La Administración Pública está sufriendo en estos momentos los efectos del cuello de botella que ha generado el estallido de la pandemia y la gran afluencia de ciudadanos que solicitan las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica. La Seguridad Social no se ha librado tampoco del atasco en sus oficinas, que según denuncian fuentes de CSIF ya retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla.
Desde el sindicato CSIF denuncian que por estos motivos se están colapsando las oficinas centrales de la Seguridad Social, algo que no había sucedido antes. Fuentes de la organización reconocen que el empleo a distancia de la mayor parte del cuerpo de empleados de la Seguridad Social implantado desde el mes de marzo por el confinamiento ha cambiado la forma de trabajo de los funcionarios y eso “está provocando retrasos” en la concesión y reconocimiento de las nuevas prestaciones. Concretamente, los problemas se están concentrando en los pagos de ayudas por maternidad y paternidad, o en las prestaciones por incapacidad. De igual manera, se están notificando ya algunas incidencias con el ingreso mínimo vital, si bien están en todos los casos relacionadas con la situación de excepcionalidad que se está viviendo también dentro de la Seguridad Social.
La apertura de las oficinas físicas del INSS desde el pasado día 25 de junio está provocando una avalancha de consultas de ciudadanos afectados que quieren saber si tienen derecho a las ayudas o desean realizar las solicitudes oportunas para poder percibirlas. Es una situación, la del peligro de colapso, que ya denunció el sindicato tras la reapertura de las primeras oficinas del SEPE en nuestro país y que ha causado los mismos embotellamientos, en este caso por incidencias en los cobros del ERTE. Cabe recordar al respecto que tal y como explican los trabajadores públicos, que “esta situación está motivada en gran medida por el recorte que se ha producido en las plantillas a lo largo de los últimos 10 años, según un análisis de CSIF a partir de los últimos datos del BOE”, explica el sindicato denunciando la merma de una fuerza de trabajo que movilizaba en 2010 a 30.462 trabajadores y este año contaba con 23.909 empleados en plantilla.
“Con todo, la plantilla de la Seguridad Social ha trabajado durante toda la crisis del coronavirus en jornadas maratonianas, tanto en sus propios domicilios por el confinamiento (utilizando ordenadores y teléfonos propios), como en las oficinas a puerta cerrada, para mantener el funcionamiento del sistema de prestaciones durante esta crisis”, aseguran desde la organización.
Cambios de criterio
Además de esta mayor carga de trabajo causada por la crisis, los retrasos también están justificados por algunas modificaciones en los criterios de actuación de la administración para el pago de estas prestaciones. Por ejemplo, desde CSIF aseguran que tras la reapertura de oficinas todos los expedientes de más de 6.000 euros se deben enviar a la Dirección Central de Madrid que es la que certifica el derecho de cobro del beneficiario. Una operación que demora los plazos habituales ya que esta gestión era realizadas desde al Dirección Provincial.
“CSIF ha solicitado una reunión urgente con los responsables de la Seguridad Social, ante las consultas recibidas por el sindicato ante el retraso de expedientes relacionados con situaciones de Incapacidad Temporal, permisos de paternidad y maternidad, entre otros, durante los meses de Estado de Alarma. Según información recabada por CSIF en oficinas de diferentes puntos de España se ha dado orden de que todas aquellas prestaciones de más de 6.000 euros deben de ser remitidas por sistema a Madrid para su revisión y pago, lo que está provocando demoras“, informa el sindicato.
Lo mismo ocurre con el ingreso mínimo vital, cuya gestión recaerá de manera primordial sobre la Seguridad Social y que podría sumar más carga de trabajo y ahondar en el embotellamiento de los expedientes a reconocer. “Esta situación se añade a los retrasos en el pago que ya se estaban produciendo desde comienzo de año, tanto en el reconocimiento de incapacidades temporales, como en pensiones de jubilación (de quince días a más de un mes) y que se pueden ver agravadas ahora por la gestión de la renta mínima. En el caso del ingreso mínimo vital, además, se están produciendo disfunciones. Para el trámite de esta prestación se contrató a personal de Tragsatec, si bien hay cuestiones que plantean los ciudadanos, así como el reconocimiento de la prestación, que debe seguir realizando la plantilla de la Seguridad Social”, explican desde la organización CSIF.
Fuente: El Economista
