El Gobierno mejorará la pensión a los jubilados que vuelvan a trabajar
El Congreso prepara la jubilación voluntaria de los funcionarios hasta los 72 años
La política populista y de corto plazo ha elevado un 51% desde 2018 el coste de las jubilaciones.
El Ministerio de Seguridad Social prepara medidas para incentivar el regreso de jubilados al mercado de trabajo como una de las vías de aminorar el insostenible crecimiento del gasto público en pensiones. En línea con lo que anuncian gobiernos de otros países europeos, se pretende convencer a quienes todavía estén en condiciones de desempeñar una ocupación profesional con plenas facultades para que se reincorporen a la población activa, incluso si lo hacen por cuenta propia como autónomos.
Para ello, el departamento que dirige Elma Saiz estudia rebajar la jornada mínima que deberían realizar los jubilados que vuelvan a tener una ocupación profesional y ofrecer un complemento extra a la pensión que aumentaría de manera gradual en función del trabajo efectivo realizado. También abre la puerta a aquellos que se vieron impelidos a una jubilación forzosa y decidan volver al mercado de trabajo por esta vía para que sean compensados con una mejora de la prestación que perciban cuando vuelvan a jubilarse.
En suma, un catálogo de incentivos bien orientados para recuperar parte del talento sénior que ha optado por el retiro en los últimos años y, de paso, aliviar en parte la abultada nómina de las pensiones públicas, que el pasado mes de agosto ascendió a la cifra histórica de 13.620 millones de euros al mes. Desde 2018 el coste de las prestaciones de jubilación se ha incrementado un 51%, acelerando el desequilibrio del sistema público de previsión, que precisa cada año de mayores préstamos extraordinarios del Ministerio de Hacienda, lo que ha disparado a niveles récord el endeudamiento de la Seguridad Social.
Algo que se debe a la desastrosa reforma de las pensiones aprobada por José Luis Escrivá en su etapa como ministro, que se focalizó en consagrar por ley la revalorización anual de las pensiones con el índice de precios, pero sin incorporar medidas que dotaran de mayores ingresos al sistema. El equivalente contable a empezar una casa por el tejado, con el agravante de que, en el caso de la Seguridad Social, los cimientos financieros ya estaban muy dañados cuando se optó por una política tan populista y de corto plazo. Habría sido más prudente, y desde luego más sostenible, haber aprobado primero medidas como las que ahora plantea el departamento de Elma Saiz para garantizar el margen presupuestario necesario para poder financiar cualquier subida que se pudiera plantear del importe nominal de las pensiones.
