CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA?: 9,5 MILLONES DE BENEFICIARIOS Y 1.373,4 EUROS DE PRESTACIÓN MEDIA
Las pensiones irrumpen en la precampaña: el PP se enreda con la viabilidad del sistema y Vox pide reformarlo
España destina al año 190.000 millones para sufragar las pensiones, el 13% del Producto Interior Bruto
Las pensiones y su viabilidad han irrumpido en la precampaña electoral. Vox ha planteado directamente una reforma para que el sistema pase a regirse por una estructura mixta, público-privada, mientras que el PP se ha enredado en un cruce de declaraciones entre sus dirigentes. Esther Muñoz, la portavoz de la campaña, aseguró este lunes que el sistema necesita una reforma, aunque este miércoles matizó sus palabras y subrayó que el PP siempre ha defendido el modelo público. Es lo que hizo el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cuando en un mitin en Aragón garantizó el sistema y prometió revalorizar las prestaciones en función del IPC, tal y como marca la ley, para apagar la polémica.
El PP se enreda en las pensiones: Feijóo dice que las «garantizará» y Muñoz pide afrontar una reforma con «valentía
Las declaraciones de PP y Vox han servido de acicate al PSOE y al Gobierno para lanzarse a defender un modelo que en la actualidad cubre las jubilaciones de 9,5 millones de personas (y electores). De hecho, el Ejecutivo debe determinar antes de que acabe el año cuánto se revalorizarán las pensiones en 2027, y lo hace en base al IPC medio de los 12 meses anteriores. Ese dato definitivo no se sabrá hasta el 15 de diciembre. No obstante, el anuncio – que no la aprobación- puede llegar justo en el cierre de la campaña, cuando el INE publique el 27 de noviembre el dato adelantado de inflación de noviembre.
El calendario dará una gran baza electoral al Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que la subida se aprobará aunque el Gobierno esté en funciones. Además, el Ejecutivo tiene previsto aprobar o anunciar de aquí al 29-N otras importantes medidas, algunas ligadas al mercado laboral, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El Ejecutivo no oculta que hará uso de la Diputación Permanente para sacar adelante los decretos que considere oportunos, como el de vivienda. Pero más allá del rifirrafe político y de las estrategias electorales de unos y otros, ¿cómo funciona el sistema de pensiones?
¿Qué es la pensión de jubilación?
Es la prestación económica que perciben los jubilados. Tiene carácter vitalicio y su cuantía se calcula en función de las bases por las que haya cotizado el trabajador en los últimos años de su vida laboral. En el montante total también influyen otros factores, como los años cotizados. La Seguridad Social es la encargada de la gestión del sistema. España se gasta al año unos 190.000 millones de euros para sufragar las pensiones, el 13% del PIB.
Es un sistema que no está generalizado a nivel mundial. En España su evolución se inició a principios del siglo XX, con el Retiro Obrero creado en 1919 bajo el Gobierno de Antonio Maura. Fue el primer seguro de jubilación obligatorio. Desde entonces se fueron haciendo avances hasta la puesta en marcha del SOVI o Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en 1947.
El sistema público actual de reparto se unificó y estructuró de manera definitiva con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 (con vigencia desde el 1 de enero de 1967).
Principios del sistema de pensiones
El sistema de pensiones español se sustenta en varios principios. El primero, que los trabajadores en activo son los que financian las jubilaciones existentes en ese momento. La cantidad recibida guarda relación con la cuantía de las aportaciones que se realizan durante la vida laboral y el sistema garantiza que aquellas personas que, por uno u otro motivo, no hayan cotizado reciban una prestación para poder cubrir sus necesidades básicas.
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En los últimos años, el Gobierno ha impulsado dos importantes reformas del sistema de pensiones. La primera, aprobada en 2021, establece que las prestaciones se revalorizarán todos los años conforme al IPC, y la segunda, de 2023, introdujo cambios significativos para garantizar, según el Ejecutivo, la sostenibilidad del modelo. Esta última fue avalada por la Comisión Europea, ya que la reforma estaba vinculada a la recepción de los fondos Next Generation y el ministro encargado de formularla fue José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social la pasada legislatura.
¿Cómo se calculan las pensiones?
El cálculo para determinar la pensión pasa por multiplicar la base reguladora, que es la suma de la base de cotización de los años previos al momento de la jubilación, por un porcentaje equivalente al periodo trabajado. A esta cantidad se le descontarán unas reducciones, si es que procede. Uno de los supuestos es que el empleado se retire antes del plazo mínimo establecido.
