Ante la inacción del Gobierno las trabajadoras del hogar se organizan durante la pandemia

La falta de concreción y consideración hacia las trabajadoras domésticas en los sucesivos anuncios del Gobierno enfocados a paliar la crisis del covid19 ha obligado al colectivo a organizarse y prestarse apoyo mutuo. 

El Consejo de Ministros extraordinario en el que se abordaron los detalles sobre la paralización de toda actividad económica no esencial —anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno— casi coincidió en fecha con el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra el 30 de marzo. El de las empleadas domésticas es uno de los sectores que más dudas ha manifestado, con respecto a sus derechos y deberes laborales, durante la pandemia: el colectivo, tradicionalmente olvidado, no se ha visto incluido en las sucesivas medidas gubernamentales y ha respondido ante ello con variadas y deslocalizadas iniciativas de apoyo mutuo. 

El anuncio del endurecimiento de las medidas para paliar el incremento de contagios a través de la puesta en marcha de “permisos retribuidos y recuperables” no vino acompañado de demasiados detalles, ni se especificó en ese momento qué servicios se consideraban esenciales y no podrían acogerse a la propuesta. En la rueda de prensa del domingo se señaló a personas “dedicadas a los cuidados” como parte de quienes sí tendrían que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo. Algunos medios tuvieron acceso a un borrador —“sujeto a modificaciones”— donde se preveía la inclusión de las empleadas del hogar dentro de los servicios esenciales.

El texto publicado en el BOE la pasada noche del domingo vino a confirmar que esto era verdad solo en parte: del texto —cuya redacción todavía suscita dudas entre algunos trabajadores— se puede deducir que solo tendrán que seguir acudiendo a sus puestos aquellas que se dediquen al cuidado de otras personas (mayores, menores o dependientes). El Gobierno incluye a estas trabajadoras del hogar como excepción de la paralización de la actividad económica, junto a sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personas que participan en la cadena de abastecimiento de alimentos o periodistas, entre otros. 

faltan medidas para ellas

Cuando el Gobierno anunció las medidas laborales encaminadas a paliar la previsible crisis económica y la situación que tendrán que afrontar miles de familias, un sector quedó de nuevo olvidado: el de las empleadas del hogar, que se calcula que ocupa a más de 600.000 personas en España, donde nueve (o más) de cada diez mujeres y cuyo trabajo podría equivaler a cerca de un 3% del PIB anual. La Asociación de Abogados y Abogadas Libres (ALA) aprovechó entonces para recordar la urgencia de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reúne una serie de derechos laborales que ya han sido suscritos en otros países europeos para dar determinadas garantías a un colectivo especialmente vulnerable.

Las quejas suscitadas por el olvido al sector llevó al Ministerio de Trabajo a preparar ayudas para empleadas del hogar despedidas por la crisis del coronavirus —despidos que dos días después prohibió— o que hayan “reducido sensiblemente su actividad”, según han anunciado varios medios. El problema es que, hasta donde se sabe, estas previsibles ayudas —y en general todos los puntos recogidos en decretos— se facilitarán a trabajadoras que han sido dadas de alta en la seguridad social, y en el sector del trabajo doméstico son muchas las que trabajan sin contrato. Así que, ante la previsible situación que deberán afrontar muchas de estas mujeres, han decidido organizarse y buscar apoyo por su cuenta. 

Iniciativas

A las ayudas impulsadas por colectivos profesionales, como la mencionada Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), que elaboró un detallado documento de preguntas y respuestas sobre cómo afecta a las trabajadoras domésticas las medidas impulsadas por el gobierno, se han sumado las que ellas mismas han organizado desde diferentes territorios y grupos.

Territorio Doméstico, por ejemplo, empezó el pasado 26 de marzo a impulsar un documento de adhesiones para recabar apoyos de organizaciones sociales y de particulares con el objetivo de “empujar juntas por el reconocimiento de derechos, especialmente para los colectivos que se verán más golpeados por esta crisis”, además de animar a enviar cartas al gobierno y hacer las veces de asesoría laboral y facilitación de trámites burocráticos, reuniendo por sus redes sociales las instrucciones para, por ejemplo, tramitar la baja médica por covid19. También han puesto en marcha “herramientas para visibilizar y denunciar la desprotección del colectivo antes y durante estos momentos críticos en los que hemos sido excluidas de las medidas de protección social”, como un sencillo formulario donde invitan a las empleadas del hogar a documentar sus situaciones de vulneración de derechos.

Mujeres Migrantes y Diversas ha recaudado en aproximadamente una semana más de 12.000 euros para una caja de resistencia destinada a “apoyar los gastos de alquiler, manutención y traslado de aproximadamente 300 trabajadoras del hogar y los cuidados” en los próximos dos meses. “Sabemos que son muchos los colectivos que se verán afectados en estos días, pero también creemos que nuestra capacidad de respuesta, organización y apoyo mutuo es mucho mayor”, apuntan desde el colectivo. 

A todas las iniciativas particulares se suma una que ha intentado condensar las principales demandas y necesidades del colectivos: interdependientes, un portal web elaborado por la colectiva Trabajadoras No Domesticadas y la Fundación Mundubat enfocado a prestar asesoría jurídica gratuita a las trabajadoras e informarles sobre sus derechos. Los creadores aseguran que la página ya se estaba creando antes de que estallase la pandemia, pero que su elaboración se aceleró ante las repetidas llamadas con consultas del sector. 

“Tratamos de dar una respuesta colectiva a una situación ya insostenible desde antes de esta crisis. Si anteriormente ya estábamos en situación de desigualdad, injusticia y vulnerabilidad de derechos, esta nueva situación pone aún más en evidencia cómo en este empleo se cruzan todas estas discriminaciones y vulneraciones”, resumen en el comunicado de su lanzamiento. Para ello, se ha habilitado un repositorio con documentación útil, un buzón de asesoría jurídica y una encuesta que persigue cuantificar los efectos de la crisis del covid19 en un sector que ya ha empezado a notarlos, y que ya denunciaba su precariedad laboral mucho antes de los primeros contagios por coronavirus.

Fuente: El Salto

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