Trabajo avisa a la CEOE: la reducción de jornada laboral entrará en vigor en 2025 (sí o sí)
En medio de la polémica tras la salida de la patronal de la mesa de diálogo social,Yolanda Díaz ha vuelto a lanzar un mensaje a la CEOE para avisar de qué va a ser lo próximo en nuestro país. La ministra de Trabajo lleva varios meses asegurando que el acuerdo entre las tres partes (Gobierno, patronal y sindicatos) estaba cerca, pero siempre se ha topado con una serie de impedimentos y negativas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que impedía que dicho acuerdo llegara a buen puerto.
Ahora, tras varios meses de negociación, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo español ha querido recalcar que el objetivo de aprobar la reducción de la jornada, así como otros temas relacionados, se cumplirán de cara al próximo año.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aprovechó su intervención en la inauguración del 44º Congreso Confederal de UGT para garantizar la famosa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a pesar de no contar con el apoyo de la patronal. Su intención inicial era llegar a un acuerdo «tripartito» donde todas las partes estuvieran de acuerdo con las propuestas planteadas, pero en vistas a que esa unión no era factible, la patronal ha abandonado la negociación y ahora será el Gobierno junto a los sindicatos los que tendrán que fijas las medidas en un anteproyecto de ley que deberá ser aprobado en las Cortes Generales.
Desde el ministerio, la intención sigue siendo que la norma entre en vigor en el primer trimestre de 2025 y que lo haga con una reducción que se sitúe en las 37,5 horas, no en las 38,5 horas planteadas desde un inicio. El objetivo era realizar una reducción de forma escalada, que no afectará de forma tan agresiva a las empresas. Sin embargo, con la falta de acuerdos, Trabajo ha decidido saltarse ese paso y establecer las 37,5 horas de manera directa.
Durante su intervención, Yolanda Díaz dejo claro que desde el Gobierno consideran que la aprobación de los Presupuestos Generales se encuentra más cerca que nunca, por lo que existen otro tipo de medidas y propuestas que si ministerio llevará a cabo.
Además de la reducción de jornada, Díaz cuenta con aprobar una reforma de despido, donde se encarezcan las sanciones por despidos improcedentes y se establezca el despido reparativo. Pero no queda ahí. La ministra del ramo espera que para 2025 una subida del Salario Mínimo Interprofesional y el relanzamiento del Estatuto del Becario. Así lo dejo saber en su cuenta de X: «El 2024 terminará con el acuerdo con los sindicatos para la reducción de la jornada laboral y el 2025 comenzará subiendo el SMI otra vez. España es un país con una mediana salarial baja. Trabajaremos para europeizar los salarios», afirmaba la ministra.
Aprovechando la presencia de Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, en el Congreso Confederal de UGT, Díaz atacó a la oposición. «¿Vais a hacer lo mismo que habéis hecho con la reforma laboral?. La reducción de la jornada laboral es buena para las personas trabajadoras, pero es buena también para las empresas, que van a ver, como pidió el presidente del Partido Popular, mejorar su productividad», aseguraba la ministra del ramo. Además, a través de su cuenta de X, la ministra quiso dejar constancia de lo sucedido en dicho Congreso.
Hacienda desmonta las razones de Yolanda Díaz para un nuevo incremento del SMI
El Ministerio de Trabajo ha abierto el melón del salario mínimo interprofesional (SMI) con la convocatoria este martes del Comité de Expertos encargado de proponer una subida que mantenga el 60 % de sueldo medio neto a pesar de que lleva siendo muy superior desde 2019.
Yolanda Díaz creó este organismo a comienzos de 2021. La ministra organizó un grupo de 14 personas del ámbito académico, la patronal, los sindicatos y el propio Gobierno con el objetivo de que el salario mínimo llegara al 60 % del sueldo medio neto, como recomienda la Carta Social Europea. Ese año, por cierto, el Gobierno acabó aprobando en septiembre una subida del 1,6 %.
El mantra del 60 % le ha servido a Díaz para justificar un incremento acumulado del salario mínimo del 54 % desde 2018, pero también ha comentado que con esa cantidad «no se puede vivir», por lo que habrá subidas «haya acuerdo o no». La vicepresidenta, de hecho, quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar ese porcentaje independientemente del color del Gobierno.
Trabajo suele hacer referencia en sus informes al dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El concepto de salario utilizado aquí es el llamado salario mensual asociado al empleo principal, siendo el que desarrolla la persona en la semana de referencia de la entrevista. En caso de tener varios trabajos, el principal es el que proporciona los ingresos más significativos y se calcula dividiendo por 12 el total percibido en el año.
Así, este censo sitúa el salario medio en 2023 en los 27.265,12 euros anuales brutos, por lo que el SMI debería crecer aproximadamente un 3 % para acercarse al 60 % —16.365,7 euros—. Claro que Díaz habla en términos netos, por lo que el sueldo medio ascendería alrededor de los 21.362,57 euros, colocándose el 60 % en los 12.817,5 euros, unos 3.000 euros por debajo del actual salario mínimo (15.876 euros).
El dato más fiable se encuentra en el informe Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias del Ministerio de Hacienda. Como explica la Agencia Tributaria, en esta estadística se mide el salario y la pensión media «como el cociente de las masas declaradas de rendimientos del trabajo divididas por el número de personas perceptoras, sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo o el número de meses en los que se ha recibido la pensión».
