La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el «colapso» de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para trámites como la solicitud de la pensión de jubilación o el paro.
La organización ha advertido de que este colapso se materializa en «demoras generalizadas y falta de disponibilidad en numerosas provincias«. Estas conclusiones se han llevado a cabo después de un análisis en oficinas de 26 provincias españolas, con seis intentos durante dos semanas para conseguir una cita previa en la Seguridad Social para pedir la pensión de jubilación.
De acuerdo con los resultados de la OCU, en más de la mitad de los intentos fue imposible conseguir una cita en la misma ciudad. «De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos«, afirma la OCU, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Plazos de más de un mes en el SEPE
Posteriormente, la OCU realizó un nuevo análisis en el SEPE para pedir cita previa para solicitar la prestación por desempleo, el paro. La organización reconoce que los resultados son mejores que en la Seguridad Social, pero la situación «dista de ser razonable«.
Así, mientras que en Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia, en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecían entre 28 y 32 días después, «plazos que conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite ‘online’, aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas».
Fin de la cita previa obligatoria
Ante este panorama, OCU ha insistido en que debe ponerse fin a la cita previa obligatoria para atención presencial, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes. Hasta que esto ocurra, la organización considera imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.
Asimismo, la OCU demanda que las principales oficinas de la administración dispongan de mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales. Además, propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica.
El ‘boom’ de jubilaciones satura la Seguridad Social y los expedientes resueltos caen un 60%
El INSS pasa de 12.367 a 4.552 resoluciones semanales en plena sobrecarga del sistema y falta de medios
El aumento de jubilaciones y la falta de medios ya tensionan de forma clara la capacidad de la Seguridad Social para resolver los expedientes de alta de los pensionistas. Los datos oficiales remitidos por el Gobierno muestran una caída superior al 60% en el ritmo de resolución en apenas tres semanas, un descenso que coincide con un mayor volumen de altas y con advertencias sobre retrasos en la tramitación.
La información procede de una respuesta parlamentaria del Gobierno . En la respuesta, vinculada a una pregunta del Grupo Popular, el Gobierno proporciona un desglose semanal de las resoluciones de expedientes de jubilación en las últimas doce semanas y hasta el 8 de febrero de 2026. Es la primera vez que se dispone de una serie continua que permite observar el comportamiento real del sistema en un periodo reciente y no a través de datos agregados anuales.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alcanzó un máximo de 12.367 resoluciones en la semana del 12 al 18 de enero. A partir de ese momento, la actividad se reduce con rapidez hasta 4.552 en la semana del 2 al 8 de febrero. No se trata de una pequeña oscilación, sino de una caída abrupta que rompe la tendencia al alza de diciembre y principios de año y refleja una desaceleración clara.
Retraso de los expedientes de jubilación
En conjunto, el organismo resolvió 98.842 expedientes en doce semanas, con una media de unas 8.200 resoluciones semanales. Sin embargo, ese promedio oculta una dinámica inestable. El sistema responde con intensidad en momentos de alta carga, pero no logra mantener ese nivel en el tiempo. La transición entre el máximo y el mínimo en pocas semanas evidencia esa falta de continuidad.
Este comportamiento se produce en un contexto de aumento de altas de jubilación con impacto directo en el gasto. La entrada de nuevos pensionistas, con bases de cotización más altas, eleva el coste medio de las prestaciones, mientras que las bajas —en su mayoría por fallecimiento— reducen importes inferiores. La diferencia entre las nuevas prestaciones y las que se dan de baja ya supera los 500 euros. Este desequilibrio no solo afecta a las cuentas públicas, también aumenta la carga administrativa, al crecer el número de expedientes y su complejidad económica.
Las altas no se producen de forma uniforme todos los meses y hay picos vinculados a las decisiones de los pensionistas. La segunda mitad del año, y especialmente diciembre, concentra un mayor número de jubilaciones. Muchos trabajadores retrasan su salida del mercado laboral para beneficiarse de la revalorización anual, la actualización de bases conforme al IPC y el cobro de pagas extraordinarias. Este comportamiento desplaza el volumen de trabajo hacia el inicio del año siguiente y explica el pico registrado en enero.
Pregunta parlamentaria
Una vez absorbido ese volumen inicial, el sistema muestra dificultades para sostener el ritmo. La caída posterior sugiere que la capacidad operativa es suficiente para gestionar picos puntuales, pero no para mantener un flujo constante cuando la presión se prolonga.
La publicación de estos datos responde a una pregunta parlamentaria registrada por el Grupo Popular en el Congreso, que alertaba de posibles limitaciones operativas y bloqueos de hecho en la tramitación. El Gobierno no reconoce incidencias estructurales en su respuesta, pero sí aporta la información necesaria para observar una desaceleración evidente en el ritmo de resolución.
A la presión de la demanda se suma un problema interno en la estructura del organismo: la Seguridad Social arrastra desde hace años un envejecimiento de su plantilla y una reposición limitada de efectivos. Una parte significativa de los empleados se encuentra en tramos próximos a la jubilación, reduciendo la capacidad disponible y dificultando la transmisión de conocimiento en áreas clave de gestión.
Cuello de botella en la Seguridad Social
Además, el organismo ha asumido nuevas funciones en los últimos años, como la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —entre otras prestaciones—, que recae en el propio INSS y exige una tramitación compleja, con comprobaciones adicionales y mayor carga administrativa. Estos expedientes son gestionados en muchas ocasiones por los mismos recursos humanos que se utilizan para resolver jubilaciones.
Un expediente se considera resuelto cuando recibe validación final, lo que implica una fase de fiscalización que actúa como filtro. Si esa última etapa no mantiene el ritmo de entrada de solicitudes, se genera un cuello de botella que reduce el número de resoluciones semanales, aunque el resto del proceso funcione con normalidad.
Sobrecarga de trabajo
Las grandes provincias concentran la mayor parte de las resoluciones —Madrid supera las 11.900 y Barcelona las 10.000 en 12 semanas—, mientras que otras registran volúmenes muy inferiores. Aunque el tamaño de la población explica parte de la diferencia, también refleja una capacidad operativa desigual que puede traducirse en tiempos de tramitación distintos según el territorio.
En un contexto de crecimiento sostenido de las altas, la clave no es solo cuánto se resuelve, sino la capacidad de mantener un flujo constante. La evolución observada en las últimas semanas introduce una señal de alerta. Si la desaceleración se consolida, el sistema puede entrar en una fase de acumulación progresiva de expedientes que termine trasladándose a los tiempos de espera.
Fuente: El boom de jubilaciones satura la Seguridad Social: La resolución de expediente cae un 60%
