INTRODUCCIÓN
Una vez solventada, de forma más o menos “digna”, la primera pata de la reforma de laS pensiones, el Gobierno debe emprender una segunda fase, la más dura, con el objetivo de ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Tendrá que adoptar medidas poco amables, obligado por la condicionalidad de los fondos
Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están convencidos de que la estrategia del Gobierno de España con las pensiones puede conducir al sistema público a un callejón sin salida similar al que tuvieron que afrontar Grecia y Portugal hace ahora una década y que les obligó a abordar recortes del gasto de entre el 20% y el 30% en sus sistemas de pensiones para hacerlos viables.
«El margen para financiar la subida del gasto en pensiones con aumentos de las cotizaciones a la Seguridad Social o de los impuestos generales es limitado. En ausencia de medidas de contención del gasto, la necesidad de recursos adicionales en el futuro será importante y aumentará el riesgo de que las generaciones futuras no puedan o no quieran financiarlos», advierten los expertos de esos organismos.
PERIODO DE CALCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACION
Una de las medidas insoslayables es un aumento del periodo de cálculo de las pensiones a partir de 2023, una medida que en la mayoría de los casos supondrá una merma de la jubilación.
La exigencia es un compromiso del Gobierno que forma parte del acuerdo con la Comisión Europea para implementar el plan de recuperación de España, y ya provocó un gran revuelo en el seno del Ejecutivo a finales de 2020 cuando trascendió una propuesta para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas.
Aquella propuesta, que siempre negó José Luis Escrivá, impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6% (según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura).
El debate fue agrio entre las dos alas del Gobierno y, en consecuencia, Escrivá, terminó renegando de la medida. Ahora el proceso es irreversible: 2022. Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las medidas más efectivas para recortar la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%. En la práctica implica percibir pensioness menores porque los trabajadores, por regla general, tienen peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos.
DESTOPE DE LAS BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN
El acuerdo con Bruselas para recibir los fondos recoge también un incremento de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. A diferencia de Escrivá, Podemos defiende que la pensión máxima no suba. Con esta medida el Gobierno deberá que enfrentarse de nuevo al rechazo de la patronal, contraria a nuevos aumentos de los costes para las empresas.
COTIZACION AUTÓNOMOS
La organización de autónomos más importante del país, ATA, ha decidido plantarse y no aceptará el sistema de tramos propuesto por el Gobierno para reformar el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social de este colectivo para adaptarlo a los ingresos reales. Así lo han señalado tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Inclusión y el resto de asociaciones de autónomos, UPTA y UATAE.
Indican que han fijado su posición y están de acuerdo en cumplir el pacto de julio pero quieren evitar que se haga ahora un sistema injusto por la falta de datos. «No nos vamos a mover de ahí. Hemos planteado tramos para los que cobren menos del SMI y fijar este salario mínimo como límite de la cotización», señalan. «No nos han dicho del Ministerio ni que sí ni que no, pero no nos moveremos de ahí y no aceptaremos el actual sistema de tramos propuesto», han señalado. «Tenemos que esperar a Hacienda y tener una radiografía más real de los ingresos del colectivo», insisten.
Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha explicado que en las reuniones se ha avanzado aunque ha insistido en que «desde UPTA-UGT tenemos claro que este sistema tiene que bajar el nivel de exigencia contributiva a los autónomos con menos ingresos y repartir la carga entre el resto».
PLANES DE EMPLEO
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 22 de febrero el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, para facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro a los trabajadores de rentas medias y bajas, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas (pymes), y lo ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Con esta normativa también se pretende reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones. Además, responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos de 2021 y a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que el Gobierno se comprometió a cumplir en el primer semestre de 2022.
El anteproyecto de ley se aprobó en primera lectura en noviembre y, en este tiempo, se ha tenido «una interacción intensa y fructífera de los distintos ámbitos relevantes en este caso«, según el ministro.
La Comisión Promotora y de Seguimiento se responsabilizará de la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial. La Comisión Promotora y de Seguimiento estará integrada por 9 funcionarios: 5 de ellos procedentes de la Seguridad Social, 1 del Ministerio de Trabajo, 1 del Ministerio de Economía, 1 del Ministerio de Hacienda y el último del Ministerio de Transición Ecológica.
Las funciones de la Comisión de Control Especial serán la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución. Esta Comisión estará integrada por 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios Para la toma de decisiones se exigirá el consenso entre las partes y la mayoría cualificada en casos concretos.
El trabajador podrá aportar, de forma voluntaria, cuotas superiores a las que ponga su empresa. No obstante, la aportación máxima se definirá por tramos. Además, el trabajador reducirá su base imponible a tipo marginal del IRPF, con un 30% para el empleado medio. Para los autónomos, el Ministerio calcula una deducción de hasta 5.750 euros al año.
En el caso de las empresas, se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en aportaciones de estos planes, que estuvo vigente hasta 2013. No obstante, ahora se limita a 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales, en línea con la «filosofía de poder posibilitar un instrumento de ahorro atractivo para rentas medias y bajas», como ha dicho Escrivá.
