En la letra pequeña del borrador que aún está pendiente de ser acordado con los agentes sociales y posteriormente por los diputados se detallan tres nuevas cuotas que no se verán compensadas ni en el presente ni en el futuro para los trabajadores. El primer gravamen, el MEI, afecta a todos los afiliados, independientemente de su salario, que sean autónomos o asalariados. Esa cuota extra «no será computable a efectos de prestaciones» e irá «automáticamente» a llenar el Fondo de Reserva, y no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna.
La nueva cuota de solidaridad para las rentas más altas que entrará en vigor en el 2025 con un recargo de cuotas del 1 % y que irá aumentando año a año hasta situarse en el 6 % en el 2045, tampoco será computable a efectos de prestaciones. Es decir, que ese 6 % extra que tendrán que pagar los trabajadores mejor remunerados no tendrá contrapartida en sus futuras pensiones y también irá íntegramente y de forma automática a la hucha para pagar las jubilaciones del baby boom.
Y el tercer cargo, el destope de las bases máximas, tampoco tendrá repercusión directa sobre las prestaciones de los trabajadores sobre los que recae y, de tenerlo en algunos casos, sería una mínima subida a muy largo plazo que no compensará el desembolso que han tenido que hacer.
La fuerte subida de las cotizaciones sociales que supondrán los cambios propuestos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el segundo bloque de la reforma del sistema público de pensiones, se traducirá en unos ingresos anuales adicionales para la Seguridad Social de en torno a los 15.000 millones de euros, que se sumarán al presupuesto actual para el pago de las pensiones ya por encima de los 190.000 millones de euros en este 2023.
Esos 15.000 millones se alcanzarían cuando todas las subidas hayan desplegado completamente sus efectos, ya que tienen plazos diferentes de aplicación. Esa recaudación extra (un 1,3 % del PIB) es una cifra aproximada dado que algunos de los incrementos previstos están sujetos a imponderables. Es el caso del alza de las bases máximas de cotización, a las que se les aplicará la evolución anual del IPC más un 1,2 %, de modo que en función del comportamiento de los precios subirá más o menos la recaudación.
Lo mismo ocurre con la cuota de solidaridad del 6 % que, desde el próximo ejercicio y hasta el 2050, se aplicará al sueldo que exceda del tope de cotización. En este caso la estimación de cuánto dinero adicional ingresarán las arcas públicas se complica, ya que depende de cada salario concreto y cómo evolucione en el futuro.
Lo que sí se sabe es que el mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI), que este año ha comenzado a aplicar un 0,6 % adicional (0,5 a cargo del empleador y 0,1 a cuenta del trabajador) comenzará a incrementarse hasta duplicarse en el 2029. Además, se extenderá hasta el 2050, frente al 2032 previsto inicialmente. En la práctica, cuando esté desplegada por completo la subida, un trabajador que gane 2.000 euros, pagaría mensualmente 12 euros más de cuota a la Seguridad Social (10 por parte de la empresa y dos directamente del trabajador)
Sin embargo, este incremento de las cuotas no servirá para generar en el futuro pensiones más altas para autónomos y trabajadores por cuenta ajena, ya que irá destinado casi íntegramente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, con las que hacer frente a la tensión financiera que supondrá la jubilación de la generación más numerosa, la del baby boom.
