Invertir en la pensión española es, individualmente, un buen negocio. La pregunta es a costa de quién
Sostuve hace unos días, en este mismo medio, que la pensión pública española es para casi todos los perfiles un negocio mejor que cualquier producto financiero contratable en el mercado: el jubilado recibe en pensiones un múltiplo de lo que aportó. La columna llevaba un cuadro con seis perfiles y una conclusión incómoda: los extremos —pensión mínima y máxima optimizada— ganan mucho; el cotizante medio aparecía como técnicamente neutro, ni pierde ni gana. Para que la cuenta cupiera en el espacio de una columna simplifiqué un dato y lo advertí entonces: imputé toda la cotización social al seguro de jubilación, cuando en realidad la cotización financia varias coberturas distintas. Hoy hago la cuenta sin esa simplificación. La conclusión no cambia: se afina, y al afinarse se hace más sangrante para las cuentas públicas. El cotizante medio también gana, pero sigue siendo el menos favorecido del cuadro; el orden de las ventajas no se altera; lo que crece es el tamaño del agujero que el sistema deja a las cohortes que vienen detrás.
De cada cien euros que paga la nómina al INSS bajo el rótulo de «Seguridad Social», apenas cincuenta y cinco compran pensión de jubilación. Los otros cuarenta y cinco compran cosas distintas: paro, accidentes laborales, incapacidad permanente, baja por enfermedad, viudedad, una garantía salarial por si quiebra el patrón, y un impuesto finalista para formación profesional cuya rentabilidad social sigue esperando que alguien la encuentre. Son seguros. Algunos buenos, otros mediocres, ninguno gratis. Conviene aclarar de entrada que la sanidad pública no está en este reparto: desde 1986 se financia con impuestos generales, no con cotizaciones. Lo que la nómina llama «Seguridad Social» es un paquete cerrado del que la sanidad lleva cuarenta años fuera.
Tributos disfrazados
Pongámosles precio. El seguro de desempleo, que cuesta un siete por ciento sobre la base, es generoso por arriba y caro de mantener: setenta por ciento del salario seis meses, cincuenta hasta dos años, sin equivalente privado en España. El de accidentes laborales, en torno al uno y medio por ciento, está alineado con el workers’ compensation anglosajón. La cobertura de viudedad y orfandad equivale, traducida al lenguaje actuarial, a una renta vitalicia con reversión al cónyuge: producto que un asegurador privado vendería con un recargo del veinte por ciento sobre la prima de una renta simple. Incapacidad permanente y enfermedad común costarían algo menos en el mercado privado, pero las coberturas públicas son más amplias. FOGASA y formación son tributos disfrazados: pagamos casi un uno por ciento por dos servicios cuya factura el cotizante medio nunca verá rentabilizada; el segundo, además, sostiene una maquinaria gestora —la antigua Fundación Tripartita, hoy FUNDAE— en la que sindicatos y patronal llevan décadas instalados con notable comodidad.
Sumadas, estas primas equivalen a unos diecisiete puntos sobre la base de cotización. No son un robo: son aproximadamente lo que costaría asegurar esos riesgos en un mercado competitivo, con la salvedad notable de la formación profesional. El cotizante paga, pues, por seguros razonablemente tarificados. Pero los paga empaquetados con tan poca transparencia que jamás sabrá cuánto le cuesta cada uno por separado, ni —y esto es lo importante— cuánto le cuesta el conjunto.
Trocear la factura
La opacidad no termina ahí. Si usted cobra dos mil euros brutos al mes según la nómina, su empresario produce con su trabajo dos mil seiscientos cuarenta y tres. La diferencia, seiscientos cuarenta y tres euros, figura como «Seguridad Social a cargo del empresario» y se nos vende como un coste que asume el patrón, cuando es evidentemente parte del precio que está dispuesto a pagar por usted. Lo paga usted, vía menor salario nominal. Sumando ambas partidas, casi un treinta por ciento de su producción se va al Estado antes incluso de que aparezca el IRPF, y mucho antes de que aparezcan el IVA y los demás tributos al consumo cuando empiece a gastar lo que le quede. La nómina española, redactada según las reglas del Estado, está diseñada para que usted crea que aporta el seis y pico por ciento cuando aporta el veintinueve. Lo expliqué hace unos meses en estas mismas páginas, en La era de la transparencia. Vuelvo sobre ello porque la mecánica es la misma: trocear la factura para que el ciudadano no pueda sumarla.
