El departamento que dirige José Luis Escrivá acumulaba 1.645.000 bajas de trabajadores por incapacidad temporal derivadas del coronavirus a 28 de septiembre, frente a los 748.266 contagios contabilizados por el Ministerio de Sanidad hasta esa misma fecha.
Con todo, resulta necesario hacer algunas aclaraciones al respecto de las cifras. La primera: de los más de 1,64 millones de bajas laborales por incapacidad temporal derivadas de Covid-19 contabilizadas por la Seguridad Social, solo 444.150 (el 27%) se corresponden con infecciones confirmadas mediante diagnóstico PCR y el resto, más de 1,2 millones (el 73%), son casos de aislamiento con baja médica aunque no dispongan de una prueba positiva en coronavirus, ya sea por ser contactos directos o por estar enfermos pero no haberse hecho PCR. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que las incapacidades temporales se atribuyen a personas en edad de trabajar, de modo que solo se tiene en cuenta a la población de entre 16 y 65 años, lo que implica que la cifra real de potenciales infectados estaría por encima, habida cuenta de que el virus ataca especialmente a los más mayores.
El propio ministro Escrivá apuntó que la duración media de estos procesos es de 18 días, un periodo que se ha reducido respecto al pico de la pandemia, cuando se situaba en 21 días. Entonces, entre marzo y mayo, las bajas laborales por Covid triplicaban la cifra oficial de contagios del Gobierno. Cierto es que en los primeros meses de emergencia sanitaria la capacidad de hacer test PCR era más limitada, lo que podría justificar la brecha por los aislamientos preventivos, pero también es verídico que se sigue manteniendo la misma proporción: solo 1 de cada 4 trabajadores de baja es positivo en coronavirus y el resto son aislamientos preventivos por contacto directo o enfermos que no han podido hacerse la prueba.
Hay otra evidencia, y es que las bajas por incapacidad temporal causadas por la Covid-19 han ido evolucionando al compás del desarrollo de la propia pandemia, de manera que empezaron a remitir a finales de mayo y durante los meses de junio y julio, coincidiendo con el proceso de ‘desescalada’, pero se dispararon a mediados de agosto con la segunda oleada de contagios. El resultado de los rebrotes que cada vez toman más fuerza a lo largo y ancho del mapa son 150.000 trabajadores acogidos a una baja en estos momentos. La curva muestra, además, un crecimiento más acelerado de las bajas ahora que antes del periodo estival.
Como resultado de este repunte en las bajas, la factura de la Seguridad Social se ha disparado. El desembolso en incapacidad temporal ha pasado de 34 millones de euros en junio o 46 millones en julio a triplicarse en agosto al alcanzar los 144 millones de euros. En septiembre, con los rebrotes en pleno apogeo, el gasto volvió a crecer otro 28% en términos intermensuales, hasta los 185 millones de euros, por encima del nivel de mayo (170 millones), aunque lejos todavía de los 566 millones de euros que se llegaron a desembolsar en el pico de abril. En total, desde mediados de marzo, la Seguridad Social se ha gastado 1.369 millones de euros en estas bajas.
El detalle del recibo Covid en seis meses y medio de pandemia (de mediados de marzo a finales de septiembre) es el siguiente: 5.218 millones de euros en exoneraciones de cotizaciones de los ERTE; más 4.138 millones en prestaciones para autónomos; más otros 2.203 millones en descuentos de cuotas para estos trabajadores por cuenta propia; más los 1.369 millones de euros de las bajas por incapacidad temporal. Esta última partida es la menos cuantiosa pero, como se observa en el desglose de la factura,la única que en lugar de mantener la senda descendente ha vuelto a crecer con fuerza en los últimos dos meses y amenaza con seguir haciéndolo si la situación sanitaria no se controla y el virus continúa expandiéndose entre la sociedad.
Llama la atención, por la propia naturaleza de este gasto y su implicación directa con la situación sanitaria, que la factura de las bajas es la única de todas las que desembolsa la Seguridad Social con motivo Covid que ha vuelto a crecer en agosto y septiembre, mientras el resto de los gastos se han ido reduciendo paulatinamente. Es el caso de las exoneraciones de los ERTE o las prestaciones y exenciones de cuotas a autónomos, cuyos importes se han ido recortando progresivamente desde el mes de junio, a medida que se ha ido recuperando la actividad económica y se ha ido replegando el ‘escudo social’. Como ejemplo, el mayor gasto se produjo con los ERTE en abril, cuando la Seguridad Social se hizo cargo de 1.233 millones de euros en cotizaciones sociales de las empresas, cantidad que en septiembre se vio menguada hasta los 452 millones de euros.
La baja para padres, en el limbo
En total, el gasto acumulado hasta la fecha por la Seguridad Social (sin incluir el coste de las prestaciones de paro a los trabajadores afectados por ERTE, que corre a cuenta del SEPE) asciende a 12.928 millones de euros. La falta de liquidez obligó al Gobierno a conceder préstamos extraordinarios por valor de más de 30.000 millones de euros este verano y no es ningún secreto que las limitaciones presupuestarias preocupan cada vez más tanto a Escrivá como a la vicepresidenta Nadia Calviño. De ahí que la responsable de Asuntos Económicos haya frenado una de las medidas que más ha dado que hablar en los últimos meses: la ampliación de la cobertura de las bajas laborales a los padres que tengan que quedarse al cuidado de hijos en aislamiento preventivo por Covid en el cole, pero sin PCR positiva.
“Hemos abierto un diálogo con los agentes sociales para recabar su opinión y nos hemos dado un tiempo para evaluar la situación después de la apertura de los colegios”, indicaba recientemente Escrivá tras el Consejo de Ministros. Pero la medida lleva en el limbo desde antes de la ‘vuelta al cole’ y ha sido objeto de declaraciones contradictorias entre varios miembros del Gobierno. Ahora, con la factura de las bajas disparada, se antoja aún más complicado que el Ejecutivo dé luz verde a una ampliación de la cobertura para los casos mencionados. Mientras desde la secretaría de Estado de Derechos Sociales que cuelga de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, defensor de esta medida, aseguran que saldrá adelante “en breve”, otras fuentes gubernamentales sostienen que las restricciones presupuestarias para autorizar esta prestación extraordinaria obligan a contemporizar la decisión en vista de que el cierre de aulas no está siendo masivo a día de hoy.
