Los partidos proponen medidas para captar el voto, sin entrar en detalle en el control del gasto público y reducción del déficit y la deuda
LA AIREF INSTA A CONTENER EL GASTO PÚBLICO PARA RESPETAR LA DISCIPLINA DE LA UE
El organismo mantiene su previsión de déficit en el 4,1% para 2023, por encima del 3% que fijan las reglas fiscales que volverán a estar vigentes el próximo año
La deuda rebasa con creces el 100% del PIB y el déficit seguirá al menos durante este ejercicio por encima del 3% que fijan las reglas fiscales comunitarias, que tras cuatro años suspendidas volverán a activarse en 2024. Con estos mimbres llega un nuevo toque de atención de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a los gestores de las cuentas públicas: el organismo insta a vigilar que el aumento del gasto primario —desembolsos financiados nacionalmente y al neto de intereses— no se pase del límite del 2,6% que impone la disciplina de la UE en su última recomendación personalizada para España. En ese documento, publicado en mayo, la Comisión Europea también avanzaba que propondrá abrir a Madrid un procedimiento de déficit excesivo la próxima primavera, en función de los números rojos que registren las cuentas en 2023.
Todas las previsiones apuntan a que España no logrará rebajar el boquete de las cuentas públicas este año por debajo del 3% del PIB que fija el marco comunitario. El Gobierno vaticina un 3,9% —aun así, es casi un punto menos con respecto al 4,8% del cierre de 2022—, el Banco de España un 3,8%. La Airef mantiene la estimación en el 4,1% en su Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2023 , aunque prevé desviaciones con respecto a su anterior pronóstico. Explica que las medidas anticrisis elevan el déficit en una décima, pero que este mayor desfase será compensado por un mejor desempeño de la economía, que crecerá 2,3% frente al 1,9% que estimaba en primavera. Pero este avance del PIB, sin embargo, no será suficiente para encarrilar las cuentas. Por ello, la institución recomienda al Ministerio de Hacienda que, de cara a la elaboración de los presupuestos, proponga a todos niveles de Administraciones tasas de referencia del aumento del gasto primario, teniendo en cuenta la naturaleza temporal o estructural de ingresos y desembolsos que se producirán en 2024. El objetivo es “que sean coherentes con el cumplimiento de la recomendación específica de país emitida” por la UE.
Según la institución dirigida por Cristina Herrero, España tiene papeletas para cumplir con el límite de gasto siempre y cuando se retiren las medidas temporales de ingresos y gastos adoptadas para paliar la inflación. Pero alerta de que la vuelta al marco fiscal europeo se produce en un escenario de incertidumbre institucional, tanto interno como internacional. Por un lado, porque las reglas presupuestarias comunitarias están siendo objeto de una reforma que aún no ha terminado. Por otro, porque la recomendación que Bruselas ha remitido a España pide contener el gasto. Y, por último, porque se ha adelantado la convocatoria electoral sin que estén aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto.
La única referencia presupuestaria que tienen las Administraciones es el saldo proyectado en el Programa de Estabilidad publicado en primavera. En el caso de las comunidades y de las corporaciones locales, el documento estima el equilibrio presupuestario y un superávit del 0,2%, respectivamente. Habida cuenta de la previsión de ingresos que contempla la Airef para los dos subsectores, estos porcentajes casarían con un crecimiento del gasto autonómico y municipal del 7% y del 6%. difícilmente compatible con el cumplimiento de la recomendación específica de país hecha por la UE. Para el conjunto de las Administraciones, el alza sería del 3,6%.
La incertidumbre no es solo institucional. También rodea el escenario macroeconómico. Los principales riesgos se materializan en la inflación, las condiciones de financiación más duras por la política monetaria restrictiva del BCE, la resistencia de las tensiones geopolíticas y la posibilidad de que el ritmo de ejecución del Plan de Recuperación sea más lento de lo previsto. “Todos estos elementos siguen siendo claves en la evolución de determinadas variables como el empleo, los salarios, el consumo privado o el excedente bruto de explotación”, enumera la Airef. Y tendrán impacto en el saldo presupuestario del ejercicio.
La Airef también detecta riesgos por la falta de información acerca de determinadas políticas. Entre ellas, los importes de las inversiones en programas de modernización de defensa. “Aunque los crecimientos de gasto, déficit y deuda no lleven aparejados ninguna medida correctora, hay que tener presente que la vuelta a la disciplina fiscal está prevista para 2024 con la reactivación de las reglas fiscales”, concluye el organismo.
ENLACE AL ESTUDIO
AIReF Informe sobre Ejecución Prespupuestaria 2023 de las AA.PP.
LA DISCIPLINA FISCAL EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES
Los programas electorales de los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones generales este 23 de julio ya están sobre la mesa y todos pecan de poco concretos sobre cómo van a sufragar algunas de sus promesas de gasto o capear la pérdida de ingresos por algunos recortes de impuestos. Tras años de shock por la pandemia y la guerra en Ucrania, Bruselas volverá a aplicar las reglas fiscales el año que viene. Su vuelta establecerá, ante amenaza de sanción, el objetivo de déficit por debajo del 3% y una ratio de deuda pública menor al 60% del PIB.
Las campañas electorales nunca han sido un terreno propicio para la disciplina fiscal pues los candidatos hacen promesas que suelen tener una carga presupuestaria negativa, ya sea por bajada de los ingresos o por subida de los gastos. Los partidos de izquierda o centroizquierda se justifican con “la fiscalidad a los ricos” y los de la derecha o el centroderecha en la eliminación de gastos improductivos
El debate sobre políticas y programas es deseable y necesario, por más que en España, como en el resto del bloque comunitario, las grandes líneas legislativas vienen importadas de Bruselas.