Y aquí viene lo interesante. Cuando se rehace el cuadro restando esos otros seguros —imputando a la jubilación solo lo que financia jubilación—, los números mejoran sustancialmente para todos los perfiles, y la rentabilidad implícita —la TIR del flujo cotización-pensión— se vuelve, en algunos perfiles, sencillamente espectacular. Invertir en la pensión española es, individualmente, un buen negocio. La pregunta relevante no es esa, sino a costa de quién, o si no lo está pagando uno mismo por otro lado.
| Perfil | Aportación a jubilación (€) | Valor pensión (€) | Diferencia | TIR anual |
|---|---|---|---|---|
| Mínima – Hombre | 51.400 | 233.300 | +354 % | 17,5 % |
| Mínima – Mujer | 51.400 | 274.200 | +434 % | 19,3 % |
| Media – Hombre | 203.200 | 371.900 | +83 % | 5,8 % |
| Media – Mujer | 203.200 | 433.900 | +114 % | 6,4 % |
| Máxima – Hombre | 339.700 | 805.900 | +137 % | 6,9 % |
| Máxima – Mujer | 339.700 | 941.800 | +177 % | 7,7 % |
Aportaciones imputables a jubilación (≈55 % de la cotización social total) capitalizadas al tipo del bono español a diez años. Valor presente de la pensión calculado al mismo tipo, con esperanza de vida del INE a los 65 años. La TIR es la rentabilidad anual nominal que iguala el flujo de cotizaciones con el flujo de pensiones. No incluye sanidad ni otros bienes en especie.
Léase el cuadro fila a fila. La pensión mínima sigue siendo el negocio descomunal que ya describí: una rentabilidad anual del orden del dieciocho por ciento, allí donde el bono español a diez años paga un tres y medio. La máxima optimizada se queda en torno al siete y medio, cifra que cualquier fondo privado firmaría sin pestañear. El varón medio, que en la columna anterior aparecía como técnicamente neutro, también gana —un ochenta y tres por ciento más de lo aportado al seguro de jubilación, una TIR cercana al seis—; pero, mírese el cuadro como se mire, sigue siendo el perfil menos favorecido. Cuanto más cerca del centro, peor el trato. No hay primos en el sentido de quien pierde, pero el orden de privilegio no se altera: lo cobran más los extremos, lo cobra menos el centro, y la diferencia entre lo que cada uno aporta y lo que cada uno recibe la pagan, como siempre, las cohortes que vienen detrás. Apunto, sin extenderme aquí, que a la pensión hay que sumar otros bienes en especie que el jubilado sigue recibiendo gratis —sanidad universal, transporte bonificado, exenciones varias—; pero ése es otro cuadro y otro artículo.
El recorte de Zapatero
Hay un segundo plano que conviene no pasar por alto, porque alcanza al núcleo del contrato. Las pensiones son un sistema de prestación definida: el Estado se compromete a pagar una cantidad determinada según unos parámetros —años cotizados, base reguladora, edad de jubilación—. Cuando esos parámetros se modifican, lo que el Estado está haciendo es una quita implícita sobre la deuda contraída con el cotizante. Cuando Zapatero alargó la edad ordinaria de jubilación de sesenta y cinco a sesenta y siete años, recortó del orden del quince por ciento el valor presente de esos derechos, considerando solo el efecto del aplazamiento; sumando los demás cambios paramétricos del mismo paquete —período de cómputo y años necesarios para el cien por cien—, la quita agregada para las cohortes plenamente afectadas se acerca al veinte. Es una bajada de las pensiones futuras, nos guste el lenguaje o no, aunque las cuentas públicas la justifiquen. Si lo hiciera un empresario privado con un compromiso post-empleo a sus trabajadores sería ilegal sin compensación económica presente, según la propia normativa contable y laboral que redacta el Estado. La intuición de que modificar unilateralmente el valor de un compromiso ya hecho lo deshonra no es liberalismo angloamericano de manual: está en Mariana, en Soto, en Azpilcueta, cuatro siglos antes de Adam Smith. Tradición española de la que el Estado, paradójicamente, no se acuerda.
Saber lo que se debe y lo que se paga
Tres propuestas para acabar con el equívoco. Primera: enviar al cotizante una factura desglosada, anual, donde figure cuánto ha pagado por cada cobertura concreta y, comparativamente, cuánto cuesta esa cobertura en el mercado privado equivalente cuando existe. Segunda: publicar para cada cotizante el valor presente de sus derechos consolidados, calculado actuarialmente, como hace cualquier aseguradora con sus pólizas. Tercera: cuando una reforma paramétrica modifique esos derechos, comunicar al cotizante el coste de la reforma, en euros y al día, como una quita expresa. Que cada uno sepa lo que le deben, lo que paga y lo que se le ha recortado.
Ninguna de las tres medidas es ideológica. Son contabilidad básica aplicada al sector público. Y ninguna se aplicará. La transparencia, ya lo escribí en otra ocasión, no se la encarece a nadie en política. Pero la aritmética, que sigue siendo la misma para todos, no necesita su permiso.
