¡BASTA YA DE MANIPULACIONES! LA “¿CONTRAREFORMA LABORAL?” NO MODIFICARÁ LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE

El epicentro de la actual crisis entre los partidos del Gobierno de coalición hay que situarlo en la derogación de la reforma laboral. Desde la formación morada se tiene la percepción de que el Partido Socialista está jugando a dos bandas: por un lado, apoya en público la derogación de la reforma laboral, tal y como figuraba en su pacto de gobierno con Podemos y por otro lado, tranquiliza a las autoridades de Bruselas, a inversores, a la patronal y a las grandes empresas, asegurándoles que los cambios en el mercado laboral serán mínimos y con otra orientación distinta a la que pretenden su socio de Gobierno y los sindicatos.

Nadia Calviño (del “ala PSOE”) declaraba recientemente que confiaba en acordar la reforma laboral antes de fin de año, para lo que el Gobierno intensificará en las próximas semanas los contactos con los agentes sociales, con el objetivo de llegar a un acuerdo y concretar ese “paquete de medidas equilibrado” que se enmarca dentro de lo comprometido con Bruselas para recibir los fondos europeos ‘Next Generation EU’.

Yolanda Díaz (del “ala UP”) por su parte, confía en llevar a cabo “la reforma laboral más ambiciosa de la historia de la democracia” y tras la sesión en el Parlamento, pide al Presidente del Gobierno “que cumpla su palabra” en el acuerdo de gobierno.

Hay un elemento fundamental a tener en cuenta: la negociación del diálogo social no parte de cero, sino que servirá para desarrollar una serie de medidas y reformas que el Gobierno remitió a Bruselas en el proceso de recepción de los fondos de reconstrucción y que representan compromisos con la Unión Europea.

Estas medidas están recogidas en el denominado Componente 23 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, el capítulo referido a las «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo». Y todas tienen un horizonte temporal de aprobación claro: el año 2021, por lo que deberán estar listas, en todo caso, antes de finalizar el año (la vicepresidenta segunda se comprometió a dar explicaciones en el Congreso si este calendario no se cumplía, pero está previsto que se llegue a tiempo y que esto no suceda).

La ofensiva retórica del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral, intensificada tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez en la clausura del 40º Congreso del PSOE de la semana pasada, no se está viendo acompañada por los hechos en un aspecto clave de aquella norma para muchos ciudadanos: el abaratamiento del despido improcedente de 45 a 33 días.

Esta fue una de las medidas más destacadas, e impopulares, de la norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 porque no sólo afectaba a los contratos nuevos, sino a los que ya se habían firmado.

Una persona con un contrato firmado antes de la reforma laboral cuyo despido fuera declarado improcedente cobraría: una indemnización calculada a 45 días año trabajado hasta el 12 de febrero de 2012. A partir de esa fecha se aplicaban 33 días por año.

Pero ni el artículo 56, ni la disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores, que regulan esta fórmula, aparecen siquiera mencionada en el último borrador remitido por el Gobierno a los interlocutores sociales.

En esta fase de la negociación, el secretismo sobre el contenido de la norma es total. No se han filtrado nuevos textos desde el presentado 14 de octubre y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se remiten al resultado de las conversaciones con patronal y sindicatos.

Según fuentes cercanas a la negociación, la cuestión de la indemnización del despido improcedente no ha estado nunca realmente sobre la mesa, pese a que los sindicatos sí lo han planteado públicamente, incluso en fechas tan recientes como finales de septiembre. Aun así, no ha tenido traslación en los papeles.

En cualquier caso, se puede decir que los textos que ha hecho circular el Gobierno entre los interlocutores sociales siguen a rajatabla el guión del acuerdo para el acuerdo de coalición de 2019 suscrito por PSOE y Podemos. Lo que ocurre es que este ya limitaba sustancialmente el alcance de la derogación de la reforma laboral a dos aspectos de fundamental importancia para los “sindicatos de clase” que verían así aumentar su “poder”:

Recuperar la ultraactividad de los convenios.
Derogar la prioridad de los de empresa sobre los sectoriales.

Las organizaciones sindicales quieren restaurar el equilibrio de fuerzas en las negociaciones entre trabajadores y empresas, un equilibrio que consideran roto tras las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En este sentido, el objetivo de los sindicatos es el de evitar que los convenios de empresa reduzcan los salarios de los convenios sectoriales, y garantizar la vigencia indefinida del convenio colectivo. A juicio de UGT y CCOO, este es uno de los puntos de la negociación más complicados, y dudan que las patronales puedan apoyar este punto.

Un tercer asunto, el despido por absentismo en caso de baja por enfermedad fue derogado en febrero de 2020, unas pocas semanas antes de la crisis de la COVID 19 en nuestro país.

De las indemnizaciones por despido o la de la justificación de la extinción del contrato por causas económicas (otra de las modificaciones relevantes de la norma de 2012) tampoco había mención expresa.

La razón que algunos interpretan para este alcance “selectivo” es tanto el coste como la inseguridad jurídica que supondría volver a la situación de hace una década, con una regulación (la reforma laboral de 2010 de Zapatero) que tampoco gusta a Podemos. Pero ante todo está el mensaje que se mandaría a Bruselas.

La Comisión Europea aún considera que la norma aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue positiva en términos de flexibilidad del mercado laboral y ya ha trasladado su preocupación por los cambios en negociación colectiva. La tesis del Gobierno es que la negociación colectiva a nivel sectorial los salarios subirán con más intensidad, aunque esto no está tan claro a tenor de los daros de convenios colectivos registrados.

Pero el verdadero interés europeo está en que España haga ajustes para atajar la temporalidad y la precariedad y esto es en lo que la norma que prepara Ejecutivo se centra, consumando una de las medidas estrella del pacto para gobernar entre PSOE y Unidas Podemos: la reordenación de los tipos de contratos para cerrar opciones al abuso de la temporalidad, también a través de fórmulas como la subcontratación.

El Gobierno ha prometido a Bruselas reduciendo de cuatro a tres los tipos de contratos:

Uno “estable” para el conjunto de las actividades.
Otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza.
Y uno “de formación” para la inserción, en particular, en el mercado laboral.

Esta una idea que Pedro Sánchez recupera del acuerdo que firmó con Ciudadanos en 2015 en su primer intento, fallido, para ser investido como presidente en 2015. Se da la coyuntura de que Albert Rivera pactó la misma medida con Mariano Rajoy un año después para la segunda Legislatura del PP, si bien los ‘populares’ no lo llegaron a aplicar.

La propuesta elaborada por el departamento de Yolanda Díaz es mucho más concreta, y además de una extensa reforma de los contratos formativos, plantea medias como limitar por ley el porcentaje de temporales en una plantilla al 15% (algo que ya se puede hacer por convenio, aunque con resultados muy dispares por sectores).