Avisa de que los ERTE han amortiguado la pérdida de empleos pero en países endeudados la caída de la recaudación «tensionará» el sistema
La pérdida de puestos de trabajo y el cierre de muchos negocios con miles de autónomos en paro reducirá las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que inevitablemente presionará sobre la financiación del sistema pública de pensiones, que ya estaba «tensionado» antes de la pandemia a consecuencia del envejecimiento demográfico, alerta la OCDE en su informe ‘Pensions Outlook 2020’ publicado este lunes.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico explica que en España las ayudas públicas y los ERTE han «amortiguado» el desplome del empleo más que en otras crisis económicas pasadas, pero el año que viene con la finalización de este mecanismo -hasta ahora prorrogado solo hasta el 31 de enero- la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social se tendrá que solventar con un incremento de deuda pública, ya de por sí elevada.
Y es que la OCDE calcula que España termine este año con un nivel de endeudamiento del 117,3%, después de haberla conseguido reducir al 95% en 2019, pero que en 2021 y 2022 esta cifra siga aumentando hasta suponer el 122,4% del PIB.
Además, el Gobierno exoneró del pago de las cotizaciones sociales a las empresas que se acogieran a un ERTE por el cierre de su actividad, y aunque las diferentes prórrogas han ido reduciendo esas exoneraciones, las cuentas de la Seguridad Social se han resentido por la disminución de los ingresos y el mayor gasto con el aumento del desempleo.
Menos jubilados por la pandemia
E incluso la mayor mortalidad generada por el coronavirus entre la población mayor solo ha reducido el gasto en pensiones «ligeramente», según los cálculos del organismo, que apuntan a que el exceso de mortalidad en los 24 países europeos examinados ha subido un 6%. De seguir esa línea, el año se cerrará con un 0,2% menos de mayores de 65 años en Europa, lo que supondrá un ahorro en jubilaciones similar. Dado que las pensiones suponen de media en los países de la OCDE el 8% de su PIB, ese 0,2% representaría solo un 0,016% de la economía total.
Un valor insignificante cuando el déficit público se disparará a cerca del 11,5% este año en los países que componen la OCDE, y seguirá siendo muy elevado (5,9%) en 2022. En España las cifras son aún peores: 2020 cerrará con un agujero fiscal del 11,7%, que se irá reduciendo muy paulatinamente hasta el 6,6% en 2022, más del doble de su valor precrisis.
Planes de pensiones privados
El informe avisa de que la crisis puede agudizar problemas como el desequilibrio entre un número cada vez mayor de jubilados cuyas pensiones deben ser financiadas por unas generaciones de jóvenes menos numerosas que entran en el mercado de trabajo con pocos puestos y salarios bajos. Ello supondrá, además, que muy pocos sean capaces de ahorrar para su jubilación, ya sea a nivel individual o mediante un plan de pensiones privado.
«Algunas de las medidas pueden amenazar la adecuación de los ingresos futuros», advierte el informe, que recuerda que en España, los afectados por ERTE o los autónomos con caída de ingresos por la pandemia pueden rescatar sus planes de pensiones sin penalización, lo que según la OCDE puede suponer «riesgos a largo plazo» en nuestro país. «Solo debe permitirse en circunstancias excepcionales porque lo que se hace para afrontar necesidades inmediatas pone en peligro la jubilación de mañana».
En los sistemas por capitalización, el impacto de la crisis será más inmediato por las «fuertes fluctuaciones de los mercados financieros» en los que están invertidos en gran medida los ahorros para la jubilación. La prueba es que en el primer trimestre de este año los activos de los fondos de pensiones se depreciaron un 10% en la OCDE a causa sobre todo del hundimiento de los mercados financieros, y pasaron de representar 49,2 billones de dólares al terminar 2019 a 44,3 billones a finales de marzo. Sin embargo, a finales del tercer trimestre, la recuperación ya había permitido volver a niveles precrisis, cuando en la última crisis financiera global se tardó dos años en recuperar el nivel que había en 2007.
Porotra parte, ante la excepcionalidad del contexto, la OCDE realiza una serie de recomendaciones a los países para reordenar sus sistemas de pensiones y hacerlos sostenibles y pone en el foco una de las principales carencias del sistema público de pensiones en España: la falta de información oficial sobre la pensión futura que les espera a los trabajadores que han contribuido durante la totalidad de su vida o durante una buena parte de ella con sus cotizaciones a generarse sus derechos a futuro. El organismo internacional sostiene que en un contexto de tanta incertidumbre como el actual los sistemas deben calcular “las proyecciones de ingresos futuros en la jubilación” no sólo por una cuestión de transparencia sino también de evaluación del cumplimiento de los objetivos del sistema.
No se trata de ninguna ocurrencia audaz. De hecho, es una recomendación que el Pacto de Toledo hizo ya en 2011 y un compromiso gubernamental que lleva cerca de una década sin cumplirse: el envío a los hogares de los españoles de la célebre ‘carta naranja’ en la que se les comunicaría a partir de la información disponible sobre su vida laboral la cuantía de la pensión que percibirían en el momento de su jubilación.
El ejercicio de transparencia definitivo del sistema de pensiones lleva años suspendido por las razones más peregrinas. En los años inmediatamente posteriores a la crisis se apeló al coste económico del ejercicio – algo más de tres millones de euros – para retrasar su cumplimiento, luego se apeló a la consolidación de las reformas en curso, a la complejidad administrativa del ejercicio, a los problemas jurídicos que podría ocasionar por si se considerara esa estimación como un derecho adquirido…hasta la fecha siempre se ha encontrado una excusa para no hacerlo. Algo curioso cuando el Gobierno ha legislado para que los planes de pensiones privados sí proporcionen esa información a sus clientes.
Fuente: SUR