Hasta este 2026, la base se calculaba en función de las cotizaciones de los últimos 25 años, pero ahora, a raíz de la reforma de 2023, se ha establecido un modelo dual. Los jubilados podrán optar por contabilizar los 29 últimos años de vida laboral, descartando los dos peores, es decir, un total de 27, o, como hasta ahora, tener en cuenta los últimos 25. La Seguridad Social aplica la fórmula que resulte más beneficiosa para el trabajador.
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La cuantía de la prestación depende, por tanto, de lo aportado durante la vida laboral. En 2026, la pensión máxima se sitúa en 3.359,6 euros al mes por 14 pagas y la media, en 1.373,4 euros, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La prestación mínima para pensionistas de 65 años o más es de 12.441,8 euros anuales, 17.592,4 en el caso de que tengan a un cónyuge a su cargo.
Las pensiones no contributivas, las que reciben aquellas personas que no han cotizado nunca o que no tienen los años suficientes de cotización, ascienden este 2026 de media a 8.803,2 euros en 14 pagas, es decir, 628,8 euros al mes, según los datos del Ministerio.
La revalorización de las pensiones
La reforma de 2021 estableció que las pensiones se revalorizarán todos los años en función del IPC. Para calcular el incremento de las prestaciones, se toma como referencia la media de la inflación en los 12 meses previos a la aprobación de la subida, que se acuerda en diciembre para que pueda entrar en vigor en enero. Por eso, cuando el INE publique el último viernes de campaña el dato adelantado del IPC de noviembre, el Ejecutivo sabrá a cuánto asciende la revalorización de las pensiones. Aunque la cifra definitiva no se sepa hasta diciembre, el incremento como mucho variará unas décimas, por lo que podrá jugar con el anuncio en la recta final de la campaña. Los expertos calculan que rondará el 3,5% por el incremento de la inflación. El año pasado la revalorización fue de un 2,7% con carácter general.
¿A qué edad se jubila la gente en España?
La edad legal de jubilación es de 66 años y seis meses. Si se han cotizado 38 años o más, el umbral baja a los 65 años. Además, la ley establece un periodo mínimo de 15 años de cotización para poder optar a una pensión. De estos, al menos dos se han tenido que realizar en los 15 anteriores a la solicitud de la prestación.
¿Cómo se financia el sistema?
La financiación del sistema se apoya en tres pilares: las cotizaciones sociales, es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas, los Presupuestos Generales del Estado, que cubren las pensiones pasivas de los funcionarios que entraron en la administración antes de 2011, y las transferencias del Estado, que sufragan las no contributivas. Si a través de estas tres vías no fuese suficiente, el Estado y los Fondos de la Seguridad Social aportan más dinero.
El modelo contempla varios mecanismos, corregidos o introducidos en la reforma de 2023, que garantizan la “sostenibilidad” del sistema, según el Ejecutivo. Entre ellos figura una cuota de solidaridad para los sueldos más altos que quedan por encima de la base máxima. El porcentaje que aportan se aplica a la parte del salario que hasta ahora no cotizaba y alcanzará el 6% en 2045.
Otro de los elementos es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un impuesto que también se aplica a los sueldos más altos y que sirve para nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones. Se implantó en 2023 y se fijó en un 0,6% (0,5% para la empresa y 0,1% para el trabajador), pero el tipo irá subiendo hasta 2029, cuando está previsto que alcance un 1,2% (1% para la compañía y 0,2% para el empleado).
LAS PENSIONES SE CUELAN EN EL DEBATE ELECTORAL DE LA MANO DE LOS “SACRIFICIOS” DEL PP Y LA “REFORMA DRÁSTICA” DE VOX
Las pensiones ya han entrado en el debate electoral. Lo ha hecho de la mano de Vox y del PP, cuyos dirigentes han cuestionado la viabilidad del sistema público, a pesar de las medidas adoptadas para garantizar su sostenibilidad.
Aunque fue el responsable económico de Vox, José María Figaredo, el primero en lanzar la piedra con una reforma “drástica” del sistema público de pensiones, que tildó de “zombi”, para defender la capitalización privada, la polémica ha ido escalando con la aportación de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien afirmó que “no funciona y va a petar”.
Los representantes políticos de izquierda, al igual que observadores y analistas, han conectado estas palabras con las del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien, en su primer acto de campaña en Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, prometió “un Gobierno que os pida sacrificio”.
Por más explicaciones posteriores que han lanzado ambos desde los partidos de la derecha, los mensajes iniciales dejan bien a las claras la visión de las dos formaciones que aspiran a hacerse con la mayoría en el próximo Parlamento sobre las pensiones y las propuestas que están barajando.