Esto produce un sesgo a la baja del salario y pensión medios en comparación con otras estadísticas en las cuales el denominador es el número medio anual de personas asalariadas o de pensionistas. Según esta estadística, la retribución anual media de los asalariados —también distingue por pensiones y subsidios de desempleo— fue de 26.486 euros brutos anuales, unos 20.851,9 netos. El 60 % de este neto serían 12.511 euros, 2.600 más que el actual SMI.
De hecho, el salario mínimo supera con creces el 60 % del salario medio neto en ambas estadísticas: un 78,7 % según los datos del INE, y un 72,5 % de acuerdo con los del Ministerio de Hacienda. El problema es que ambas estadísticas se publican a finales del año siguiente del objeto de estudio, con el correspondiente decalaje que se produce —la actualización salarial iría un año por detrás—.
El único dato más o menos actualizado es el que ofrece la Encuesta trimestral de coste laboral, que establece el coste salarial total —no confundir con el coste laboral, que tiene en cuenta las percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social— en el segundo trimestre en los 2.353,59 euros mensuales en 12 pagas, 28.243,08 euros al año. En este caso, el SMI debería subir un 6,7 % hasta los 16.945,85 euros al año, unos 1.210 euros mensuales en 14 pagas, si no se cuenta el dato en neto.
Esta cantidad va en la línea de lo comentado por el líder de UGT, que hace unas semanas pidió una subida para 2025 en torno a un 5 % o un 6 %, pero la oferta del Ministerio de Trabajo podría ser incluso mayor, a tenor de declaraciones pasadas de Yolanda Díaz que advertía que ni con la mediana salarial —1.545 euros mensuales— «se puede vivir con dignidad».
Además, la reciente ruptura de las negociaciones para la reducción de la jornada laboral ha dejado cierto poso de revanchismo en el Ministerio. El propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advirtió a la patronal que el texto final no incluiría las ayudas a pymes si no se sumaba al acuerdo, por lo que no se prevé que tenga contemplaciones ahora.
Yolanda Díaz se lanza ya a una nueva batalla con la CEOE: abrirá «en breve» la negociación para encarecer los despidos
El Consejo de Europa pide a España revisar la indemnización por despido improcedente para que sea disuasoria
Acaba de dar portazo a la negociación con la CEOE para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que pretende amarrar con un acuerdo bilateral sólo con los sindicatos para llevarla cuanto antes al Congreso de los Diputados; ni siquiera ha abierto todavía la mesa para abordar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) -que previsiblemente también saldrá adelante únicamente con apoyo sindical-; y ya está preparando la nueva batalla con la patronal. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará «en breve» al diálogo social su reforma para endurecer los despidos en España.
Hace ya más de dos años que la responsable de las políticas laborales del Gobierno se refirió por primera vez al «despido disuasorio». Así bautizó al embrión de la que pretende que sea una de las grandes reformas de su cartera. Tras quedar fuera de la reforma laboral pactada con la patronal y los sindicatos la recuperación de los 45 días de indemnización por despido improcedente, Díaz empezó a hablar de ese despido «restaurativo» y «disuasorio», que contemplaría una especie de indemnización ‘a la carta’ en función de la situación específica del trabajador.
Bajo el argumento de que no es lo mismo ser despedido de una empresa con una edad cercana a la jubilación o en determinadas situaciones de formación o antigüedad en la compañía, Díaz empezó a diseñar a nivel interno y de manera informal un nuevo y revolucionario esquema de indemnización por despido que perseguía reforzar también la causalidad para garantizar una justificación adecuada en las decisiones empresariales. Pero la vorágine del diálogo social y la debilidad parlamentaria del Gobierno fueron aplazando esta iniciativa de la vicepresidenta…
Hasta ahora. Fuentes del departamento que pilota Yolanda Díaz avanzan que el Ministerio tiene intención de llevar «en breve» el «despido restaurativo» al diálogo social. Así lo aseguran a EL MUNDO después de que este mismo miércoles se haya hecho pública una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa en la que insta al Gobierno español a revisar la indemnización por despido improcedente para que realmente sea disuasoria para el empresario y para que repare efectivamente el daño causado al trabajador, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de los afectados.
Tras la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) publicada el pasado 29 de julio en respuesta a la reclamación colectiva de UGT contra España por la insuficiencia de la indemnización por el despido injustificado, el Consejo de Europa ha emitido esta recomendación al Gobierno de Pedro Sánchez que fuentes del sindicato demandante interpretan como vinculante. «El Consejo de Ministros es el órgano del consejo de Europa que pide, en lenguaje diplomático, que se cumpla con las decisiones del CEDS porque son de obligado cumplimiento», afirman desde la UGT.
Hay que recordar que en España, el límite máximo de la indemnización en caso de despido improcedente no puede exceder de 33 días de salario por año de servicio, con un límite máximo de 24 mensualidades. En caso de despido por causas objetivas y despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, el tope máximo no puede superar los 20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades.
Ahora Europa eleva la presión sobre el Ejecutivo español y da alas a la vicepresidenta segunda para abrir este melón en la mesa de diálogo social. Algo que habrá «en breve», insisten fuentes de su departamento que descartan, en todo caso, que el asunto se aborde en la recta final de 2024 y emplazan la apertura de las negociaciones ya de cara al próximo año. La propia Díaz así lo advirtió en presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este mismo lunes durante su intervención en el Congreso Confederal de la UGT, en el que aprovechó para recordar los frentes laborales abiertos: reducción de la jornada laboral sin recorte salarial, subida del salario mínimo interprofesional y endurecimiento del despido.
