A pesar de los récords de recaudación, el Gobierno debe dedicar cada año un mayor porcentaje del presupuesto para los pagos a los jubilados, en detrimento de otras partidas «sociales».
La grave denuncia del Tribunal de Cuentas de que el Gobierno desvió en el año 2024 recursos «excedentes» de los fondos Next Generation entregados por la Unión Europea para el pago de las pensiones ha vuelto a sacar a la luz la insuficiencia de recursos disponibles para financiar el creciente gasto público en prestaciones por jubilación. ¿Cómo es posible que un Estado que recaudó ese año 654.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales, lo cual supone un 38% más que al principio del mandato de Pedro Sánchez, tuviera que hacer ingeniería contable para poder pagar las pensiones, que ese ejercicio ascendieron a 200.000 millones?
La respuesta es multifactorial, pero la causa principal es la decisión política, en el año 2021, de revalorizar estas prestaciones al mismo ritmo que la inflación, como había recomendado casi por unanimidad la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, pero sin asegurar la manera de financiar ese mayor gasto. El resultado, previsible y del que alertaron la mayoría de los expertos sin éxito, es que el coste para las arcas públicas de mantener a las clases pasivas se ha disparado exponencialmente y las cotizaciones a la Seguridad Social cada vez cubren un menor porcentaje del coste anual de las pensiones. En el ejercicio de 2025, la nómina de las pensiones aumentó en unos 13.000 millones de euros aproximadamente, pero los ingresos del sistema sólo lo hicieron en unos 11.300 millones.
Además, factores como la jubilación de la generación del Baby Boom, la entrada en el sistema de pensiones más elevadas producto de mayores cotizaciones durante la etapa activa y el aumento de la esperanza de vida media han contribuido a agravar el desequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social. Tanto es así que Hacienda ha tenido que ir aumentando progresivamente los préstamos para cubrir el abono de las pagas extra, lo que ha disparado el endeudamiento de este organismo por encima de 136.000 millones.
Como consecuencia de todo ello, el Estado dispone hoy de un menor margen de maniobra para medidas discrecionales que en 2018. Lo cual explica que las demandas para elevar la inversión en sanidad, en políticas de vivienda o en becas y ayudas a las familias no sean atendidas por un Ejecutivo que ha hecho bandera del aumento del «gasto social». Sencillamente, la vaca no da para más porque los compromisos estáticos, entre los que sobresalen el servicio de la deuda y las pensiones, absorben cada año más porcentaje del Presupuesto.
De hecho, el 38,14% del alza de la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales desde 2018 (68.000 millones de euros sobre un total de 178.300 millones) ha ido directamente a financiar el mayor gasto en pensiones. En casi todos los ejercicios estos desembolsos han crecido al doble que el resto del gasto estatal, mientras que partidas como la educación o la vivienda han registrado aumentos mucho más modestos.La subida anual del gasto en pensiones equivale aproximadamente a sumar el presupuesto de los ministerios de Vivienda, Cultura, Universidades y Ciencia, y es más del doble del importe que destina anualmente el Estado a becas. Lo cual confirma la paradoja de que, a pesar de contar con mayores ingresos, el Estado debe dedicarlos a prestaciones monetarias en vez de a las políticas transformadoras, que las que debían financiar los fondos europeos, que Sánchez y su entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, usaron para abonar las pensiones.
Pesada herencia
A diferencia de otras partidas de corte social, que se pueden ajustar, reorganizar o aplazar ante situaciones sobrevenidas en función del estado de las finanzas públicas, el pago de las prestaciones de jubilación es un compromiso ineludible, blindado por ley. Y cada subida anual de las pensiones genera una base de cálculo mayor sobre la que aplicar los incrementos posteriores, dejando una pesada herencia para los próximos gobiernos y las generaciones futuras.
Debido a este carácter rígido, el Gobierno ha terminado siendo rehén del cortoplacismo electoralista con que Sánchez ha gestionado las pensiones desde que llegó al poder, asegurando su revalorización al ritmo que el IPC incluso durante episodios como la espiral de precios entre 2022 y 2023.