Agitar el conflicto intergeneracional
La estrategia electoral para movilizar al electorado ha encontrado un nuevo filón en el supuesto conflicto intergeneracional, que enfrentaría a una juventud precaria con sus mayores, convertidos en perceptores de supuestas pensiones excesivas.
La munición servida no podía ser desaprovechada por el Gobierno ni los partidos que lo han sostenido. Metido ya en faena, el presidente Pedro Sánchez cargó contra la oposición acusándolos de no decir “ni una media verdad” y advirtiendo de que “entre las tijeras de Feijóo y la motosierra de Abascal firmarán la carta de defunción del Estado del bienestar”.
Entre tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha decidido a mediar en la reciente polémica a través de un mensaje publicado este jueves en la red social X, en el que comienza aseverando que el sistema de pensiones “no va a petar ni a quebrar”.
Aunque reconoce el reto que suponer “garantizar pensiones a 16 millones de personas hacia mediados de siglo”, ha incidido en que la clave está en el “cómo”.
De forma rápida, como requieren las redes sociales, planteó la disyuntiva real: “reforzar los ingresos mediante cotizaciones y transferencias públicas adicionales o reducir las pensiones actuales y futuras”.
De paso, anticipó lo que podría ocurrir de llegar el PP y Vox al Gobierno de la nación, como prevén por ahora las encuestas. Para “gastar lo mismo o menos para un número bastante mayor de pensionistas” no queda otra que reducir “notablemente la pensión pública”.
Un largo historial de reformas
Lo cierto es que se vienen adoptando medidas desde hace tiempo para incrementar la llamada caja de las pensiones. En concreto, desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, el sistema ha experimentado sucesivas modificaciones para adaptarse al envejecimiento de la población. Con especial intensidad en las últimas legislaturas con la vista puesta en jubilación de las generaciones del baby boom.
La proporción de 2,5 personas cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista, la más alta desde 2010, cuestiona las proyecciones catastróficas.
De hecho, entre 2021 y 2024, el Gobierno impulsó una serie de reformas pactadas con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación. Además, la reforma incorporó una cláusula de seguimiento que encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la evaluación periódica de la evolución de ingresos y gastos. El organismo examinó la situación en marzo de 2025 y nuevamente en mayo de 2026.
En ambas ocasiones concluyó que no era necesario aplicar medidas correctoras adicionales y, en la última revisión, incluso mejoró sus previsiones.
La reforma de 2011 elevó progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años y amplió de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la pensión.
Más recientemente, las reformas aprobadas entre 2021 y 2024 reforzaron los incentivos económicos para prolongar voluntariamente la vida laboral y revisaron las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas.
Ajustes que dan resultado
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha explicado que estas medidas ya están produciendo resultados. El dirigente sindical señala que la edad efectiva de jubilación ha aumentado dos años en las dos últimas décadas, hasta alcanzar una media de 65,4 años. “De esos dos años, un año se ha ampliado solo en los últimos siete”, destaca.
Bravo recuerda que el sistema superó tanto la crisis financiera como la pandemia y subraya que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se retiraron alrededor de 65.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, equivalente a cerca del 90% de su patrimonio de entonces.
Sánchez garantiza la subida de las pensiones y acusa al PP y Vox de querer recortarlas
El presidente asegura que el sistema es sostenible y denuncia que la derecha pretende «mentir» a los ciudadanos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo revalorizará las pensiones conforme al IPC antes de que finalice el año y ha asegurado que el plan del PP y Vox es «mentir» a los ciudadanos hasta el 29-N y luego, «si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación».
En declaraciones en Bruselas antes de participar en el Consejo Europeo, Sánchez ha ratificado su compromiso con la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y ha mostrado su «perplejidad» al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios.
Sánchez ha trasladado un mensaje de «absoluta tranquilidad y confianza» a los pensionistas «de hoy y de mañana» porque el sistema público de pensiones, ha dicho, es «sostenible».
Según ha apuntado, la legislatura acabará con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, cuando al finalizar el mandato del PP había 5.000.
Ha reivindicado también la apuesta de su Gobierno por la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral, que ha reducido la temporalidad de los contratos, ha abierto la puerta a la contratación y contribuye a la sostenibilidad de las pensiones, ha destacado.