Lamentablemente, el trazo grueso ha invadido la política doméstica, donde prima el “dominio del relato” que apenas se diferencia de una sucesión de supuestos golpes de efecto. Mal negocio para un debate sosegado sobre pros y contras de determinadas políticas económicas, y terreno abonado para los brindis al sol, en particular cuando se trata de política fiscal.
No obstante esta campaña electoral llega en un momento económico donde priman los ajustes. Las principales instituciones económicas (Banco de España y BCE, además de distintos institutos de pensamiento) ya han avisado de la necesidad de reajustar las ayudas desplegadas con la crisis energética, sustituyendo aquellas desplegadas a gran escala por medidas enfocadas solamente a los colectivos que más están sufriendo el pico inflacionista.
Un asunto que estará en la agenda del próximo inquilino de la Moncloa (y probablemente de su socio de Gobierno), y para quien la senda de estabilidad pactada por Bruselas será el principal guardarraíl.
PSOE: MÁS TRANSPARENCIA, MISMAS POLÍTICAS DE GASTOS E INGRESOS
El PSOE destaca en su programa la defensa de “unas cuentas públicas saneadas y sostenibles”. Los socialistas destacan que a pesar de que los Estados no estaban obligados por las reglas fiscales a equilibrar los saldos presupuestarios durante los últimos años, España ha protagonizado “un descenso continuado de las ratios de déficit”. Por ello apuesta por “la mejora continua de la eficiencia en el gasto público, a través de los planes de revisión de gasto y la evaluación de políticas públicas”.
Dentro de las propuestas fiscales, el PSOE se compromete a mantener los impuestos temporales a la banca y a las energéticas en caso de que estas empresas continúen produciendo beneficios extraordinario. También han propuesto el aumento el mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF, con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de mayores. En el ámbito de la empresa, quieren impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.
PP: DEFLACTAR LA TARIFA DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y DEROGAR LA LEY DE VIVIENDA
Las recetas económicas se concentran en el control del déficit y la deuda, así como la reducción de la presión fiscal. Como medida inmediata propone corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF. Para ello se procederá a la deflactación de la tarifa, para frenar la denominada “subida en frío” por el incremento de los precios, lo que los populares denominan una subida de impuestos sobre la clase media. Otra de las medidas tributarias que propone va dirigida hacia una reducción temporal del IVA de la carne, pescados y conservas lo que se uniría a las medidas ya en vigor hasta final de año en determinados alimentos de primera necesidad, aprobadas recientemente por el Gobierno.
Se comprometen a una reforma integral del sistema fiscal, pero no recoge un análisis más pormenorizado y concreto de las medidas. El compromiso se centra en la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, la simplificación del IRPF y el impuesto de Sociedades para las pymes, especialmente para aquellas con pérdidas.
Se comprometen a derogar la ley de vivienda, al considerar que ha generado inseguridad jurídica y proponen un pacto de Estado en el que participen tanto las comunidades autónomas como las entidades locales. Los jóvenes hasta 35 años contarán con avales para la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda. En materia energética, la propuesta popular es extender la vida útil de las centrales nucleares.
SUMAR: DOS MENCIONES AL DÉFICIT Y HACER ESTRUCTURALES LOS IMPUESTOS TEMPORALES
En las 185 páginas del programa electoral de Sumar tan solo hay dos referencias al déficit público y la deuda.
La primera pone el foco sobre la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para “hacer compatible la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de la deuda con la inversión y el papel proactivo que debe tener la política fiscal”.
La segunda aboga por que la supervisión comunitaria de la deuda y el déficit recaiga sobre el Consejo de la UE y la Eurocámara, en lugar de la Comisión; además de reformar las reglas fiscales europeas que entrarán en vigor el año que viene para la reducción del déficit público y la deuda por debajo del 3% y el 60% de la ratio del producto interior bruto (PIB), respectivamente.
Promete hacer permanente los impuestos temporales a las grandes fortunas y a las entidades financieras y energéticas. En el caso de las grandes fortunas propone llegar a tipos impositivos de, al menos, el 4% para los patrimonios más elevados.
Además, el programa electoral explora la posibilidad de aumentar los tramos del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) al ampliar el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tramos marginales crecientes: del 45% marginal actual hasta el 52% para rentas de a partir de 300.000 euros. También promete impulsar el acercamiento de los tipos de las rentas del ahorro a las del trabajo a rentas iguales o superiores a 120.000 euros con el objetivo de llegar a un tipo del 30%, desde el casi 26% actual.
VOX: TIPO ÚNICO EN IRPF DEL 15% HASTA RENTAS DE 70.000 EUROS Y REBAJA DE TIPOS DEL IVA
Vox se centra en la implantación de hasta dos tipos únicos en el IRPF, contempla un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para bases imponibles superiores a esta cifra. También contempla la aplicación de una exención de 22.000 euros anuales de rentas de trabajo con independencia de tener uno a dos pagadores.
Ambos tipos se reducirán en cuatro puntos por cada hijo, por lo que una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y solo pagará un 9% si superan esta cifra.
Aboga por la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual y generalizar la deducción por el coste del alquiler. También propone revertir la subida del IVA de 2012 realizada por el PP, con lo que retomarán el tipo reducido al 8% y el general al 18%. En fiscalidad empresarial aboga por la reducción progresiva a lo largo de la legislatura, hasta alcanzar el 15%. Defiende la supresión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones y el municipal de plusvalías, al tiempo que legislará para recuperar los tributos cedidos a las comunidades autónomas (actos jurídicos y transmisiones patrimoniales).
En materia de vivienda, proclama tolerancia cero con la ocupación ilegal, liberando suelo para edificar y elevar la oferta.
