3.- ESTADÍSTICAS, MENTIRAS Y GASTO PÚBLICO: LA INFLACIÓN ABRASA A TODA EUROPA PERO ESPAÑA SUFRE UN CLARO CONTAGIO A BIENES Y SERVICIOS

La menor productividad y competitividad de la economía española aumentará el impacto de la inflación

Las millonarias medidas adoptadas por los gobiernos europeos no consiguen de momento relajar la espiral de precios, que alcanza el 8,6% en la zona euro

 

Tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra Bailey han comenzado ya a subir los tipos de interés tras una década de congelación, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) lo hará este mismo mes y de nuevo en septiembre. Aun así, la batalla no ha hecho más que comenzar y el resultado no sólo es incierto. Los expertos advierten de que el enfriamiento de la economía derivado del encarecimiento del dinero no va a estar exento de “dolor”. Guste o no, la inflación sólo podrá eliminarse cuando la tasa de crecimiento a largo plazo de la oferta monetaria sea aproximadamente la misma que la tasa de crecimiento a largo plazo del PIB. Y esto no depende ni del petróleo ni del gas ni de la guerra de Putin.

En España, la recuperación económica de la pandemia, con un aumento de la demanda, por un lado, y los elevados déficit y deuda públicos, por otro, conspiran con unas tasas de paro insostenibles a pesar de la publicidad y el maquillaje de los datos del Gobierno.

 

La inflación en la zona euro alcanzó en junio el 8,6% y de los 20 países europeos que han revelado la cifra del último mes, nueve tienen un IPC superior al 10%. Uno de ellos es España, con un 10,2%. La superan los países bálticos, totalmente supeditados a la energía rusa y con IPC de pesadilla: Estonia alcanza el 22%, Lituania está en el 20,5% y Letonia en el 19%. Con dos dígitos aparecen también dos países del Este, Eslovaquia (12,5%) y Eslovenia (10,8%). Grecia(12%), Bélgica (10,5%) y Luxemburgo (10,3%). Tampoco van muy a la zaga Países Bajos (9,99%), Irlanda (9,6%) y Portugal (9). Alemania es casi el único país europeo que ha conseguido rebajar en algo su inflación en junio, hasta el 8,2% desde el 8,7% de mayo. En cualquier caso, son cifras estratosféricas.

 

Italia ha llegado en junio al 8,5% armonizado, tras una subida de 1,2 puntos porcentuales en un mes. Sólo Francia parece escapar, hasta cierto punto, de la escalada. Aun así, en junio ha alcanzado el 5,8%, la cifra más alta desde 1985 pese a que hasta ahora el mayor recurso a sus centrales nucleares parecía haber librado a Francia de la carestía que atenaza al resto de los europeos. Finalmente, el Reino Unido, que aún no ha publicado el dato de junio, dejó la inflación en el 9,1% en mayo. Y el Banco de Inglaterra avisa de que, en octubre, cuando en teoría está previsto que se levante el tope de precios a las facturas domésticas de la luz, el IPC puede llegar al 11%. Únicamente Suiza vive a salvo de la ola de precios, con un IPC que en mayo sólo era del 2,7%. El motivo es que su moneda, el franco suizo, es considerado una divisa refugio en momentos de crisis y su fortaleza permite a la confederación importar barato.

 

España y el resto de Europa decían que la principal causa de su elevada inflación era la energía, pero a las puertas del verano, y pese a las medidas de los gobiernos, la subida de los precios de la luz, el gas y los combustibles ha contagiado ya a toda la economía. Lo desvelan las cifras de la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos. Y ahí España lidera en Europa. En junio se ha encaramado en el 5,5%, lo que la convierte, de momento, en la más alta de la UE a excepción de Grecia, un 6%, y Malta, que alcanza el 5,9%, la misma que ya en mayo sufre el Reino Unido. Sólo se le acerca Bélgica, con un 5,07%. En Italia, Francia y Alemania están entre el 3,2% y el 3,8%. Sólo Países Bajos toca el 4%.

 

La desglobalización de la economía que ya se está produciendo va a aumentar el precio de los bienes y servicios, que serán más cercanos, pero también más caros. No podemos depender de un solo suministrador, necesitaremos varios, y eso encarece el producto final; si aumenta el riesgo de que se rompa la cadena de suministro, como ya ha ocurrido, ese mayor riesgo también encarece el producto.

