¿ADONDE NOS LLEVAN? A MÁS DÉFICIT PÚBLICO MÁS RECORTES EN EL GASTO SOCIAL

El aumento del déficit obligará a dedicar más recursos a pagar la deuda pública, forzando recortes en las prestaciones.

Los recortes equivalentes al 2% del PIB en el gasto social en sanidad, educación y otras partidas durante los primeros años de crisis fueron exclusivamente a pagar intereses de la mayor deuda española, pese a los bajos tipos de interés del BCE

En España el peso del gasto público sobre el PIB ha pasado del 10% al 40% en los últimos cuarenta años de democracia. Ese fuerte repunte de los impuestos y del gasto tiene mucho que ver con el desarrollo del llamado Estado de Bienestar, un modelo bajo el cual las Administraciones Públicas pasan a convertirse en el principal agente proveedor de los servicios sociales.

Lo cierto es que el amplio catálogo de servicios públicos acarrea un coste cada vez más difícil de financiar. La deuda pública, ha subido de 400 mil millones a 1,2 billones de euros, a raíz de un aumento continuado de los gastos que supera el crecimiento de los ingresos, que están en máximos históricos pero no llegan a compensar el fuerte repunte de los presupuestos.

Álvaro Ballarín en su informe Consecuencias del déficit público sobre el gasto social a largo plazo, extrae las siguientes conclusiones:

NOTA: En lo expuesto a continuación redondeamos las cifras para no perdernos en detalles que nos pueden desviar del planteamiento conceptual

1. Debido a la rigidez a la baja de los gastos sociales los gobiernos suelen reaccionar recurriendo a los déficits públicos. Estos déficits –que se acumulan un ejercicio tras otro– incrementan en la misma cuan- tía la deuda pública. Y, lógicamente, como consecuencia del incremento de la misma, aumentan los gastos por el pago de los intereses que genera

2. Especialmente relevantes resultan los déficits desde 2008 a 2015, que suman un total de casi 670 mil millones de euros, cifra en la que se incrementa la deuda pública, cuyo importe ha alcanzado el billón de euros en términos absolutos (un 100% del PIB). España vive también esa paradoja actual entre el consenso sobre la necesidad imperativa de reducir el déficit público y aligerar el peso de la deuda y la práctica diaria de decisiones presupuestarias que contrarían ese consenso .

3. Los intereses de la deuda han alcanzado en estos diez años, de 2008 a 2017, un total de unos 280 mil millones de euros. Si tenemos en cuenta que el 29% del total del gasto público se dedica a gasto social, podremos convenir que este mismo porcentaje ha dejado de dedicarse durante estos diez años a gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, lo que en términos absolutos supone 80 mil millones de euros.

4. El total del gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales alcanzó el 29% del total del gasto público y el 13,5% del PIB en 2009. Estos años de máximos en el gasto social coinciden con los años en que el gasto por el pago de intereses fue más bajo: en 2007 y 2008, 17 mil millones de euros y en 2009, 18 mil millones de euros. Desde entonces el gasto social ha rebajado su peso hasta situar el total del gasto social por estas tres prestaciones en 2017 casi el 12% del PIB. Al contrario de lo que sucede en el periodo 2007-2009, los años de mínimos en el gasto social coinciden con los de máximos en el gasto por el pago de intereses de la deuda pública; en 2013 y 2014, 35 mil millones; en 2015, 33 mil millones.

5. El gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales en el periodo 2012-2015 descendió anualmente de media en 14.mil millones de euros con respecto al periodo 2008-2011, mientras que los gastos por el pago de los intereses de la deuda se incrementaron en 13 mil millones de euros entre ambos periodos de tiempo. Es decir, el incremento del gasto por el pago de los intereses de la deuda pública hace que se reduzca en la misma cuantía el gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

6. Entre 2008 y 2017 se incrementó la deuda pública en 760 mil millones de euros, prácticamente la misma cantidad en que se incrementó el déficit público. Este incremento de la deuda tenía, en parte, como justificación la financiación del gasto social. En este mismo periodo de tiempo los gastos por el pago de intereses han ascendido a 282 mil millones de euros, de los cuales el 66% son consecuencia del incremento de la deuda pública durante estos años, esto es, 186 mil millones de euros. Por tanto es previsible que, de seguir la deuda pública en las cifras actuales, los intereses de la misma causados exclusivamente por los déficits de esta década lleguen hasta los 760 mil millones de euros en menos de treinta años. Esto significa que en este tiempo habremos tenido que pagar en intereses de la deuda el mismo dinero en que incrementamos los déficits en el periodo de referencia, sin poder destinarlos al incremento de gasto social para las generaciones actuales y también para las venideras, y con el agravante de que, además, en algún momento habrá que devolver el principal de ese importe íntegramente.

