La Comisión desconfía del impacto del nuevo mecanismo de equidad y ve demasiado optimista el ahorro previsto. Advierte de que la reforma no es sostenible pero no la analizará hasta dentro de un año, a las puertas de las elecciones generales
La Comisión Europea ha advertido a España del riesgo de un “agujero fiscal significativo” en el sistema de pensiones, por lo que ha instado al Gobierno a completar todas las medidas pactadas en este ámbito para garantizar su sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Bruselas se refiere con este llamamiento a la necesidad de completar la segunda parte de la reforma de pensiones comprometida con la Comisión para la segunda parte del año
A pesar de ello ha avalado el segundo tramo del Plan de Recuperación. Esto significa que ha dado el visto bueno a los hitos y reformas que el Gobierno se comprometió a tener aprobadas el pasado 31 de diciembre.
En concreto, cree “plausibles” las estimaciones del Gobierno español que apuntan a un aumento del gasto en pensiones en 2050 equivalente a 2,7 % PIB, pero considera optimistas las previsiones sobre el ahorro derivado del alargamiento de la edad efectiva de jubilación, que España sitúa a mitad de siglo entre un 1,1 % y un 1,6 % del PIB.
La Comisión pone su lupa, en particular, en el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y afirma que “es probable que derive en un incremento importante del gasto público en proporción al PIB con el paso del tiempo”. Plantea dudas profundas sobre la sostenibilidad de las pensiones tras la indexación de las mismas con el IPC. La estrategia de hechos consumados del ministro del Gobierno español es asumida por la Comisión Europea, pero desde la Comisión se advierte de que la reforma de las pensiones no es sostenible, de que se va a analizar y de que puede haber consecuencias.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dijo en mayo que la parte más polémica de la reforma se analizará “el año que viene”. Técnicamente será justo dentro de un año, a finales de junio de 2023, cuando, como ahora mismo con el segundo tramo, la Comisión evalúe el cuarto tramo, el que finaliza el 31 de diciembre de 2022. Y cuando la indexación con el IPC lleve año y medio en vigor, ya se haya producido la primera indexación, que puede suponer cerca de 14.000 millones adicionales de gasto, y cuando el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pretende hacerla sostenible y que Bruselas ve insuficiente, esté vigente desde seis antes.
Por ello desde la Comisión Europea se ha planteado que la reforma se analizará a finales de año, este diciembre, a pesar de que el calendario oficial establece que será a finales de junio de 2023. Será entonces cuando se analice el citado MEI, una subida de cotizaciones sociales de 0,6 puntos acordada con los sindicatos a espaldas de CEOE sobre la que además de la Comisión, cuestionan que haga sostenible la reforma la OCDE, el FMI, el Banco de España, BBVA Research, Fedea y Standard & Poor’s.
Desde la Comisión han aludido a la que reforma por la que los autónomos coticen según sus ingresos reales, debe estar aprobada antes del 30 de junio y las reformas para aumentar el cómputo del cálculo de las pensiones y la de elevar las bases máximas de cotización deben empezar a negociarse ahora y cerrarse el 31 de diciembre.