A su juicio, el debate debería estar en la necesidad de contratos y sueldos «más dignos» y no en recortar las pensiones y, en ese contexto, en puertas de una negociación colectiva, ha animado a la derecha a hablar con la patronal para que se siente con los sindicatos y negocie un alza de los salarios de la clase media trabajadora.
EL SISTEMA DE PENSIONES ESTÁ EN QUIEBRA TÉCNICA. CADA NIÑO QUE NACE EN ESPAÑA TIENE UNA DEUDA DE 35.000 EUROS»
La quiebra técnica y el déficit real es del 3,5%.
Se ha encendido de nuevo el debate sobre el futuro de las pensiones pues el sistema “no es que esté en peligro, sino que está en quiebra técnica, y el déficit oficial de la Seguridad Social esconde un agujero mucho mayor.
El sistema si se compara con una empresa que acumula pérdidas año tras año solo tiene dos salidas: que los accionistas pongan dinero o que se recurra a los acreedores. En el caso de las pensiones lo que hace el Estado es transferir fondos a la Seguridad Social, y esas transferencias se financian con más deuda pública.
El déficit real de 2025 no fue del 0,4 % del PIB que figura en las cuentas oficiales, sino del 3,5 %, si se tienen en cuenta los 50.000 millones transferidos por el Estado. La consecuencia es que “cada niño que nace lo hace con una deuda de 35.000 euros. Además se es escéptico con la capacidad de las instituciones europeas para forzar reformas.
Qué dicen los datos oficiales
Las cifras de partida son reales. La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, el 0,4 % del PIB, su nivel más bajo desde 2011, según el Ministerio de Inclusión. Ese saldo, sin embargo, se calcula después de recibir unos 53.000 millones en transferencias, la mayor parte procedentes del Estado.
Ahí está la clave del debate. Sin esas aportaciones, el desequilibrio del sistema sería varias veces mayor, y por eso algunos economistas consideran que el déficit oficial ha perdido valor como indicador de la salud de las pensiones. Fedea, por ejemplo, ha advertido de que el aumento de las transferencias reduce el contenido informativo de ese dato. La cifra de 35.000 euros por habitante, por su parte, se aproxima a lo que supone repartir toda la deuda pública española entre la población, no solo la generada por las pensiones.
¿Quiebra técnica?
El término es discutido. Un sistema público de reparto como el español no puede quebrar como una empresa, porque está respaldado por el Estado, que garantiza el pago de las pensiones con sus presupuestos. La pregunta que se hacen los expertos es otra: cuánto costará mantenerlo y cómo se financiará.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que, para sostener el aumento del gasto en pensiones, las transferencias a la Seguridad Social tendrán que crecer alrededor de 2,4 puntos del PIB hasta 2050. El Gobierno, por su parte, defiende que la reforma ha reforzado los ingresos del sistema y destaca el crecimiento del Fondo de Reserva, que en 2025 recibió casi 5.000 millones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
La sostenibilidad de las pensiones vuelve así al primer plano a seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un debate en el que las medidas para garantizarla suelen considerarse impopulares por su posible coste electoral.
FEIJÓO PROMETE REVALORIZAR LAS PENSIONES ACTUALES CON EL IPC Y CREAR ‘UN SISTEMA PÚBLICO VIABLE’ PARA GARANTIZARLAS A LOS JÓVENES
Feijóo vincula el futuro de las pensiones al empleo y la productividad; Ester Muñoz advierte de que el modelo actual «va a colapsar».
El Partido Popular prepara un cambio en el sistema de pensiones. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo se comprometió este martes a revalorizar las prestaciones «actuales» conforme al IPC.
Al tiempo que, por otro, se diseñará «un modelo viable» para garantizarle «a los jóvenes» que también cobrarán las prestaciones de jubilación.
Pero será mediante otro sistema, no el actual, que es «insostenible» para el PP, tal como lo diagnosticó el presidente popular en un mitin de precampaña celebrado en Huesca.
Aun así, Feijóo defendió ambos compromisos de cara a las elecciones del 29-N: «No habrá que elegir. Doy mi palabra de que haremos las dos cosas. Y yo sí la tengo».
La idea de los populares consiste en mantener su compromiso, votado varias veces en el Congreso de revalorizar las pensiones «sí o sí» en función de la subida de los precios. «Porque ésa es la promesa que le hicimos a nuestros mayores y hay que mantenerla»; explican fuentes del PP.
Pero para los actuales cotizantes, los el PP diseñará un nuevo sistema «que sea sostenible».
El modelo actual, recuerdan estas fuentes, «tiene un déficit enorme» a pesar de las continuas subidas de las cotizaciones y de nuevas figuras, que el PP califica de «malos parches». Y sólo se mantiene con aportaciones extraordinarias, vía impuestos.
