España alcanza los 17,4 millones de dependientes, cerca del 35% de la población.
Si sumamos todos los grupos que viven total o parcialmente de rentas públicas —pensionistas (9,4 millones), empleados públicos (3 millones), parados (2,61 millones) e IMV (2,36 millones)— España alcanza los 17,4 millones de dependientes, cerca del 35% de la población. Con 21,8 millones de cotizantes, el país funciona con un ratio inquietante: solo 1,25 trabajadores por cada persona sostenida por el Estado.
La pregunta es simple: ¿puede un país prosperar cuando el número de pagas crece más rápido que el número de trabajadores? La respuesta es igual de simple: no.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha decidido elevar un punto más la competición por ver quién promete más pagas públicas. Su última propuesta, la Renta Básica Juvenil, plantea entregar 550 euros mensuales a todos los jóvenes de 18 a 21 años, trabajen o no, estudien o no, vivan solos o en casa de sus padres. Una renta universal que, lejos de estimular la autonomía, consolida un mensaje inquietante: en España es el Estado —y no el propio esfuerzo— quien debe garantizar el punto de partida vital de cada ciudadano.
El iMV
Desde su aprobación en 2020, el IMV acumula un coste de 18.000 millones de euros, y solo en octubre supuso 532 millones
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia.
Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación.
Esta iniciativa no aparece en el vacío: se suma a un paisaje crecientemente poblado de subsidios que se multiplican y se disparan. El Ingreso Mínimo Vital, agilizado en los últimos meses, cuenta ya con 773.272 hogares beneficiarios, lo que significa 2.363.554 personas viviendo de esta prestación. Solo este año, los beneficiarios han aumentado un 20%, mientras el Gobierno lo celebra como un éxito, en lugar de reconocer el deterioro social que implica que cada vez más familias dependan del Estado para sobrevivir.
España avanza hacia un modelo social preocupante: más dependiente del Estado, con salarios estancados y con una creciente bolsa de ciudadanos atrapados en la exclusión. Los últimos datos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son el síntoma más visible de una enfermedad que se agrava: 2,36 millones de personas ya dependen de esta prestación, repartidas en 773.272 hogares, y su crecimiento no es coyuntural. Solo en el último año, el número de beneficiarios ha aumentado un 20%, y las prestaciones activas un 19%. Lejos de generar inquietud, el Gobierno presume de estas cifras como un éxito social, cuando en realidad revelan una fractura económica de primer orden.
Desde su aprobación en 2020, el IMV acumula un coste de 18.000 millones de euros, y solo en octubre supuso 532 millones. Pero lo grave no es el coste, sino el efecto sobre el empleo. La AIReF ya advirtió que estas prestaciones incrementan el «salario de reserva», es decir, reducen el incentivo para trabajar: cobrar subsidios puede disminuir la probabilidad de aceptar un empleo entre un 12% y un 20%, especialmente entre jóvenes. El 90% de los perceptores permanece más de un año con la ayuda; el 60%, más de tres. No es una red de emergencia: es una trampa de pobreza.
Al mismo tiempo, los salarios españoles se alejan cada año más de la media europea. El salario medio español en 2024 fue de 33.700 euros, frente a los 39.808 euros del conjunto de la UE. La brecha, que en 2008 era de apenas 1.341 euros, hoy supera los 6.100 euros anuales. Y, en términos relativos, el salario medio español ya solo representa el 84,6% del europeo. La precariedad no es un discurso: es una estadística.
El deterioro social es evidente. España es hoy el segundo país de la Unión Europea con más niños en riesgo de pobreza o exclusión social: un 34,6%, frente al 24,2% europeo. En 2018, antes de la llegada de Pedro Sánchez, la cifra era del 30,5%. También la población general refleja un problema profundo: el 25,8% está en riesgo de pobreza, cinco puntos por encima de la media europea.
¿De qué sirven entonces los récords de recaudación, el crecimiento del PIB o los fondos europeos? La realidad es que España es un país que presume de macroeconomía mientras su gente se desliza hacia la pobreza estructural. Si cada año más ciudadanos necesitan el IMV para sobrevivir, si los salarios se alejan de Europa y la exclusión crece, no estamos ante un éxito social: estamos ante el fracaso más elocuente de la política económica española.
Prestaciones de desempleo
España gasta más en ayudas al desempleo pese a reducir su tasa de paro, reflejando un sistema que fomenta la dependencia y la inactividad.
A lo anterior se añaden las 1.875.821 personas que reciben alguna prestación por desempleo, además de los 915.704 perceptores de prestación contributiva, los 656.053 mayores de 52 años subsidiados, los 142.567 que cobran ayudas agrarias y los 73.861 inscritos en la Renta Activa de Inserción. La lista sigue creciendo y los incentivos para reincorporarse al mercado laboral disminuyen.
Mientras tanto, el Gobierno presume de la mayor subida del Salario Mínimo en democracia: de 736 a 1.184 euros entre 2018 y 2025, un incremento del 61%. Pero lo que a primera vista parece una buena noticia está generando problemas enormes en la capacidad de contratación de las empresas, especialmente de las más pequeñas, que son las que más empleo generan en España. Subir el suelo salarial no crea trabajo; encarece el que ya existe.
La trampa de la dependencia
El sistema de ayudas sociales en España, lejos de actuar como una red de seguridad temporal, se ha transformado en una trampa de inactividad y dependencia que desincentiva el empleo formal y alimenta la economía sumergida. Así lo advierte el último estudio elaborado por Freemarket Corporate Intelligence, la consultora presidida por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, bajo el título El sistema de ayudas sociales en España: de red de seguridad a trampa de inactividad y de dependencia.
