NOTA PEDANTE: La frase está en Hamlet y habla de política y políticos. La dijo Horacio en una de las más brillantes tragedias de Shakespeare: “Something is rotten in the state of Denmark”. Desde entonces, se utiliza para decir que algo raro está pasando
El Gobierno cambia el reglamento del Consejo Económico y Social (CES) para que entre la patronal catalana Pimec, asociada a Conpymes
Yolanda Diaz aprovecha la reforma del desempleo y cuela por la puerta de atrás, a Pimec en el Consejo Económico y Social. Ya la incluyó en el Consejo Estatal de la Pyme y en la Comisión Nacional de Convenios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso más en la alteración del diálogo social para incluir a representantes empresariales más afines a sus tesis pese a la escasa implantación de estas organizaciones, vinculadas en muchos casos a la prestación de servicios en las administraciones públicas.
Asociaciones impulsadas por su mujer, Begoña Gómez, como Conpymes, la confederación de pymes que pretende disputar a Cepyme, miembro de la CEOE, el liderazgo en la representación de la pequeña y mediana empresa y que suele estar en sintonía con los postulados de La Moncloa, como en el caso de la opa de BBVA a Banco Sabadell.
En concreto, el Gobierno ha dado orden de modificar el reglamento del Consejo Económico y Social (CES) para que entren en su consejo más organizaciones empresariales de carácter regional. El movimiento abre la puerta de entrada al diálogo social a la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec, asociada a Conpymes.
De hecho, el pleno del CES tiene tres meses para adaptar su reglamento a la nueva redacción del artículo que fija la representación de las patronales, según se recoge en una de las disposiciones del Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo.
El CES está integrado por 61 miembros, incluido su presidente. El Grupo Primero lo componen una veintena de miembros en representación de las organizaciones sindicales. El Grupo Segundo está formado por otra veintena de representantes de las organizaciones empresariales; mientras que el Grupo Tercero está formado por tres representantes del sector agrario, tres del sector marítimo-pesquero, cuatro de las organizaciones de consumidores y usuarios y cuatro del sector de la economía social. Los seis restantes son expertos en las materias competencia del Consejo.
Actualmente, en el Grupo Primero, el sindical, están representados CCOO, UGT, ELA y CIG, mientras que en el Grupo Segundo, el empresarial, están ahora mismo representados CEOE y Cepyme. El CES tiene hasta el 22 de agosto para modificar sus reglamentos y dar cabida a Pimec en este Grupo Segundo.
Agradecimiento a Junts
Una vez hecho ese cambio reglamentario, el Gobierno tendrá tres meses para nombrar, mediante real decreto, a los miembros del citado consejo “a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a formar parte del mismo”.
La patronal catalana Pimec ha valorado este cambio y ha agradecido a Junts el trabajo para lograrlo.
En un comunicado, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha celebrado “este hito histórico” y ha añadido que continuarán trabajando, a través de Conpymes, para garantizar “la participación con voz propia de las pymes de ámbito estatal en todos los órganos institucionales para lograr una normalización y democratización de la participación de las organizaciones empresariales”, según recoge Efe.
El Gobierno ya ha hecho otros cambios en el mismo sentido para permitir a Pimec entrar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivo (CCNCC) o en el Consejo Estatal de la Pyme, unas modificaciones criticadas en su momento por CEOE y Cepyme.
El presidente de Conpymes pagaba a más de 800 días a sus proveedores
José María Torres, presidente de Conpymes e impulsor de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, llegó a pagar a sus proveedores en el periodo entre los años 2017 y 2018 a un periodo medio de 863 días, según consta en las cuentas anuales de Numintec, la empresa que fundó en 2002 y que acabó vendiendo en 2021 al grupo noruego Telavox. Ese año, el último en el que Torres estuvo al frente de la firma, Numintec pagaba a más de 100 días, muy por encima también de los 60 que marca la ley.
En el resto de ejercicios en los que se detallan los plazos de pago, la empresa asegura, no obstante, que cumplía con la legislación, pagando a una media de 30 días. Aunque Torres no está representado en la junta directiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Conpymes sí que forma parte de ella y el empresario ha defendido públicamente, en múltiples ocasiones, la necesidad de reducir los plazos de pagos.
“Si la gran empresa cumpliera con lo que marca la ley, las pymes no habrían necesitado los créditos ICO”, llegó a asegurar en una entrevista el pasado mes de enero. “La morosidad es la lacra más grande que tenemos las pymes para nuestra viabilidad”, insistió entonces, recordando que uno de cada 3 cierres de pymes se debe a esto, lo que provoca que la pequeña y mediana empresa española sea menos competitivas y productiva.
Patrocinio
Torres patrocinó con Numintec en la Universidad Complutense la cátedra de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, siendo nombrado posteriormente, en noviembre de 2021, presidente de Conpymes, la patronal impulsada desde el Gobierno para competir con la CEOE. Es un movimiento que ha desencadenado un profundo malestar entre los empresarios. “Están creando asociaciones de amiguetes para deslegitimar el diálogo social”, aseguró el pasado martes el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, durante la presentación de la revista El Empresario, que edita Cepyme. Conpymes ha declinado, sin embargo, hacer ninguna valoración oficial a elEconomista.es ni valorar tampoco los plazos de pago en Numintec, alegando que es una empresa cuya gestión está ya al margen del presidente de Conpymes.
Estos hechos chocan con el discurso aplicado por la asociación en cuanto al Reglamento Europeo contra la Morosidad, cuando reclamaba que se votase a favor de 9 enmiendas presentadas por la eurodiputada Roza Thun. Desde Conpymes pedían que el ya votado reglamento recogiese la propuesta de 30 días como plazo máximo de pago desde la entrega de los productos, mostrando su rechazo ante la flexibilización de este punto, ya que iría en contra de los intereses de las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, Conpymes se ha opuesto a las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios europeos. Estas enmiendas se basan en la “libertad de pacto entre las partes” y permitirían plazos de pago más largos que los previstos por el reglamento. Proponen la posibilidad de extender los plazos de pago a más de 30 días, siempre que esté especificado en el contrato y que la extensión no sea “manifiestamente injusta” para el acreedor.
“Es difícil esperar que las cláusulas contractuales indiquen, en estas circunstancias, de manera explícita algo que pueda interpretarse como manifiestamente injusto, por lo que estamos ante una contradicción en sus propios términos”, expresaba José María Torres hace unos meses. En España, durante el año 2018, el periodo medio de pago se situó en 82,7 días de media, según la base de datos de Cesce. Esto es diez veces menos que lo que reflejan los datos de la empresa del presidente de Conpymes, recogidos por Informa.
