No es nada estético hacer campaña desde el Consejo de Ministros»
Dentro del disparate de esta precampaña, el Gobierno socialista ha decidido gobernar a golpe del Real decreto y nos ofrece cada semana un acto propagandístico que han denominado los martes sociales. Es algo que ningún demócrata debería hacer con unas Cortes disueltas y utilizando el subterfugio de la Diputación Permanente del Congreso. Se aprueban medidas que no son urgentes para comprar el voto.
No existe ningún criterio jurídico aceptable que permita legitimar el uso y abuso de los reales decretos ley por motivos estrictamente electoralistas y partidistas.
Los «martes sociales» hacen referencia a la estrategia política activada por el Gobierno de España en octubre de 2026. Consiste en aprovechar las reuniones semanales del Consejo de Ministros de los martes para aprobar una serie de paquetes de medidas de calado social de cara a las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.
Principales medidas del primer «martes social»
En el Consejo del 20 de octubre de 2026 se aprobó un decreto que destaca por:
- Pensiones y protección social: Flexibilización del acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho acreditadas con hijos, suelo de dos salarios mínimos (2.442 €) para pensiones por terrorismo y refuerzo de prestaciones para huérfanos por violencia de género.
- Ayudas y familia: Triplicación de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos hasta 300 euros y nuevas coberturas por incapacidad laboral (menopausia y violencia de género).
- Vivienda y educación: Inyección de 225 millones de euros para vivienda asequible y 45 millones para plazas en residencias universitarias públicas.
Próximas medidas y debate político
Con varios Consejos de Ministros pendientes antes del 29N, se prevé una subida del SMI de en torno al 5% y la revalorización de las pensiones.
Esta estrategia genera división: el Ejecutivo defiende su labor de gestión social respaldada por la Abogacía del Estado, mientras que la oposición la tilda de medida electoralista, populista y partidista que compromete al próximo gobierno.
la Seguridad Social, es uno de los protagonistas del primer paquete de medidas; el otro ha sido el de Vivienda.
El cónclave ministerial ha aprobado la creación de una protección especial para dar cobertura a mujeres trabajadoras que sufren episodios incapacitantes por la menopausia. Esta nueva protección blinda las bajas médicas a las mujeres y se incrementa su protección económica. En concreto, se elimina el periodo de carencia desde que empieza su baja hasta que cobran la prestación y se eleva la cuantía desde el 60% hasta el 75% de la base reguladora.
El Gobierno también ha creado una cobertura a personas afectadas por acontecimientos catastróficos y que no puedan trabajar. Esta nueva prestación sigue el camino que marcó el propio Ejecutivo creando una ayuda específica tras la riada provocada por la dana del año 2024. Esta nueva prestación cubrirá a trabajadores que estén en situación de incapacidad como consecuencia de una catástrofe medioambiental, por lo que podría beneficiar a las personas afectadas por la borrasca Adam.
También se mejora la prestación para familias que cuidan de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. El Gobierno permitirá que ambos progenitores puedan dejar de trabajar para centrarse en el cuidado del menor y combinar la prestación. Además, extiende el cuidado hasta que el descendiente tenga 26 años de edad.
Asimismo, el Ejecutivo también mejora algunas pensiones ya existentes. El primer caso es el de las pensiones de viudedad, cuyo derecho de cobro se extenderá a parejas que no se hayan registrado oficialmente nunca, pero que hayan tenido hijos en común y puedan demostrar que han convivido.
También mejora las pensiones familiares (viudedad y orfandad) para víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género. En el caso de las víctimas del terrorismo, extiende el derecho de cobro a los familiares de casos que todavía no cuentan con sentencia judicial penal. Además, esta protección se extiende también a víctimas del terrorismo que hayan sufrido lesiones incapacitantes que les impidan trabajar, o trabajar con normalidad.
Y, en el caso de la violencia de género, el Gobierno amplía la pensión de orfandad para hijos cuya madre haya sido asesinada por violencia de género. Su pensión será del doble de la cuantía que marque el salario mínimo interprofesional (SMI).
Por último, el Consejo de Ministros ha acordado triplicar la cuantía del fondo de garantía del pago de alimentos, que pasa de 100 a 300 euros mensuales. Este fondo sirve para cubrir la pensión de manutención de los hijos en los casos de parejas divorciadas en las que el progenitor que tiene que realizar el pago se retrasa. De esta forma, el Estado ayuda a la familia a cubrir sus gastos con un anticipo que posteriormente tienen que reembolsar cuando el progenitor cubre el pago de la pensión.
Medidas en vivienda
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha desgranado el contenido de dos paquetes de gasto dotados con 225 millones de euros y que tienen dos objetivos prioritarios: acelerar la oferta en los municipios que se han acogido a la Ley de Vivienda declarándose como zonas tensionadas y ayudar a los estudiantes universitarios a tener un alojamiento.
En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto dotado con 180 millones de euros para dar subvenciones a las zonas de mercado tensionado. Esta financiación irá dirigida a las comunidades autónomas que se han acogido a la Ley de Vivienda (Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias).
El Gobienro limita lo que las autonomías podrán hacer con estos recursos. En concreto, se limita a la compra de viviendas en el mercado libre para ponerlas en alquiler social, comprar suelo urbanizable, financiar promoción o rehabilitación de viviendas para alquiler social, el desarrollo o urbanización de nuevo suelo edificable o cubrir los impagos de contratos de arrendamientos de viviendas.
En segundo lugar, el Gobierno concede subvenciones para la creación de alojamientos asequibles para estudiantes. El Ejecutivo financiará a las universidades Autónoma de Madrid, de Castilla-La Mancha, Pablo de Olavide, Burgos, Jaume I de Castelló, de Jaén y de Lleida, para poner en marcha hasta 2.000 plazas nuevas. Estos proyectos que va a financiar el Estado están ya concretados y «tienen viabilidad a corto plazo».
Con estas medidas, el Gobierno pone el punto de partida de los martes sociales. La ministra portavoz ha informado que uno de los asuntos que tratará el Consejo de Ministros antes de las elecciones será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente está siendo tratada por el comité de expertos designado por el ministerio y los agentes sociales.
