Preocupa el desequilibrio entre la cuantía de las nuevas prestaciones y los salarios
Iniciada la negociación con los agentes sociales sobre el pacto de rentas que el presidente Sánchez propuso en el Congreso, el Gobierno ya admite que ese acuerdo será por completo insuficiente si no va más allá de poner límites a la evolución de los salarios y los márgenes empresariales. Por ello, fuentes del Ejecutivo reconocen su intención de que se definan también topes a la revalorización de las pensiones, ahora que su revinculación al IPC las aboca a un alza récord en 2023.
Aunque esta propuesta aún no ha sido expuesta a los agentes sociales el Gobierno considera «razonable» hacerlo próximamente ya que el nuevo método de revalorización anual de las pensiones ahonda el ya tradicional desequilibrio entre dos términos: la creciente cuantía de las nuevas pensiones y los sueldos cada vez más reducidos de los jóvenes.
El promedio de las últimas pensiones de jubilación se sitúa en 22.806 euros brutos anuales y el salario actualmente más habitual en España (una variable más útil para hacer este tipo de comparaciones que el sueldo promedio) es de 18.489 euros al año. Entre ambas cifras media una diferencia del 23,3% a favor de las nuevas pensiones. El salario medio es de 24.396 € brutos/año y el salario mediano es de 20.351 €..
El salario medio básicamente es la suma de todos los salarios de un país, pero figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados por lo que no es una buena medida resumen del salario anual pues no plasma las diferencias entre distintos colectivos y actividades. El salario mediano es el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior. El salario más frecuente ( o salario modal) es el salario más repetido entre los trabajadores pues se agrupa a los individuos en grupos de salarios, obteniendo cual de ellos tiene el mayor número de trabajadores.
El IPC interanual de febrero se ha disparado al 7,6% y las tensiones provocadas por la invasión de Ucrania apuntan a picos superiores al 10% en algunos meses con lo que las previsiones más recientes sobre la inflación promedio de este año (la que marcará la revalorización de pensiones de 2023) oscilan ahora en una horquilla comprendida entre el 5,6 y el 6,5%. El resultado es que la revalorización de las prestaciones por jubilación amenaza con sumar un desembolso extra de hasta 11.700 millones para las arcas de la Seguridad Social.
En Moncloa reconocen ya su preocupación por el empeoramiento de esta realidad, pese a que han sido sus propias políticas las que abonan el terreno para ese deterioro. El Gobierno que hizo posible la reindexación de las pensiones a la evolución de los precios es el mismo que se plantea ahora la suspensión de esa medida, integrándola en el futuro pacto de rentas.
Posibles cauces legales para la marcha atrás
El proceso es más sencillo de lo que a priori pueda parecer, pues no sería necesaria enmienda alguna a la Ley de la Reforma de Pensiones, ni mucho menos su derogación. Bastaría con que los próximos Presupuestos Generales del Estado establezcan para 2023 el límite convenido en el pacto de renta. Se trata de una medida muy impopular pero si se consiguiera el acuerdo previo con los agentes sociales, el Gobierno tendría a su favor un aval de peso para negociar con los partidos políticos en el Parlamento..
También se plantea la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a una fórmula semejante a la que ya se ha recuperado, desde finales del año pasado, en las negociaciones salariales y que consiste en pactar para el año en curso revalorizaciones inferiores a la tasa media de IPC, bajo el compromiso de que las pérdidas de poder adquisitivo se acumulen y se compensen mediante sucesivos pagos diferidos en años posteriores. Cabe así la opción de que el futuro pacto de rentas fije, para un primer momento, una revalorización de las pensiones inferior al IPC que se registre el próximo mes de noviembre, pero en los próximos años se compensaría la diferencia, pero con esta medida sólo se conseguiría trocear y demorar un desembolso que aún así sería récord.
Aun cuando resulta loable el propósito de proteger las rentas de los pensionistas, estos no pueden ser los únicos que cuenten con sus ingresos protegidos, máxime cuando la inflación obliga a unas revalorizaciones difícilmente sostenibles en el tiempo. De hecho, son varios los expertos en el ámbito de pensiones que ya han defendido públicamente que el pacto de rentas propuesto por el Gobierno tiene que alcanzar necesariamente a los trabajadores retirados.
Fuente: El Economista
Si han mentido con la revalorizacion de las pensiones con el IPC y no lo van a aplicar, en las proximas elecciones votare al partido mas extremo posible a ver si acaba con esta dictadura.
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