7. Para volver a la situación previa a tan altos gastos por pago de intereses, consecuencia, a su vez, de la altísima deuda pública, esto es, volver a la situación del año 2007, con el fin de liberar 15 mil o 16 mil millones de euros anuales que se pagan a día de hoy de más por intereses de la deuda, sería necesario rebajar la deuda pública a los niveles registrados en ese año (en torno al 35% del PIB). Para ello habría que suprimir el déficit público durante unos años y que los presupuestos registraran importantes superávits. Resulta muy difícil que se pueda presentar esta situación y que lo haga de manera continua, lo que nos remite irremediablemente a la conclusión de que la actual situación, si se revierte en algún momento, será dentro de muchos años.

8. Por tanto, incurrir en déficits agudos y continuados conduce inexorablemente a situaciones negativas para el gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales a largo plazo. Si no se quiere perder gasto social en términos absolutos a largo plazo, el recurso al déficit público para mantener el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales debe estar limitado en el tiempo, dos, tres, o cuatro años, o por ciclos económicos –nunca déficits indefinidos– , y que una vez superado este periodo de tiempo, puedan ser corregidos para reducir la deuda pública, cuyos intereses redundan en la misma.

En resumen, financiar la deuda reduce el gasto social.

Tras el estallido de la crisis, “los ingresos disminuyen más de un 10% y el gasto se incrementa en un 20%, con lo cual se consolidó un desequilibrio importante en las cuentas públicas que se situó en más de 100.000 millones de euros anuales en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Los datos son claros:

  • Zapatero hereda en 2004 un presupuesto que rondaba el superávit pero llegó a 2008 con un déficit de casi 590 mil millones que, ya en 2011, alcanzaba los 102 mil millones. Rajoy ensancha el saldo negativo hasta los 109 mil millones de 2012, principalmente por el déficit oculto que hereda del anterior gabinete socialista, pero a continuación procede a reducir el déficit de manera progresiva, hasta cerrar 2017 en 36 mil millones.
  • Bajo Gobierno de Zapatero, la deuda pública crece de 393 mil millones a 743 mil millones. Con Mariano Rajoy se da una primera fase de aumento entre 2012 y 2014, hasta llegar a 1,1 billones de euros, mientras que en 2015, 2016 y 2017 se produce una estabilización en niveles cercanos al 100% del PIB.
  • El gasto en intereses de la deuda se dispara bajo Gobierno de Zapatero: pasa de 17 mil millones a 26 mil millones. Con Rajoy en La Moncloa, este capítulo salta en 2012 a 31 mil millones, cerrando el curso 2017 en 33 mil millones.

Quizá la mejor demostración de que los recortes son buenos para el Estado de Bienestar está en la comparativa del gasto social con el presupuesto dedicado a devolver los intereses de la deuda. En los años 2012-2015, la primera rúbrica bajó en 14 mil millones y la segunda creció en 13 mil millones. Hay, por lo tanto, un efecto expulsión, en la medida en que un aumento del déficit obliga a costear el servicio de la deuda, reduciendo el margen para compromisos de gasto social.

Ese efecto expulsión (a más déficit, más pago de intereses y menos margen de gasto social) ha sido comprendido a la perfección en Portugal, donde el Gobierno socialista de António Costa no tuvo problema en respetar la senda de reducción de déficit fijada por su antecesor, el popular Passos Coelho. De hecho, los socialistas lusos han sacado pecho ante la perspectiva de lograr un superávit presupuestario en 2020 y ha descrito este logro como un paso en defensa del Estado de Bienestar.

En España nada más llegar al poder, Pedro Sánchez decidió aumentar los objetivos de déficit de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y los elevó con nuevos objetivos de déficit del 2,7%, 1,8%, 1,1% y 0,4% del PIB, respectivamente. Todo esto supuso más de 23 mil millones de euros de déficit adicional. De modo que puede terminar dándose la paradoja de que, una vez más, un gobierno que promete aumentar el gasto social termina reduciéndolo como consecuencia de los elevados costes de financiar un déficit creciente, sin olvidar, además, que los actuales costes de la deuda están produciéndose en un contexto de tipos de interés cercanos a cero.

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