Cómo hacerlo
«Con las pensiones, ni media broma», señaló Feijóo en Huesca. Por la mañana, en una entrevista en esRadio, ya había puesto el asunto sobre la mesa, al señalar la presión que supondrá la jubilación de los boomers, las generaciones nacidas durante el auge de natalidad de los años sesenta y hasta 1974, entre las que se incluyó.
Feijóo promete revalorizar las pensiones actuales con el IPC y crear ‘un sistema público viable’ para garantizarlas a los jóvenes «Sé lo difícil que es», ha admitido. Pero `para cumplir esa promesa, Feijóo defiende un crecimiento económico «sano». Rechaza basarlo en el gasto público o en un «incremento masivo de impuestos» y propone aumentar la competitividad y la productividad.
También plantea un recorte de gasto público radical, «dejando de gastar en aquello que es superfluo y evitable».
También la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha cuestionado la sostenibilidad del sistema en una entrevista concedida al podcast Quorvm. «Yo por supuesto que me pregunto si voy a tener pensión», ha afirmado, antes de cargar contra el Gobierno: «Si sigue esta gente seguro que no la tendré».
Muñoz advierte de que el sistema «va a colapsar» y ha relacionado ese riesgo con el cambio demográfico. Según su diagnóstico, está pensado para «una pirámide poblacional» y no para una estructura «invertida».
Y por añadidura, el sistema «petará», dice, si no se atiende otra circunstancia: que la incorporación de numerosos jubilados «ahora con pensiones máximas», se pretende financiar con «los empleos precarios y los salarios bajos» de los que culpó al Gobierno de Pedro Sánchez. También ha señalado la falta de empleos industriales de valor añadido.
Según Muñoz, éste es un debate que «hay que afrontar con valentía y diciendo la verdad a la gente».
La dirigente popular rechaza convertir la discusión en «un debate demagógico de choque de generaciones». Porque la gente que tiene pensión actualmente «se la merece, y eso hay que mantenerlo». Pero al mismo tiempo, son necesarios cambios: «El modelo no va a funcionar, y por eso hay que cambiarlo».
PP, pensiones e IPC
El historial parlamentario del PP incluye apoyos a las subidas de las pensiones en función del IPC. Los populares respaldaron los decretos aprobados en febrero de 2025 y febrero de 2026, después de votar contra los paquetes anteriores que incluían otras medidas.
El 12 de febrero de 2025 apoyaron el decreto que recuperó la subida general del 2,8%. El nuevo texto también contenía medidas económicas y sociales, pero se habían eliminado otro las prórrogas de los alquileres y los desahucios.
Algo similar ocurrió el 26 de febrero de 2026, cuando los diputados populares votaron a favor de convalidar el decreto que recogía la revalorización general del 2,7% y otras disposiciones de Seguridad Social. El Congreso lo respaldó con 317 votos a favor y 33 en contra.
Los populares sí votaron en contra de la reforma del entonces ministro José Luis Escrivá que garantizó por ley la actualización según la inflación.
La norma también introdujo el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero que no generaba derechos para sus aportantes. Su diseño inicial preveía un alza en la cotización de 0,6 puntos desde 2023: 0,5 a cargo de las empresas y 0,1 de los trabajadores.
El PP cuestionó esa vía de financiación y, durante la tramitación, el diputado Tomás Cabezón la calificó de «impuestazo al trabajo», anticipando que lastraría la recuperación económica.
El partido separó después ese rechazo de su posición sobre la actualización anual de las prestaciones. «Como establece la ley, al IPC. Lo que no haríamos es el sistema que está estableciendo el Gobierno actual», afirmó su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ya en septiembre de 2022.
Feijóo también criticó la segunda fase de la reforma de Escrivá, aprobada en 2023. «Para garantizar las pensiones hace falta más empleo, más crecimiento y más certezas», defendió entonces, frente al aumento de las cotizaciones «y los parches del Ejecutivo».
E incluso introdujo una proposición de ley en el Congreso para blindar la revalorización de las pensiones con el IPC, más allá de que se aprueben o no los Presupuestos anuales «a la vista de que Sánchez ni siquiera los presenta», y para evitarse la necesidad de decretos ad hoc.
Esa segunda reforma reforzó el MEI e introdujo la cotización de solidaridad para los salarios superiores a la base máxima. Estas aportaciones financian el sistema, recuerda el PP, «pero no generan derechos por sí mismas a una pensión individual más alta».
