No hay afiliación automática y las cifras de planes privados están entre las peores de la UE
La Comisión Europea quiere impulsar la contratación de planes de pensiones privados, especialmente entre los jóvenes. Porque las prestaciones públicas del futuro «pueden ser muy muy bajas», según alertó ayer la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque. Para ello, Bruselas ha realizado una serie de recomendaciones a las capitales y, además, ha señalado cuáles son los países con los modelos de pensiones que más le gustan. Y España no está en absoluto entre ellos.
«Suecia y Dinamarca son buenos ejemplos de fondos de pensiones y de estrategias de fondos de pensiones que conducen a un alto nivel de adecuación de las pensiones», apuntó Albuquerque durante la presentación del paquete de recomendaciones, documento en el que se apuntan más nombres.
«La afiliación automática ha demostrado ser eficaz para aumentar la participación y mejorar la adecuación futura de las pensiones. Países como Reino Unido y Nueva Zelanda han observado que la mayoría de los trabajadores permanece en el sistema una vez inscritos. Irlanda tiene previsto introducir la afiliación automática en 2026 con expectativas de alta participación, mientras que Italia y Polonia ya han implantado sistemas similares, observando incrementos sostenidos de participación», se apunta en ese documento. De España, ni rastro.
Porque, para empezar, no cuenta con ese sistema de afiliación automática, que no es otra cosa que «un mecanismo por el cual los trabajadores se inscriben automáticamente en un plan complementario, con posibilidad de excluirse si lo desean». «Este enfoque aborda las bajas tasas de participación, a menudo relacionadas con la falta de cultura financiera y la tendencia de las personas a posponer decisiones sobre su jubilación», expone la Comisión.
Pero, además, los datos de suscripción de planes de pensiones privados en España están entre los más bajos de la UE. Según las cifras de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés), sólo el 9% de los españoles cuenta con un plan complementario de empresa, mientras que la media de la Unión Europea es del 20% y en Suecia y Dinamarca los números llegan al 65% y el 55%, respectivamente. Por detrás de España apenas están Hungría y Portugal, con un 7% en ambos casos.
Estos datos ponen asimismo en evidencia que la reforma del ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está fracasando estrepitosamente en este ámbito. El actual gobernador del Banco de España apostó por reducir todavía más los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados en favor de los de empresa, e incluso se comprometió con Bruselas a que 11 millones de españoles tendrían un producto de este tipo en 2030. Se antoja muy complicado que esto se produzca.
Y en cuanto a los planes individuales privados, el dato en España llega al 11% de la población. La media de la UE vuelve a estar sensiblemente por encima, con un 18%, y sólo Chipre y otra vez Portugal presentan cifras inferiores a las de España. En Suecia, de nuevo, el número alcanza el 39%, en Bélgica el 33% y en Dinamarca, un 30%.
Seguimiento y cuadros de mando
Las otras dos recomendaciones que la Comisión suma a la afiliación automática son las siguientes: que los países pongan en funcionamiento «sistemas de seguimiento de pensiones» y «cuadros de mando sobre pensiones«. La primera actuación incluye «plataformas en línea que pueden ofrecer a las personas una visión general de sus derechos y de las prestaciones previstas, idealmente en todos los regímenes y proveedores». «Al mejorar la transparencia y la conciencia sobre las pensiones, ayudan a los ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre su carrera, jubilación y ahorro», apunta Bruselas.
Y «los cuadros de mando ofrecen a los responsables políticos y otras partes interesadas una visión general de la adecuación y sostenibilidad de los sistemas de pensiones nacionales, consolidando indicadores clave como cobertura, contribuciones, ingresos de jubilación por grupos de población y costes fiscales». «Esto respalda políticas basadas en datos y ayuda a generar confianza pública en los sistemas de pensiones», finaliza la Comisión.
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