensado por un mayor aumento de los salarios que el de las pensiones y una mayor tasa de empleo.
El informe publicado por Bruselas no es vinculante y se trata sencillamente de un cálculo sobre qué puede suponer en términos presupuestarios la reforma de las pensiones. Ahora bien, supone un toque de atención importante al gobierno español si se tiene en cuenta que el Estado está a la espera de recibir el cuarto tramo de los fondos de recuperación cóvido (unos 10.000 millones de euros), que está ligado, precisamente, en la segunda parte de la reforma de las pensiones y en la sostenibilidad de esta nueva legislación.
Además, las previsiones de gasto de las pensiones son similares a las que había calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que es el organismo español encargado de analizar cada tres años si la reforma se comporta en términos fiscales tal y como se ha previsto. De hecho, en contra de lo que defiende el ejecutivo de Pedro Sánchez, esta entidad ya previó pocos días después de la aprobación de la nueva legislación que no recaudaría lo suficiente para compensar el gasto que debería afrontar.
De esta manera, y más ahora con los datos de Bruselas en mano, el Airef anticipa que deberá activarse el mecanismo de ajuste automático, que, de hecho, ya prevé la reforma del gobierno. Este mecanismo implica revisar las medidas desplegadas vinculadas con el gasto, pero también con los ingresos como el incremento de las cotizaciones y retocarlas en caso de desviación de las previsiones elaboradas.
En este sentido, ya pesar de los cálculos de Bruselas, fuentes del ministerio de Seguridad Social insisten en que la reforma de las pensiones es “equilibrada”, y que la valoración importante y vinculante será la que haga el Airef en el 2025 Así pues, el gobierno español confía en que la “buena salud” del mercado laboral haga aumentar las cotizaciones y que las jubilaciones anticipadas se reduzcan de forma “extraordinaria”.
El comisario Gentiloni respalda la reforma de pensiones del Gobierno, porque “el mecanismo de ajuste funcionará”
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, responsable del examen para desbloquear los fondos europeos prefiere se inclina por respaldar la reforma de pensiones del Gobierno a pesar de las críticas, pero porque confía en que el mecanismo de ajuste que prevé como último recurso para cuadrar las cuentas se hará efectivo y “funcionará”. Así se ha expresado durante una comparecencia en la noche del lunes ante la comisión conjunta de Economía y Presupuestos del Parlamento Europeo al ser preguntado por los parlamentarios sobre su opinión de la reforma española.
La eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva, recalcó al socialista italiano que diferentes instituciones, incluido el Banco de España, consideran que la reforma del anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no cuadra las cuentas ni siquiera con el mecanismo de ajuste, llamado “cláusula de cierre” que prevé ingresos extra a partir de 2025, si hay desfase sobre los cálculos previstos. “En la Comisión Europea tenemos un punto de vista diferente, creemos que ese mecanismo de ajuste funcionará”, replicó Gentiloni.
No obstante, el italiano concedió que puede estar equivocado y que no sea suficiente: “El tiempo lo dirá”. Ese mecanismo prevé una subida adicional de cotizaciones para intentar contener el déficit y, aunque Escrivá aseguró el pasado octubre que no sería necesario activar esta cláusula de emergencia, Gentiloni dio a entender que sí y que es un factor decisivo para aprobar la reforma.
Con su comparecencia, Gentiloni mostró implícitamente que aceptará oficialmente en breve la reforma de pensiones del Gobierno, pese a que las críticas de varios organismos y expertos se ha unido un informe de su propio departamento sobre envejecimiento en la UE publicado el pasado viernes, el llamado Ageing Report, que presenta a España como el que mayor gasto en pensiones registrará de toda la UE en las próximas décadas. También es el país que lanzará, junto a Chipre, una mayor subida de cotizaciones para intentar tapar el agujero, pero sin llegar a conseguirlo.
Este apoyo de Gentiloni es decisivo para que España pueda recibir el mes que viene un visto bueno a su solicitud de cuarto pago de los fondos europeos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha solicitado 10.000 millones y la reforma de pensiones es, junto a la ley de vivienda, un requisito fundamental para recibir el dinero. También es importante la reforma del subsidio de desempleo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha logrado aún sacar adelante, pero el Gobierno no descarta que eso implique un recorte temporal de los fondos europeos pendientes de recibir.
En cambio, un suspenso a la reforma de pensiones aprobada el pasado año sería un mazazo mayor que el Gobierno quiere evitar y Gentiloni, con sus palabras, disipa. La tendencia de la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen ha sido hasta ahora de laxitud y de dar un aprobado prácticamente general a las reformas para que la distribución de fondos europeos no se interrumpa.
Tanto Poptcheva, como la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, y el rumano del Partido Popular Europeo, Siegfried Muresan, han preguntado a Gentiloni y al vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, cómo es posible que vayan a aceptar esta reforma de pensiones tan cuestionada.
Poptcheva les ha recriminado que harán perder “credibilidad” a la Comisión Europea si la aceptan y que traspasarán el problema al siguiente Gobierno español por no atajar a tiempo una mala reforma. Dombrovskis ha resaltado, no obstante, que, en caso de desfase el Gobierno tendrá que presentar un plan de ajuste para cumplir las reglas de déficit y ha subrayado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal deberá evaluar en 2025 la necesidad del citado mecanismo de ajuste.
El Gobierno ya afila la tijera para el recorte en pensiones
Pese a que el informe sobre el Envejecimiento de la Población –Aeging Review– publicado por la UE la semana pasada, obliga al Gobierno a un recorte de casi 12.000 millones de euros en el gasto en pensiones, el Gobierno insiste en que no bajará la actual cuantía de las mismas. ¿Miente el Ejecutivo? Lo que hace es no contar la verdad, porque ese ahorro de 12.000 millones sólo puede producirse por dos vías: bajando el importe de las actuales pensiones y suprimiendo determinadas prestaciones o endureciendo las condiciones para el acceso a las pensiones futuras, lo que no deja de ser un recorte encubierto. Al mismo tiempo, lo que hará el Ejecutivo es seguir elevando las cotizaciones sociales para tratar de cuadrar unas cuentas que para la UE son imposibles de cuadrar sin un tijeretazo.
Lo más hipócrita de todo es que fue la anterior vicepresidenta económica Nadia Calviño quien fabricó el documento en el que se contempla un recorte de 12.000 millones de euros para no quebrar el sistema. Corrió a cargo de la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía con el concurso de técnicos del Banco de España.
El actual titular del Departamento, Carlos Cuerpo -nombrado por Sánchez a sugerencia de Calviño- estaba al tanto de su contenido, por lo que no puede ponerse de canto. El informe fue remitido a la Comisión Europea y está sellado en diciembre de 2023, cuando se produjo el relevo de los responsables al frente de la cartera. En realidad, el informe de la UE lo que viene a subrayar es la necesidad de recortar sustancialmente el gasto en pensiones y avala su recomendación en el hecho de que fue el propio Gobierno de Sánchez quien asumió el tijeretazo. En suma, que el Ejecutivo está tratando de escurrir el bulto para no admitir que es él quien plantea un recorte en las pensiones. De modo que vienen curvas, porque se endurecerán los requisitos para la jubilación, por mucho que el Gobierno pretenda volver a vendernos una burra coja.