Las dos concentran más del 30% del déficit del sistema de nóminas contributivas
Su gasto supera en 12.000 millones a lo aportado en cotizaciones en ese territorio
Los ingresos por cotizaciones sociales están lejos de cubrir los gastos en los que incurre el Estado para abonar las pensiones contributivas de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Según los datos de julio publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este desequilibrio asciende a 38.200 millones de euros, siendo Cataluña y Andalucía los territorios que generan más del 30% de este agujero.
El sistema público de pensiones está diseñado de manera que los trabajadores generan derecho a una serie de aportaciones a través de las cuotas a la Seguridad Social que asumen ellos y sus empleadores, mientras que las nóminas de carácter asistencial se financian a través de los impuestos. No obstante, el déficit generado por el peso de las pensiones sobre los ingresos del sistema, sobre todo de las de jubilación, ha obligado al Gobierno a hacer transferencias millonarias a la caja común para poder asumir el pago de las nóminas contributivas.
Se trata de una bolsa conjunta y solidaria, por lo que es el Estado el que asume este esfuerzo a partir de los Presupuestos Generales. Si bien, existen sendas diferencias en la contribución que hacen cada uno de los territorios a este desequilibrio, lo que viene dado por la situación de su mercado laboral (tasa de paro y el umbral salarial de los trabajadores) y por el envejecimiento de su población, que se traduce en que haya más pensiones por jubilación y también por invalidez.
Los registros del departamento que encabeza Elma Saiz detallan cómo se distribuyen geográficamente las obligaciones (pagos) y los derechos (ingresos) reconocidos. En este cuadro, Cataluña se posiciona a la cabeza como el territorio que más gasta en pensiones contributivas (18.800 millones de euros) y también como el que más ingresa en concepto de cotizaciones sociales (12.555 millones), lo que deja una diferencia que representa el 16,53% del desequilibrio de las cuentas a nivel nacional.
Andalucía se ubica en segundo lugar, con un gasto en prestaciones por jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares que supera los 14.600 millones y que los ingresos por cotizaciones sociales (5.643 millones de euros) no han conseguido cubrir. Esta diferencia concentra algo más del 14% del conjunto del déficit de pensiones, de forma que el resultado de los ingresos y gastos en estos dos territorios explican algo más del 30% del desajuste de la caja única.
La situación de Madrid, en cambio, es muy diferente. El territorio es el segundo que más presupuesto ha destinado hasta julio al abono de estas pensiones después de Cataluña (14.891 millones). No obstante, los trabajadores que cotizan en Madrid aportan más recursos que los ubicados en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, lo que hace que la diferencia entre los ingresos y los gastos ubicados en la región que preside Isabel Díaz Ayuso sea tres veces inferior a la anotada en Cataluña.
En el resto de comunidades autónomas el gasto efectuado en los siete primeros meses es mucho más reducido, sin embargo, este va más o menos aparejado con el volumen de ingresos por cuotas a la Seguridad Social, lo que impide que la contracción del gasto pueda llegar a compensar parte del déficit del sistema o incluso a evitar que estas regiones también contribuyan a agravar el equilibrio de las cuentas.
Todas las comunidades autónomas (y también las ciudades) sin excepción desembolsaron más dinero del que ingresaron por cotizaciones sociales. En el caso de Ceuta (16 millones) o Melilla (12 millones), situadas en la parte inferior de la tabla el desarreglo se limita a una decena de millones de euros, mientras que Baleares (301 millones), La Rioja (333 millones), Murcia (571 millones), Navarra (647 millones), Canarias (682 millones), Cantabria (882 millones) o Extremadura (897 millones) mantienen los números rojos por debajo de la barrera de los mil millones de euros.
En todos los casos, la partida de las pensiones de jubilación es la que tiene mayor peso dentro del esquema de gastos. En Cataluña supera los 14.000 millones de euros, en Madrid los 11.000 millones de euros y en Andalucía los 10.000 millones, unas cantidades que se espera que no dejen de crecer en la próxima década, como consecuencia de la llegada de la generación más multitudinaria de la historia, los denominados babyboomers a la edad de jubilación.
La reforma de las pensiones emprendida por José Luis Escrivá busca compensar parte de esta presión con un aumento de las cotizaciones sociales a través de la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la carga a los salarios más altos denominada cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas de cotización. Estos cambios han sido introducidos de forma progresiva desde el año 2023 para reforzar los ingresos durante las próximas décadas, no obstante, no consiguen paliar el hecho de que las pensiones de acceso son en promedio más elevadas que los salarios de los trabajadores en activo.
Es por ello que el departamento de Elma Saiz está tratando de impulsar nuevas medidas en materia de pensiones para no solo reforzar el esquema de ingresos sino atenuar parte del gasto. A los incentivos para retrasar el acceso a la jubilación una vez alcanzada la edad legal para hacerlo, el Ministerio de Seguridad Social quiere sumar fórmulas para que aquellos que se encuentran jubilados elijan volver a desarrollar una actividad a tiempo parcial. Esta opción había sido denominada hasta ahora como jubilación flexible, si bien, la cartera ha propuesto renombrarla como reversible.
El último acuerdo de diálogo social de este área de 2024 recogía el compromiso del Gobierno de presentar una propuesta para animar a los jubilados a complementar su pensión con un empleo a tiempo parcial. La cartera de Saiz trasladó a los agentes sociales antes del verano un documento que no convenció a los representantes de los sindicatos ni de la patronal, no obstante, lo sometió al procedimiento de audiencia pública en el mes de julio y ha manifestado su voluntad de aprobarlo en Consejo de Ministros «en las próximas semanas». Si bien, en la reunión mantenida este lunes se abrió a incorporar algunas de las aportaciones de los interlocutores.
