Las pensiones constituyen un tema prioritario, al afectar a muchísimas personas, que a lo largo de su vida, con su esfuerzo y su trabajo diario, se han ganado el derecho a disfrutar de una pensión de jubilación. Estas personas fueron solidarias con sus contribuciones a la Seguridad Social, que permitían pagar las pensiones de sus mayores, y, ahora, cobran su pensión en función del derecho devengado durante aquellos años, gracias a la solidaridad que hoy ejercen con ellos las personas que actualmente se encuentran en activo, como las generaciones futuras lo harán con los trabajadores de hoy en día. Por tanto, no es que sea un tema sensible, sino que nadie quiere que las pensiones se acaben o se reduzcan, sino todo lo contrario: lo que toda la sociedad quiere, que incluye a todos los políticos, es que las pensiones se fortalezcan, sean mayores y se encuentren garantizadas.
La UE ha llamado la atención sobre la reforma del sistema de pensiones propuesto por Sánchez y Escrivá. En su informe sobre envejecimiento, la UE comentaba que esa reforma elevará el gasto y, con ello, obliga a ajustes, porque empeora la viabilidad del sistema público de pensiones. Aunque puede que le dé el visto bueno por el mecanismo automático de elevación de cotizaciones (MEI) si sube el gasto, el sistema no deja de ser insostenible, pues esa pretendida sostenibilidad se basa en que no vaya a cambiar nada si se suben indefinidamente las cotizaciones, cuando ello puede hacer que se frene la actividad, con ello el empleo y, con ello, la recaudación por cotizaciones.
También FEDEA ha estimado el verdadero déficit de la Seguridad Social en su parte contributiva, que se eleva hasta los 55.919 millones de euros, alrededor del 3,8 % del PIB aunque ese déficit se oculta por un lado con 44.148,12 millones de euros en transferencias de la AGE a la Seguridad Social. Así la AGE asume 3,1 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social. Por otra parte, otros 0,7 puntos de PIB de desfase los recibe como préstamo del Estado, con objeto de poder financiar casi toda esa diferencia restante.
Por tanto, no es cierto que la Seguridad Social tenga resuelto el problema de su sostenibilidad ya que:
las cotizaciones no cubren el gasto en pensiones contributivas y las transferencias de la AGE desvirtúan el régimen contributivo y nos aproxima, si el déficit sigue creciendo, a uno asistencial.
además como el gasto no deja de crecer por la propia presión de las cohortes que se jubilan y por la indexación de las pensiones al IPC deteriora más el saldo negativo
Así, la reforma propuesta fía todo a que la recaudación va a poder solventar el problema, cuando no es así y por mucho que digan que dotan el fondo de reserva con el MEI, esa dotación es irreal, porque dotan pero no de un excedente, sino como un gasto más que no se logra cubrir con cotizaciones.
La ausencia de más rigor técnico y la prevalencia de los postulados políticos por parte del Gobierno son una mala noticia para los pensionistas, porque abonan el campo para que la Seguridad Social camine hacia una suerte de deuda perpetua, creciente, que en los actuales niveles de deuda pública será insostenible. Si se avanza por ese camino, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema; dentro de un tiempo, los pensionistas tendrán todos una pensión muy baja, que se parecerá más a una pensión asistencial que a una contributiva por no hacer reformas presentes, y eso sí que será un gran engaño para todos los pensionistas.
Por ello, las medidas del Gobierno debilitan el sistema, lo ponen en riesgo y nos llevan a un sistema que puede convertirse en asistencial, con pensiones muy pequeñas si no se toman las medidas estructurales que permitan salvaguardar el máximo del sistema actual.