El informe sostiene que los principales programas de protección —el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las prestaciones por desempleo, el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y las rentas mínimas autonómicas— están reforzando el paro estructural y subvencionando de forma indirecta la economía sumergida. Según los autores del estudio, el diseño actual del sistema, basado en transferencias sin incentivos de activación, ha creado un círculo vicioso de dependencia que lastra la productividad y la eficiencia del gasto público.
El análisis detalla que el coste anual del Ingreso Mínimo Vital ronda los 2.893 millones de euros, incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia. El 90 por ciento de los beneficiarios lo perciben durante más de un año, el 75 por ciento supera los dos años y el 60 por ciento lo mantiene más de tres años, lo que contradice la idea de que se trata de una ayuda temporal. Además, el Tipo Impositivo Marginal Efectivo (TIME) del IMV —la proporción de ingresos que se pierde al empezar a trabajar— alcanza niveles cercanos al 100 por ciento, lo que implica que para muchos perceptores trabajar no resulta rentable.
El siguiente gráfico muestra la escalada en el coste del IMV:
De acuerdo con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) citadas en el estudio, el diseño del IMV reduce en 12 puntos la probabilidad de que sus beneficiarios se incorporen al mercado laboral, llegando a superar el 20 por ciento entre los menores de 30 años y las familias monoparentales. A ello se suma que entre el 15 y el 20 por ciento de los receptores podrían tener ingresos no declarados, lo que convierte esta ayuda en un subsidio indirecto a la economía sumergida.
El informe también analiza el sistema de prestaciones por desempleo, cuyo coste medio anual supera los 20.000 millones de euros. España ofrece una de las duraciones más largas de Europa, hasta 24 meses para las prestaciones contributivas, el doble que en Alemania. Este diseño, advierte Freemarket CI, elimina la presión económica para buscar empleo y provoca la devaluación del capital humano, ya que los parados de larga duración pierden habilidades y reducen sus posibilidades de reinserción.
Otro ejemplo de ineficiencia es el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), heredero del antiguo PER, que sigue dotado con 285 millones de euros anuales, de los cuales 246 millones se destinan a Andalucía y Extremadura. El estudio subraya que este programa fomenta el paro estacional y la dependencia asistencial, ya que solo exige 35 jornadas trabajadas al año para percibir subsidios durante el resto del ejercicio.
El documento añade que las rentas mínimas autonómicas suponen un gasto adicional de 1.600 millones de euros anuales, coexistiendo con el IMV y generando una duplicidad burocrática que, según los autores, complica la gestión, multiplica los costes y perpetúa la trampa de la pobreza.
En conjunto, el informe de Freemarket CI concluye que estos programas no solo no logran reducir el paro estructural, sino que contribuyen a mantenerlo en niveles crónicamente altos. España, recuerda el estudio, no consigue bajar del 10 u 11 por ciento de desempleo incluso en épocas de fuerte crecimiento, en gran medida por los desincentivos laborales que generan sus ayudas sociales.
Vale la pena señalar, además, que los desembolsos movilizados en concepto de subsidio de desempleo van a más aunque la tasa de paro se reduzca. Esto viene a confirmar el nefasto diseño de estos programas y sugiere, por otro lado, que el grueso de la caída del desempleo es producto del maquillaje estadístico perpetrado por el gobierno, por ejemplo, a base de reclasificar a los fijos discontinuos como trabajadores ocupados durante el conjunto del año.
A pesar de que el país dedica al gasto social una proporción del PIB superior a la media europea, la eficiencia de dicho gasto es de las más bajas del continente. El siguiente gráfico muestra la diferencia en el porcentaje de riesgo de pobreza antes y después de transferencias sociales para el conjunto de la UE, así como para Alemania, Irlanda, Francia y España:
Como puede verse, Irlanda ha reducido en más de diez puntos su tasa de riesgo de pobreza entre 2015 y 2024 con un gasto social equivalente a la mitad del español, España apenas logra reducirla entre un 27 y un 32 por ciento tras las transferencias sociales. La comparación europea refleja que España tiene el sistema de ayudas más regresivo de la Unión Europea: el 20 por ciento más rico recibe más dinero público que el 20 por ciento más pobre, según datos de Eurostat y Eurofund.
reemarket CI propone una reformulación completa del modelo asistencial, orientada a la activación laboral y a la eficiencia del gasto. Entre las principales medidas, plantea transformar el IMV en un complemento salarial que se reduzca gradualmente conforme aumenten los ingresos laborales, garantizando que trabajar siempre resulte más rentable que no hacerlo; unificar el IMV y las rentas autonómicas en una única prestación estatal para eliminar duplicidades; reducir la duración de las prestaciones contributivas por desempleo hasta la media europea; y suprimir o reformar profundamente el PFEA eliminando la trampa de las 35 jornadas. Además, las ayudas deberían estar vinculadas a planes individualizados de activación laboral y formación profesional.
El estudio concluye que el Estado español no necesita gastar más, sino gastar mejor. En palabras de Freemarket CI, España ha construido una gran maquinaria de dependencia que desincentiva el trabajo y perpetúa la pobreza. Mientras países como Irlanda o Dinamarca han logrado combinar protección y activación, el modelo español subsidia la inactividad y penaliza el esfuerzo, convirtiendo las ayudas sociales en un ancla que impide el progreso individual y colectivo.
