A pesar de lo que digan los independentistas, la Seguridad Social no puede resultar más próxima de lo que ya lo es porque está en el hogar de todos los ciudadanos
Reato de un pensionista
Acabo de jubilarme. Podía haber solicitado la pensión por internet, accediendo a la sede electrónica de la Seguridad Social, pero decidí acudir a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Bilbao. La atención fue impecable y desde el primer momento comencé a recibir avisos en mi móvil sobre la tramitación del expediente, que, en mi caso, se ha resuelto en pocos días. Quiero resaltar un hecho que probablemente desconozcan muchos lectores: mi pensión no se ha tramitado en Vizcaya, ha viajado hasta Cáceres o Tarragona o a cualquier otra localidad.
El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), han hecho de la necesidad virtud. Su situación es muy complicada por la combinación de las crecientes cargas de trabajo y la falta de renovación de las plantillas a raíz de la crisis de 2008. Para optimizar recursos, han procedido a la deslocalización de los trámites administrativos.
Tradicionalmente, los expedientes se tramitaban en la provincia de residencia del beneficiario (INSS) o de la empresa (TGSS). Ahora el expediente (que no el interesado) viaja a la provincia que está en disposición de poder asumir tramitaciones adicionales a las suyas propias, aliviando a la que soporta mayores cargas de trabajo. En el caso del INSS, la gestión deslocalizada se aplica, entre otras, a las prestaciones de jubilación, ingreso mínimo vital, a las pensiones de viudedad (con carácter general) y nacimiento y cuidado del menor (si se solicita a través de la aplicación Tu Seguridad Social).
En esta línea, determinadas direcciones provinciales se han especializado en los distintos convenios internacionales y en la aplicación de los Reglamentos comunitarios. A título de ejemplo, Cáceres tramita los expedientes a los que se aplican los reglamentos comunitarios cuando el trabajador prestó servicios en Suecia. Vizcaya lo hace si el trabajo se desempeñó en Noruega, Islandia o Luxemburgo.
La TGSS también sigue esta política en una multiplicidad de trámites: actos de encuadramiento, altas de trabajadores, inscripción de empresas, gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos del sistema.
¿Qué interés tiene esto? Creo que los ciudadanos deben conocer todo lo que afecta a nuestro Sistema de Seguridad Social, aunque solo sea porque millones de ellos están (estamos) percibiendo una pensión u otro tipo de prestaciones y el resto aspira a hacerlo algún día. Pero hay una razón adicional y es el impacto que en este estado de cosas puede provocar la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco que el PNV pactó con el PSOE en el acuerdo de investidura de nuestro actual Presidente.
La Seguridad Social no puede resultar más próxima de lo que ya lo es porque está en el hogar de todos los ciudadanos, a través de internet y las aplicaciones y servicios informáticos.
A modo de justificación de lo que no deja de ser un compromiso político, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha afirmado que la transferencia “permite una gestión más próxima al ciudadano”. Este argumento sería válido para no limitar la transferencia al País Vasco y generalizarla a las restantes comunidades autónomas (diez de ellas contemplan en sus estatutos la asunción de competencias en materia de Seguridad Social en términos similares al vasco).
Con todos los respetos, no comparto la tesis de la señora ministra. El INSS y la TGSS están implantados en todo el territorio nacional y, en caso de transferencia, la comunidad autónoma asumirá sus centros (con un nuevo logo y denominación) y sus funcionarios, ni más ni menos. Además, y esto es lo fundamental, la Seguridad Social no puede resultar más próxima de lo que ya lo es porque está en el hogar de todos los ciudadanos, a través de internet y las aplicaciones y servicios informáticos.
La sede electrónica de la Seguridad Social posibilita el acceso a cualquier clase de información y la realización de todo tipo de gestiones, así como obtener certificaciones, dar de alta a un trabajador, pagar cotizaciones, solicitar la tarjeta sanitaria europea o el reconocimiento de prestaciones. Ello desde cualquier punto del territorio nacional y conforme a unos mismos procedimientos.
La Justicia es una competencia exclusiva del Estado pero se ha considerado que los medios materiales y personales pueden ser transferidos. Conclusión: no existe una plataforma común de notificaciones telemáticas de Justicia, sino tres
Sería ilusorio esperar que, en caso de transferencia, esta situación se fuera a mantener y que no se multipliquen las sedes electrónicas y los procedimientos. Simplemente hay que constatar lo que ha sucedido con ocasión de otros procesos de transferencias.
La Justicia es una competencia exclusiva del Estado pero se ha considerado que los medios materiales y personales pueden ser transferidos. Conclusión: no existe una plataforma común de notificaciones telemáticas de Justicia, sino tres: PSP Avantius en Navarra, País Vasco, Cantabria y Aragón, Noticat en Cataluña y Lexenet en el resto del país. Dos matices, Avantius se llama Vereda en Cantabria y ha cruzado nuestras fronteras porque también se usa en Andorra.
Hay otros motivos de mayor peso que la desaconsejan, como lo son la configuración constitucional de nuestro Sistema, su sostenibilidad, la doctrina del Tribunal Constitucional y la salvaguarda de los principios de unidad e igualdad de derechos
¿Y qué va a pasar con la gestión deslocalizada de INSS y TGSS en caso de transferencia? Desvincularse del proceso de deslocalización, dejar de tramitar procedimientos de otros territorios, supondría reducir el círculo de solidaridad y circunscribirlo al ámbito de la comunidad, cual reino de taifas. Si se mantiene el sistema, nada bueno podemos esperar, si atendemos a lo que está sucediendo con los menores no acompañados que se hacinan en Canarias mientras el resto de las comunidades ponen todo tipo de obstáculos para contribuir a su acogimiento.
