El sistema de pensiones se enfrenta en los próximos años al reto mayúsculo de garantizar su sostenibilidad ante la llegada masiva de la generación del babyboom a la edad de jubilación. Para ello, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aboga en un informe publicado este lunes por mermar la “generosidad” del sistema reduciendo las subidas de las pensiones futuras para que sean inferiores a las de los salarios, así como por incentivar la jubilación activa.
El centro de estudios recuerda que las tendencias demográficas auguran una pirámide poblacional invertida en España para los próximos 30 años, debido al aumento de la esperanza de vida, al descenso de la natalidad y al incremento de la tasa de dependencia. Es decir, durante las próximas tres décadas España se enfrentará a un escenario en el que la población de mayor edad será más numerosa que la más joven. Según el informe publicado por Fedea, esta situación exige ajustar la última reforma de las pensiones, que “opta por la expansión del gasto y también del ingreso” sin lograr equilibrar ambas partidas.
En concreto, Fedea sostiene que para atajar, al menos “parcialmente”, la insuficiencia financiera del sistema de pensiones es necesario reducir su “generosidad” sin que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. “Se han sucedido numerosas reformas, que, pretendiendo reducir la generosidad, en realidad no han resuelto el problema (…) en un contexto donde el balance entre jóvenes y mayores cada vez se decanta más a favor de estos últimos”, explica el informe, firmado por los economistas Sergi Jiménez y Analía Viola. “Para que el ajuste sea viable, es necesario que las pensiones ya existentes no pierdan poder adquisitivo y que las nuevas pensiones continúen aumentando en términos reales, aunque menos que los salarios”, añade.
Según los investigadores, una manera de cuadrar el rompecabezas sería limitar el traslado del incremento en términos reales de los salarios a las futuras pensiones mediante la introducción de un factor corrector -basado en el crecimiento real de los salarios- sobre la actualización conforme al IPC de las bases de cotización para el cálculo de la base reguladora de las nuevas pensiones. “Dicha corrección contribuiría a reducir progresivamente la generosidad futura de nuestro sistema de pensiones y a solventar parcialmente la insuficiencia financiera sobrevenida con la actual reforma”, señala la investigación, que defiende que la iniciativa “contaría con el apoyo de mayores y jóvenes”.
Incentivar la jubilación activa
Además, el informe también considera necesario mejorar la relación entre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones ante el aumento de la longevidad. Los investigadores sostienen que los niveles de empleo en España entre los trabajadores mayores de 55 años están lejos del promedio de los países más avanzados de la OCDE, “lo que deja una gran parte del potencial laboral sin usar”.
“Cada vez hay relativamente más trabajadores mayores, más educados y con más capacidad de trabajo latente, por lo que no tiene sentido restringir el trabajo de los mayores para facilitar la entrada de trabajadores más jóvenes, sino más bien al contrario, hay que hacer un esfuerzo para eliminar las trabas a la continuación de la vida laboral en edades avanzadas, especialmente durante la etapa en que se puede cobrar la pensión de jubilación”, añade el informe. Por tanto, el objetivo es que la transmisión entre el mercado de trabajo y el sistema de pensiones sea “suave” y “adaptada a las circunstancias personales”.
En consecuencia, Fedea apuesta por incentivar la jubilación activa extendiéndola a todas las edades, aunque con restricciones antes de la edad normal y sin restricciones después. “El sistema de jubilación activa debería contar principalmente con una pensión compatible con el trabajo en todas las edades, sin penalización después de la edad normal de jubilación y con penalización dependiente del nivel salarial antes de la edad normal de jubilación”, expone el texto. Además, se propone sustituir la jubilación parcial por una nueva jubilación activa anticipada, eliminar las trabas a la contratación de trabajadores pensionistas y retirar la obligación de pasar por la jubilación demorada para acceder a la jubilación activa.
En ese sentido, el informe reclama mejorar la jubilación demorada, que recuerda que no solo contribuye a engrosar las cuentas de la Seguridad Social, sino que también redunda en mayores tasas de empleo y mayor crecimiento económico. “Este efecto de aumento del empleo y el PIB se minimiza con demasiada facilidad en la evaluación de las reformas del sistema de pensiones que afectan a las decisiones de trabajo y ocio de los trabajadores en edad avanzada”, señalan los investigadores.
Del lado contrario, la investigación señala que “restringir la jubilación anticipada no tiene impacto presupuestario sobre el gasto y sí lo tiene sobre la satisfacción de los trabajadores, ya que todos aquellos que desearían jubilarse antes, incluso renunciando a parte de su pensión, no pueden hacerlo”. Por tanto, según Fedea, la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por incentivar la jubilación activa y demorada, más que por penalizar la anticipada.
Si el nuevo sistema de jubilación activa se comportase de forma análoga a como lo hace en los países donde está más desarrollado (por ejemplo, en Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania y Holanda; esperaríamos que la participación y el empleo en edades avanzadas (más de 60 años) aumentase significativamente, llegando a doblarse a partir de los 65 años de edad. Asumiendo un impacto neutro en la participación y el empleo de los más jóvenes (son trabajadores distintos) esperaríamos un aumento significativo del PIB y de la riqueza de la economía española, lo que redundaría positivamente en el conjunto de los trabajadores.
Conclusiones
El futuro del sistema de pensiones español es altamente incierto ya que actualmente, y si no media remedio, en las próximas décadas se encuentra en un evidente y creciente desequilibrio, que las recientes reformas no parecen solucionar. Con la regulación actual, la deuda de la Seguridad Social con los jubilados corrientes y los futuros es muy superior a la corriente de ingresos prevista. Compensar dicho desequilibrio con el recurso a otros impuestos ejerce un efecto sobre otras partidas del presupuesto (educación, inversión, salud), más importantes para garantizar el crecimiento a medio y largo plazo. De hecho, en la última década más de 4/5 de los ingresos ¿públicos? adicionales han sido destinados a los pensionistas, el grupo de presión por excelencia de la sociedad española. Las recientes reformas, de carácter expansivo, han optado por aumentar los recursos destinados a los mayores, a costa de aumentar la imposición a las generaciones más jóvenes y de recortar las partidas de inversión en los jóvenes (educación e inversión productiva), lo que es difícilmente sostenible a medio y largo plazo. En este contexto, es posible formular adaptaciones de las recientes reformas que, sin perjudicar a mayores ni a jóvenes, aprovechen el crecimiento real de los salarios (si éste alguna vez vuelve a observarse) para reducir progresivamente la generosidad relativa (real) del sistema sin disminuir la generosidad nominal.
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