 

España cuenta además con una desventaja pues a causa de su menor productividad y competitividad, el impacto de los precios desbocados es mayor y según la última Encuesta de Condiciones de Vida el INE, el 7,3% de los ciudadanos sufre carencias materiales severas, tres décimas más que hace un año.

El riesgo ahora es que esa contestación social se traduzca en un aumento de los salarios y las pensiones que retroalimente la subida de los precios. Los temidos efectos de segunda ronda. Sin embargo, ni en España ni en el resto de la UE han mejorado aún los salarios. Y sólo en el Reino Unido han empezado a bullir las protestas, con huelgas en los ferrocarriles y el metro y convocatorias en la educación y la sanidad públicas, así como en Correos.

 

Como ventaja española cabe mencionar que el pico de actividad que este verano proporcionará el turismo, un tirón que puede ayudar a evitar la recesión si la subida de tipos de interés enfría demasiado la economía. Estar más lejos de Rusia, depender menos de sus exportaciones energéticas gracias al suministro alternativo de gas por barco y por el tubo argelino, también cuenta a favor de España.

Cuestión distinta es la eficacia de las medidas que han adoptado los gobiernos para hacer frente a la espiral de precios. El abanico de ayudas y descuentos es muy parecido entre los países. Rebajas de impuestos, ayudas a las familias y empresas más vulnerables a la subida de precios, reformas de los mercados energéticos y medidas de ahorro.

Tanto España como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal han aprobado subvenciones a los carburantes: desde 15 céntimos el litro en Francia hasta 30 céntimos la gasolina en Alemania e Italia. El descuento en el Reino Unido es de cinco peniques el litro reduciendo impuestos sobre los combustibles.

 

Reino Unido e Italia ya han puesto en marcha un impuesto del 25% a las compañías eléctricas, mientras que Bélgica y España lo están preparando. Al mismo tiempo, los gobiernos están rebajando impuestos a los consumidores de energía. Reduciendo el IVA de la electricidad –Reino Unido, España, Bélgica– y del gas –Italia– o eliminando ciertos recargos, como el gravamen especial con que alemanes y austriacos financiaban hasta ahora la transición hacia las renovables. En Francia han limitado al 4% la subida del precio de la electricidad que pagan los consumidores.

 

Como se sabe, en España y Portugal lo que se ha topado ha sido el precio del gas para producir electricidad, un mecanismo complejo que hasta el momento ha rebajado la factura de la luz un 14%, por debajo de las previsiones del Gobierno.

 

También han sido generalizadas las compensaciones a empresas y familias. En Alemania el Gobierno paga cheques a los hogares con rentas más bajas de 300 euros, de 100 euros para los desempleados (200 euros para los de larga duración), 135 euros para los estudiantes. En Francia se pagaba ya antes de la guerra un chèque energie de 100 euros y a partir de septiembre habrá otro chèque alimentaire para familias de bajos ingresos. Además, las pensiones subirán un 4% a partir de este mes de julio, un poco menos de lo que hasta ahora ha aumentado la inflación. En Italia el cheque para quienes ingresen menos de 35.000 euros al año, tanto trabajadores como pensionistas, asciende a los 200 euros. A las empresas con mayor consumo de electricidad el Gobierno italiano les otorga créditos fiscales del 20% si su factura crece por encima del 30%.

 

Alemania también ha elevado hasta los 10.347 euros anuales el mínimo por encima del cual el contribuyente está obligado a pagar el IRPF. Y ha dejado en nueve euros el precio del abono mensual de transporte, en un intento por incentivar el uso de autobuses, trenes y metro para ahorrar combustible. Algo similar pondrá en marcha a partir de septiembre el Gobierno español, reduciendo en un 50% el abono mensual de Renfe y de las líneas de autobuses con concesiones del Estado, así como un 30% los abonos emitidos por las comunidades autónomas y ayuntamientos.

 

Estas medidas cuestan unos 22.000 millones a los alemanes,

27.000 millones a los franceses, 26.500 millones a los italianos

y 15.000 millones a los españoles.

 

Fuente: infolibre

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