Si los menores en situación de precariedad no despiertan conmiseración alguna, ¿qué podemos esperar de los expedientes de jubilación o de reclamaciones de deuda? Imagino interminables y fallidas reuniones intracomunitarias encaminadas a negociar si Asturias asume 20 expedientes de Salamanca o Vizcaya unas reclamaciones de deuda de Cádiz. Yo voy a cobrar mi pensión el mes que viene. Otros, en un futuro que algunos quieren hacer realidad, no van a tener tanta suerte.
No me convencen los argumentos políticos ni las razones de la ministra en orden a justificar la transferencia de la Seguridad Social. Además, hay otros motivos de mayor peso que la desaconsejan, como lo son la configuración constitucional de nuestro Sistema, su sostenibilidad, la doctrina del Tribunal Constitucional y la salvaguarda de los principios de unidad e igualdad de derechos.
Pero no voy a incidir ahora en estos otros argumentos. Me he jubilado tras dedicar 46 años de actividad profesional a la Seguridad Social y ahora lo que me apetece es contratar un viaje del Imserso. Me apetece Benidorm.
Fuente: La Seguridad Social está en juego | Vozpópuli
La Caja única de la SS
La Tesorería General de la Seguridad Social (la CAJA ÚNICA DEL SISTEMA) es la encargada de recaudar mes a mes las cotizaciones sociales, con el único fin de atender las riesgos de necesidad, garantizando a quien cotiza que obtendrá las mismas prestaciones resida donde resida.
Recordemos que la fuente básica y principal de financiación del Sistema público de pensiones es la cotización en forma de cuota a pagar por los empresarios y trabajadores de los distintos Regímenes que componen el Sistema. Una constante y consecuencia de ello es que a mayor salario, mayor cuota y mejor prestación, en definitiva a mayor esfuerzo, más retribución en el futuro.
POR QUÉ LAS PENSIONES NO SE PUEDEN TERRITORIALIZAR Cada cierto tiempo surge en el debate público lo justo o injusto que es que unas regiones paguen más que otras y/o que reciban menos servicios públicos; que unas comunidades sean contribuyentes netas y financien a las que no lo son. Lo primero que habría que apuntar es que obviamente las prestaciones las reciben los trabajadores contribuyentes NO los territorios.
Las pensiones no escapan a este debate, a pesar de que la Constitución blinda su financiación solidaria entre las distintas comunidades y el propio Estado. Es lo que se denomina CAJA ÚNICA de la Seguridad Social: el Estado recibe todos los ingresos por cotizaciones (por contingencias comunes y desempleo fundamentalmente) y este dinero lo reparte para el pago de todas las prestaciones contributivas (desempleo, incapacidades y jubilaciones fundamentalmente). El hecho de que esta caja sea única para toda España garantiza que, independientemente de la comunidad autónoma donde viva el contribuyente, éste recibirá una prestación idéntica si sus circunstancias son las mismas.
Tras más seis años de crisis y tras la pérdida de unos 4 millones de cotizantes, la SS ha pasado de vivir los mejores años de su existencia, con superávit anuales de más del 1% del PIB, a ver año tras año números rojos también en magnitudes superiores al 1% del PIB; y a necesitar meter mano en el fondo de reserva creado en años de bonanza e incluso a que el propio Estado acuda a su rescate.
Este enorme agujero presupuestario ha generado también que todas las comunidades hayan pasado a ser –a diferencia de antes de la crisis– receptoras netas de financiación para el pago de sus pensiones contributivas. Hoy en día, aunque sean todas las comunidades deficitarias en materia de pensiones no lo son todas en la misma medida ni mucho menos. Así, los casos oscilan entre Asturias, que paga en pensiones un 60% más de lo que ingresa por cotizaciones o Madrid, la más saneada en este terreno, con unos números rojos de apenas el 6% más de gastos en prestaciones que ingresos por cuotas de sus trabajadores. En esta horquilla están las más deficitarias: Castilla y León (un 48% más de gastos que de ingresos); Cantabria y Galicia (47%) y Extremadura (42%). Mientras que el grupo de las más saneadas lo forman junto a la capital, las islas Baleares y Canarias (que destinan al pago de pensiones un 12% más de lo que reciben en cotizaciones) y Cataluña (30%).
Estas fuertes diferencias alientan a algunos defensores de romper la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, hay una circunstancia muy básica que pasan por alto y que provoca estas diferencias, más allá del esfuerzo que supone pagar más de lo que se recibe. Esta circunstancia es que hay muchos jubilados que, tras terminar su vida laboral, deciden volver a residir a sus comunidades de origen y abandonar la región en la que cotizaron.
Por eso, cobran su pensión de jubilación en una comunidad distinta a la que contribuyeron al sistema. Esto provoca que las regiones naturalmente receptoras de actividad económica como Madrid, Cataluña o las islas reciben los ingresos de unos trabajadores que luego figurarán como receptores en otras comunidades sin tantos cotizantes. Que, además, suelen coincidir con las regiones más despobladas como Castilla y León, Galicia o Extremadura, lo que las convierte en las más deficitarias. A esto se añade, el caso particular de Asturias, donde sus pensiones provenientes de la minería son además el doble que la media, con lo que su gasto se dispara y la sitúa como la menos saneada de España. Esta circunstancia impide romper la caja única y mantener a la vez la justicia en el reparto de este pilar básico del Estado del Bienestar.
Cabe recordar que la Constitución Española enuncia como COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO «el régimen económico de la Seguridad Social». definiendo la caja de la Seguridad Social como «única
