La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha reiterado que hay que “abrir el debate” en España sobre este gran diferencial de remuneraciones, que se puede abordar “con diferentes modulaciones”
Yolanda Díaz insiste: “Hay que abrir el debate” sobre los salarios de los grandes directivos, que ha calificado de “profunda injusticia”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha destacado un dato más: “Los presidentes ejecutivos del Ibex 35 en nuestro país tienen retribuciones aproximadas de 10 millones, que suponen 174 veces más que la retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo reitera así su voluntad de “hablar” de los salarios de los grandes ejecutivos de las empresas en España, idea que expresó el día de la firma del aumento del salario mínimo a los 1.134 euros con los sindicatos y que ha venido seguida de duras críticas de la patronal CEOE. El líder de los empresarios, Antonio Garamendi, calificó sus palabras de “intervencionismo de república bananera”.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha coincidido con Díaz en lo injustificado de estas altísimas remuneraciones. “Los salarios de los altos directivos del país, no los salarios y los beneficios que puedan tener como consecuencia de los beneficios empresariales, que eso sería otro capítulo, sino estrictamente los salarios, en relación con el salario mínimo interno de la empresa, son realmente pornográficos”, ha criticado Álvarez. Yolanda Díaz ha precisado que no ha presentado ninguna medida concreta respecto a las retribuciones abusivas” de los directivos, pero sí ha emplazado a “abrir el debate” sobre este tema, que ha afirmado que se puede abordar desde diferentes modulaciones.
Formas de actuar para recortar esta brecha salarial
La responsable de Trabajo ha subrayado la enorme distancia entre lo que ganan los presidentes de las empresas en bolsa, pero además ha apuntado a “los consejeros ejecutivos”, por debajo de los presidentes, que cobran “54 veces más” que sus plantillas.
“Creemos que hay que abrir el debate de una distribución salarial que tiene que ser absolutamente diferente. Lo tenemos que hacer, porque no es justo”, ha sostenido Díaz. Entre las distintas posibilidades para actuar en este sentido, y recortar esta gran brecha salarial, la vicepresidenta segunda ha mencionado la posibilidad de alcanzar “acuerdos” en el seno de las empresas. También ha citado que en otros países se han realizado incluso referéndums sobre el tema, como es el caso de Suiza.
Yolanda Díaz ha mencionado que “obviamente” está la posibilidad de actuar desde la fiscalidad, es decir, vía impuestos. En este sentido, ha destacado al grupo de 250 superricos que ha pedido contribuir más con motivo del Foro Económico Mundial en Davos.
Por último, Díaz ha afirmado que, si se llevara a la práctica la participación de los trabajadores en el seno de los consejos de administración de las empresas, “como dice nuestro texto constitucional, creo que estos salarios que son excesivos no se producirían”. Esta participación fue incluida en el pacto de PSOE y Sumar para formar el nuevo Gobierno de coalición y es una de las medidas que quiere impulsar la responsable de Trabajo.
El Gobierno no podrá limitar los salarios altos en las empresas del sector privado
Fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno remarcan que lo prioritario para la cartera es abrir este debate, más que poner en marcha medidas específicas, si bien admiten que el Ministerio de Trabajo ya ha estudiado vías a través de las que podría actuar sobre las rentas más altas. Díaz no lo mencionó específicamente, pero no es la primera vez que actores políticos situados a la izquierda del PSOE abren la puerta a limitar los salarios; de hecho el entonces diputado de Más País -ahora integrado en Sumar-, Íñigo Errejón, abogó por “fijar topes por arriba” el día que se aprobaba el alza del SMI hasta los 1.080 euros brutos actuales. No obstante, los expertos estiman que el Ejecutivo no tiene margen para aprobar una fórmula de estas características.
“El Gobierno no puede topar salarios en las empresas privadas, porque el artículo 38 de la Constitución recoge la libertad de empresa” explican los expertos que apuntan que sí se podría establecer un tope en las compañías públicas y que no sería el primer país de nuestro entorno que se plantea una medida así. “Suiza ha tenido votaciones populares sobre límites salariales máximos en el sector público y algunas ciudades de Estados Unidos han establecido salarios para los ejecutivos de empresas que hacen negocios con el gobierno” mencionan a modo de ejemplo.
En España no existen precedentes sobre la limitación de un salario máximo en una sociedad privada, lo que sí se ha hablado en otras ocasiones es de establecer una proporción entre el salario mínimo de una empresa y el salario máximo, pero en España el sistema funciona con derechos de carácter mínimo. El SMI o los mínimos reflejados en los convenios actúan como criterios mínimos pero nunca máximos y los expertos advierten que un pacto de estas características no tendría cabida legal, por vulnerar el derecho de libre competencia y libertad de empresa.
En cambio, el Gobierno sí podría actuar por la vía impositiva. El Gobierno quiere interferir e intervenir en el mercado de trabajo, a veces sin contar con los agentes sociales y que lo único que produce son errores en el sistema porque el mercado de trabajo debería autorregularse, entre oferta y demanda.
El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha respaldado este jueves las palabras de Díaz calificando de “evidente” la necesidad de abrir un debate sobre los salarios de los directivos en los consejos de administración, con el fin de reducir la brecha salarial en España y que el país gane cuotas de poder adquisitivo. Los secretarios generales de CCOO y UGT también se mostraron a favor de iniciar esta conversación pública, pero el presidente de la patronal CEOE ha cargado contra la responsable de Trabajo por hacer “populismo” con discursos que responden al contexto electoral y que generan “falta de confianza” y “preocupación” entre la clase empresarial. Actores con los que la relación es tensa por los continuos choques en el diálogo social.
CEOE acusa a Díaz de “populismo”
Antonio Garamendi defiende que el mero hecho de que la ministra de Trabajo haga estas declaraciones es de por sí problemático, ya que pone en riesgo la llegada de inversiones extranjeras al país. Un representante del Gobierno debería ser prudente y medir las implicaciones de abrir un debate de estas características. Y va contra el sentido común pensar que pueden regular las retribuciones de las empresas y el Gobierno si podría optar por exigir mayor transparencia a las grandes compañías en materia salarial o incrementar los impuestos marginales a la renta, aunque el Estado ya se queda con el 50% de estos ingresos entre cotizaciones e IRPF, cuando se sitúan en los tramos superiores de la escala de tributación. Asimismo, puntualiza que por esta vía el Ejecutivo corre el riesgo de demonizar a las empresas al entrar en materias propias del consejo y los accionistas y emplaza otras consideraciones en el plano de la ética.
